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CONCERTACIÓN UNIVERSITARIA CONTRA LA VIOLENCIA

Universidad de Puerto Rico ­ Recinto de Río Piedras

EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA EN PUERTO RICO

BIBLIOGRAFÍA ANOTADA

DICIEMBRE 2005

Jorge Benítez Nazario, Ph.D.

Coordinador

Alberto A. Colón Viera, B.A.

Investigador

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS ......................................................................... 3 PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN ............................................... 4 VIOLENCIA ......................................................................................... 6 VIOLENCIA AUTO INFLIGIDA: COMPORTAMIENTO SUICIDA ... 11 VIOLENCIA INTERPERSONAL ....................................................... 12 VIOLENCIA INTERPERSONAL: FAMILIA/PAREJA ...................... 18 VIOLENCIA INTERPERSONAL: FAMILIA/PAREJA ­ NIÑO ......... 19 VIOLENCIA INTERPERSONAL: FAMILIA/PAREJA ­ PAREJA ... 20 VIOLENCIA INTERPERSONAL: COMUNIDAD .............................. 22 VIOLENCIA COLECTIVA SOCIAL .................................................. 23 APÉNDICE I ...................................................................................... 32 APÉNDICE II ..................................................................................... 34 APÉNDICE III .................................................................................. 130

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AGRADECIMIENTOS

La culminación de esta etapa del proyecto no hubiese sido posible sin la ayuda y cooperación de diversas personas con las cuales estamos profundamente agradecidos. Gracias a Wanda M. Colón Cartagena, M.P.H., por ayudarnos a "arrancar" en la etapa inicial con la recopilación bibliográfica. También agradecemos a la estudiante del programa doctoral en Trabajo Social, Marisel Canales, M.S.W., por llevar sobre sus hombros parte de la carga del trabajo final justo antes de presentar el proyecto. Por último, aunque no menos importante, agradecemos a COPREVI por facilitarnos las planillas sobre los documentos legislativos en torno a la violencia. Sin la colaboración de todos ustedes no hubiésemos podido completar el trabajo que presentamos hoy. ¡Gracias a todos!

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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

Esta edición digital de la Bibliografía Anotada en torno al tema de la violencia en Puerto Rico constituye un primer esfuerzo para la puesta en práctica de investigaciones que estén a la altura de las exigencias de los tiempos que nos ha tocado vivir en la Isla por parte de la Concertación Universitaria contra la Violencia. Si algo evidencia esta recopilación comentada sobre lo impreso en Puerto Rico en torno a la violencia durante la última década, ya sea en artículos publicados, en recopilación de ponencias en simposios, en valiosas tesis de maestría que envejecen rápidamente sin la divulgación que merecen, en libros o en filmes, es que el tema se ha abordado desde una multiplicidad de perspectivas, preocupaciones y estrategias metodológicas. Es precisamente esta variedad evidenciada aquí en el trato del tema, lo que hace rica la contribución de todos y todas los (las) autores(as) auscultados, quienes, desde las distintas áreas del saber, han hecho contribuciones que deberían traducirse en insumos positivos para hacer más pertinente y eficaz (y posiblemente menos policial) la política pública implantada para atender la variada gama de manifestaciones de la violencia en la Isla. En este sentido, este esfuerzo digital de divulgación bibliográfico va dirigido a hacer valer opiniones generadas por análisis serios que han sido ignoradas por los gobiernos de turno, para el menoscabo de nuestra calidad de vida y el deterioro de la cultura de paz que tanto ansiamos. Tampoco podemos pasar por alto que, de la misma manera en que esta bibliografía evidencia un camino andado, también sirve de mapa (y lo evidencia así) para el camino que falta por andar en las investigaciones sobre el tema de violencia en Puerto Rico.

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No podemos terminar este prólogo sin hacer dos salvedades importantes. En primer lugar, debemos indicar que organizamos los trabajos examinados de acuerdo a las categorías utilizadas por la Organización Mundial de la Salud. No obstante nuestro equipo de trabajo concurre en señalar que dichas categorías, que se asumieron en la práctica con el propósito de brindar comparabilidad al estudio del tema desde una óptica salubrista, demostraron estar lejos de ser mutuamente excluyentes y que dicha elasticidad complicó el proceso de organización, en vez de agilizarlo. Por otro lado, tenemos que señalar también que las categorías analíticas propulsadas por la ONS restringen el espacio para el reconocimiento de todo lo concerniente al trato de la violencia institucional. En segundo lugar, debemos subrayar que este ejercicio bibliográfico es y debe ser parte de un proceso de evolución continua. Esto es, la Bibliografía que se presenta al lector hoy deberá ampliarse constantemente, a la luz del desarrollo de nuevas investigaciones sobre el tema y del hallazgo y reconocimiento de trabajos de gran valía que siguen ocultos en algún andén bibliotecario... esperemos que por poco tiempo más. La Concertación Universitaria contra la Violencia asume como suya esta responsabilidad de reconocimiento y rescate, la cual, a su vez, debe facilitarse por la continuidad de nuestro trabajo y la naturaleza digital de la publicación de la Bibliografía.

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VIOLENCIA

Burgos Montané, Margarita G. (1993). Evaluación de la satisfacción con el servicio ofrecido a los ancianos atendidos por el Programa de Asistencia a Víctimas del Crimen (PROVIEN) de la Oficina del Gobernador para Asuntos de la Vejez durante los años 1991-1992. [Tesis] San Juan, P.R.: U.P.R., R.C.M, Escuela Graduada de Salud Pública, 1993. El estudio evalúa tanto el nivel de satisfacción general como multidimensional de la clientela atendida por PROVIEN. Se realizaron entrevistas a una muestra de la representativa de la clientela del programa. El 81.4% de los participantes informó estar altamente satisfecho con el servicio recibido a través de PROVIEN según la escala multidimensional de satisfacción. Se observó que el área con el nivel de satisfacción más alto fue la dimensión de trato personal (87.3%). Por otra parte, se encontró el nivel de satisfacción más bajo en la dimensión de resultados. El éxito de las intervenciones de PROVIEN, en términos de solución del problema, muchas veces está determinado por la intervención que realice otra agencia de servicio a la que es referido el participante. El bajo nivel de satisfacción de los participantes con los servicios recibidos en las agencias a las que fueron referidos explica el hallazgo observado para la dimensión de resultados. Se observó que el nivel de satisfacción de los participantes parece estar asociado al estado de salud física, es decir, aquellos participantes con mayor número de limitaciones en el desempeño de las actividades del diario vivir debido a su salud física se encontraron menos satisfechos. Otro de los hallazgos sobresalientes fue el que a mayor número de veces atendido por el Programa y menor tiempo de espera para recibir el servicio, mayor fue el nivel de satisfacción expresado por los participantes. El modelo de regresión lineal mostró un mayor nivel de satisfacción entre las mujeres, los participantes del grupo de mayor edad y las personas de ingresos más altos. Cruz López, Marisol. (1994). Determinantes de la Reincidencia del Maltrato a Niños, en el Programa Biosicosocial del Hospital Pediátrico Universitario del Centro Médico de Río Piedras desde agosto de 1986 a agosto de 1991. [Tesis] San Juan, P.R.: U.P.R., R.C.M., Escuela Graduada de Salud Pública, Programa de Investigación Evaluativa, 1994. Esta investigación pretendió identificar los factores sociodemográficos del niño y el padre asociados a la reincidencia del maltrato, así como las características del proveedor del servicio, del tratamiento y del abuso. Para obtener la información deseada se preparó una planilla. Esta planilla consta de las siguientes áreas: información del niño, los padres, del proveedor del servicio de tratamiento e información sobre el abuso. En éste estudio se utilizó el universo de la población de niños que ha sido objeto de re-abuso del Programa Biopsicosocial del Hospital Pediátrico Universitario, durante el período de agosto de 1986 a agosto de 1991. Se escogió toda la muestra, (44), durante éstos 6 años debido a que los casos de reincidencia por año eran muy pequeños para

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poder llegar a resultados significativos. De igual forma se escogió un total de 58 expedientes de niños que no habían sido re-abusados. Las variables relacionadas a los padres utilizadas para llevar a cabo la regresión fueron las siguientes: edad de estos, estatus marital, historial de abuso en los padres, números de hijos y zona residencial. En el análisis de regresión logística se analizaron también las variables relacionadas al tratamiento tales como: terapia individual, grupal, familiar y de juego, así como también número de sesiones atendidas, número de ausencias al tratamiento y remoción del niño del hogar. La variable analizada referente al proveedor del servicio fue su preparación académica. Las últimas variables analizadas en el modelo de regresión logística fueron las referentes al abuso tales como: abuso físico, emocional, sexual y negligencia. Los resultados de los análisis de regresión revelaron que los infantes que se encuentran entre las edades de 4 a 16 años tienen una probabilidad mayor de ser reabusados que los niños que están por debajo de estas edades. Los niños que padecían de alguna condición tenían una mayor probabilidad de ser re-abusados por sus familiares. De igual forma, los resultados reflejaron que los niños que no recibían terapia grupal estaban más propensos a ser re-abusados que los niños que la recibían. Sin embargo, hay que mencionar que el análisis inferencial revela que solo 9 de los niños re-abusados, el 20.5%, reciben la terapia grupal. Así también, los resultados revelaron que los niños que han sido removidos de sus hogares tienen mayor probabilidad de ser re-abusados que los niños que no lo han sido. Ferrer, M. L. (1993). Conducta agresiva en niños de escuela elemental: Implicaciones para la consejería grupal. [Tesina Maestría en Educación con especialidad en Orientación y Consejería]. Río Piedras, San Juan: Universidad de Puerto Rico Esta investigación de naturaleza documental, se realizó con el propósito de conocer las posibles causas y las manifestaciones de la conducta agresiva en los niños de escuela elemental y el papel que puede desempeñar la consejería grupal para prevenir la misma. La investigadora explora las teorías que explican la conducta agresiva y expone varias investigaciones donde se incorpora la consejería grupal para la disminución de este tipo de comportamiento. Esta propone el uso de la consejería grupal como una estrategia idónea para trabajar con niños que muestren conducta agresiva. Además, la investigadora propone una serie de actividades grupales para ser incorporadas en las experiencias de consejería grupal. Dichas actividades se desarrollan con el fin de concienciar a los niños acerca de la importancia de la cooperación, la comunicación y el respeto como medios primordiales para el desarrollo de unas relaciones pacifistas. La investigadora concluye que es de suma importancia el desarrollo de experiencias de consejería grupal para la prevención de conductas agresivas en los niños; con éstas se desarrolla en los mismo las destrezas para implantar soluciones pacifista, ya que mediante el grupo los niños interactúan, colaboran y exploran nuevas formas de conducta.

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González Rivera, Petra Eufracia. (1996). Violencia en la television y su impacto en la conducta agresiva de los niños: meta-análisis. [Tesis] Río Piedras: Universidad de Puerto Rico. A diferencia de las síntesis cuantitativas previas sobre la violencia en la televisión y su impacto en la agresividad de los televidentes que incluyeron estudios realizados con sujetos de todas las edades, la presente investigación incluyó solamente estudios realizados con sujetos de los niveles preescolar y elemental, ya que el sector infantil ha sido caracterizado como especialmente susceptible al impacto de los medios (Wartella, 1988). Se utilizó como método el meta-análisis, cuyo propósito es proporcionar un resumen integrado y cuantificado de resultados de investigaciones sobre una cuestión específica con referencia particular ala significancia estadística y la magnitud de efecto. Se sometieron a prueba las siguientes hipótesis de investigación: 1) La exposición a la violencia televisada tiende a aumentar la conducta agresiva o violenta de niños de preescolar y elemental, 2) La exposición a la violencia televisada tiene un mayor efecto sobre la conducta agresiva o violenta de los niños de edad preescolar que en los niños de elemental y 3) Los niños de edad preescolar y elemental muestran un mayor efecto dela exposición a la violencia televisada sobre su conducta agresiva o violenta, que las niñas. Lebrón Nazario, Else Iris. (1997). La violencia en la television y la conducta agresiva en los niños de escuela elemental: un taller de modificación de conducta. [Tesis]. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Este estudio se realizó utilizando un diseño experimental con el propósito de investigar el efecto de una intervención cognitiva-conductual en las conductas agresivas manifestadas por estudiantes (niños y niñas) de segundo y tercer grado de una escuela pública de la Región de San Juan. Se investigó el efecto de observar programas de televisión de corte violento en la conducta de los estudiantes participantes del estudio. Para evaluar lo antes mencionado se diseño un taller de modificación de conducta, titulado Resolviendo Conflictos sin Violencia. Este se llevó a cabo dos veces por semana durante cuatro semanas. Antes, durante y luego de finalizado el taller se efectuó un proceso de observación realizado por personal debidamente entrenado. El análisis no arrojó diferencias significativas en las manifestaciones de conducta agresiva entre el grupo experimental y el grupo control. Entre los resultados encontrados en el estudio está el que 66% de los participantes tanto del grupo control como del grupo experimental manifestaron querer parecerse a Hércules y Batman; todos los participantes del grupo experimental manifestaron querer imitar a "Goliat" de los muñequitos "Gárgolas".

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Matos M. (1997). Desarrollo y viabilidad de un adiestramiento para madres de niños/as puertorriqueños/as con problemas de conducta. [Tesis Doctorado en Sicología]. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico. La presente investigación tuvo el objetivo principal de desarrollar un adiestramiento para padres y madres de niños/as puertorriqueños/as de cinco a nueve años con problemas de conducta y evaluar su aplicabilidad. La investigación se llevó a cabo en dos fases. Durante la primera fase se preparó el contenido preliminar de un adiestramiento a base de los hallazgos de la revisión de literatura. En la segunda fase se aplicó el adiestramiento a un grupo de madres para explorar cuán viable era la aplicación del mismo. Los temas centrales del adiestramiento son los siguientes: desarrollo del grupo, la comprensión de los problemas de conducta, el aprendizaje de nuevos estilos de interacción y comunicación, solución de problemas, desarrollo de un plan de acción y estrategias específicas para el manejo de la conducta inapropiada. Este adiestramiento fue aplicado a un grupo de 6 madres puertorriqueñas con niños/as con problemas de conducta. A base de los resultados favorables obtenidos en las evaluaciones de las sesiones, y del adiestramiento, de las observaciones sobre el proceso del grupo y la participación de las madres se demostró la aplicabilidad de este tipo de intervención. Las participantes mostraron niveles altos de satisfacción y evaluaron positivamente el contenido y la experiencia del adiestramiento. No obstante, se observaron diversos aspectos que ameritan atención. Entre éstos se identificaron los siguientes: las dificultades para llevar a cabo algunas tareas, la dificultad para comprender algunos temas o incorporar algunas estrategias, la posibilidad de que algunas estrategias no sean congruentes con los valores de la crianza de la cultura puertorriqueña, la tendencia al uso del castigo físico, la necesidad de incluir otros componentes para trabajar con las dificultades de algunos/as niños/as, la necesidad de incorporar otros miembros de la familia, en especial a los padres y padrastros, la importancia de estar atentos/as a las situaciones estresantes de los/as participantes que pueden limitar su participación, la necesidad de considerar ser flexibles en la aplicación del adiestramiento y adaptar el orden de las sesiones a las necesidades particulares de cada familia y las posibles fuentes de resistencia. Olmo Aldea, Blanca I. y Báez Rivera, Janet A. (2000). Estudio sobre la violencia en el lugar de trabajo en una institución hospitalaria de San Juan. [Tesis] Río Piedras, P.R.: U.P.R., U.P.R., Escuela Graduada de Salud Pública, Programa de Servicios de Salud, febrero 2000. El propósito de este estudio descriptivo fue desarrollar un perfil de los incidentes de violencia en una institución hospitalaria de San Juan. El estudio realizado comprendió los años fiscales 1993-94 al 1998-99. En una primera visita al Hospital seleccionado se solicitó la autorización a la administración para realizar el estudio en dicha facilidad. En visitas posteriores, se estudiaron todos los reportes de incidentes de violencia del Hospital durante el período indicado. Para recopilar los datos relacionados a los incidentes se diseño una plantilla en la cual se recogieron las siguientes variables: fecha del incidente,

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género de los empleados involucrados en el mismo, la ocupación del empleado, el turno y lugar de trajo y el nivel y tipo de violencia. Se examinaron un total de 135 reportes de incidentes de violencia. En el análisis realizado se obtuvo la estadística descriptiva y la asociación entre las variables de interés. E mismo reflejó que en el año fiscal 1998-99 hubo un leve aumento de ocho incidentes de violencia con un total de 33 (24.4%), en comparación con el año fiscal 1997-98 en el cual se reportaron un total de 25 (18.5). Además, el resultado obtenido de los incidentes por género reflejó que las mujeres estuvieron más involucradas en los mismos que los hombres con 69.7% (83). Las enfermeras fueron la ocupación que mayor incidentes de violencia enfrentaron en la Institución. Purcell, Waldemar. (1973). Cambio en conducta en niños como función de la imitación de conducta agresiva y no-agresiva y del nivel socio-económico del modelo: Implicaciones para la televisión. [Tesis Maestría en Artes en Sicología]. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico. La posibilidad de que los niños imiten conducta agresiva televisada es uno de los problemas que ha traído la época moderna. Este estudio examinó el efecto que tiene en niños el nivel socio-económico del modelo y el tipo de conducta modelada en la imitación de conducta agresiva y no-agresiva. Se partió de la hipótesis que estas variables interactuarían significativamente. De no ocurrir así, se hipotetizó una diferencia significativa entre los grupos que observaron modelos de clase rica y modelos de clase pobre. Además se formuló la hipótesis de que los grupos que observaron conducta agresiva y no-agresiva diferirían significativamente en su ejecución. Participaron cuarenta varones entre las edades de ocho a diez años pertenecientes a la clase pobre. Estos fueron divididos al azar en cuatro grupos experimentales siguiendo un diseño factorial 2 x 2. El tratamiento experimental recibido por cada uno de los grupos consistió en una de cuatro películas. Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por Feshbach y Singer (1971). Aparentemente los sujetos del estudio descargaron su agresión en forma vicaria durante la observación de las películas agresivas por lo cual, luego de la película, emitieron una mayor frecuencia de conducta no agresiva. Estos resultados fueron discutidos más detalladamente a la luz de los hallazgos de Bandura, Flanders y otros. Román, Madeline. (2006). Estallidos: Polisemia y Polimorfia del Derecho y la Violencia. Publicaciones Puertorriqueñas, Río Piedras. (ISBN:1-932243-90-9) Este libro propone aplicar una mirada multidisciplinaria al estudio del derecho y la violencia a través de los aportes de la sociología, el psicoanálisis y las teorías posmodernas. Se presenta de manera central el análisis de la violencia como concepto. Se explora también la interrogante de si existe una violencia constitutiva de lo humano, y se reflexiona sobre la transición de la violencia del todo a la singularización. Se mira la violencia en el contexto de las sociedades modernas, partiendo desde la modernidad

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temprana hasta llegar a los fenómenos más contemporáneos. También se analiza el rol de los medios de comunicación en la construcción de imaginarios sobre lo criminal.

VIOLENCIA AUTO INFLIGIDA: COMPORTAMIENTO SUICIDA

Avilés, S. N. (1991). Modelos de intervención con jóvenes que presentan conducta suicida. [Tesina Maestría en Educación con especialidad en Orientación y Consejería] Río Piedras: Universidad de Puerto Rico. El presente estudio constituye una investigación documenta, cuyo propósito fue analizar los modelos de intervención que han sido utilizados con jóvenes que presentan conducta suicida y cuan efectivas han resultado dichas intervenciones. Se discuten los modelos teóricos que intentan explicar la conducta suicida, entre los que se encuentran el modelo de cinco estadios de Jacobs, la teoría de distorsión de Beck y la teoría de apreciación cognitiva de Lazarus. De igual forma se mencionan los factores de personalidad, factores familiares y factores sociales como precipitantes de conducta suicida entre los/las adolescentes. Algunas de las señales previas al acto suicida son los cambios en la personalidad, en la conducta o en las actividades diarias que pueden manifestar el/la joven potencial suicida. También se discuten mitos y realidades acerca de la conducta suicida los cuales se deben conocer para prevenir la misma. Igualmente se presentan los modelos de intervención que han resultado más útiles para el profesional de orientación en el manejo de conducta suicida. Algunos de los modelos que se recomiendan para utilizar en la fase preventiva son: las estrategias de intervención primaria y secundaria, el método de prevención ABC y el método cognitivo conductual. Entre los modelos de intervención que utiliza el profesional de orientación se encuentran: la consejería individual, grupal y familiar, así como también las estrategias de intervención en crisis. Estos modelos sugieren que la conducta suicida se puede prevenir en diversos escenarios tales como el hogar, la escuela y el ambiente. Hassan Ríos, Encijar. (1993). Estudio epidemiológico sobre sicopatología y su relación con la ideación e intento suicida en niños y adolescentes de 9 a 17 años del área metropolitana de San Juan, Puerto Rico, para el 1990. [Tesis] Río Piedras, P.R.: U.P.R., R.C.M., Escuela Graduada de Salud Pública, 1993. Con el propósito de analizar la sicopatología y su relación con la ideación e intento suicida, se llevó a cabo un estudio epidemiológico transversal. Se utilizó un banco de datos perteneciente al Instituto de Investigación de Ciencias de la Conducta que dirige la Dra. G. Canino. La muestra consistió de 248 niños y adolescentes de 9 a 17 años, residentes del Area Metropolitana de San Juan para el 1990. En este mismo año se entrevistaron a los niños y a la madre o al encargado del niño. El instrumento de recolección de datos utilizado fue el "Diagnostic Interview Schedule for Children" versión 2.1 (DISC-2.1). Debido a que para cada pregunta sobre ideación e intento suicida también se tenía la respuesta provista por el adulto y la provista por el niño, se

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combinaron ambas fuentes de información en la misma forma que se hizo para obtener los diagnósticos psiquiátricos del estudio original. Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones respecto a la prevención de la conducta suicida, además sugiere factores que deben seguir siendo analizados en futuras investigaciones sobre la ideación y el intento suicida. En relación a las características sociodemográficas, los resultados sugieren que los siguientes factores son útiles al identificar niños y adolescentes a riesgo: la edad (pertenecer al grupo de 13 a 17 años), el estatus socioeconómico (pertenecer a la clase baja) y recibir educación especial. Otro hallazgo relevante es que la conducta suicida ocurre típicamente en conjunto con por lo menos algún desorden psiquiátrico. Específicamente para los niños bajo estudio, estos desordenes fueron los afectivos y los disruptivos. Esto implica que se pueden identificar dos tipos de niños suicidas: aquellos que tienden a ser agresivos, y los que están relativamente aislados y retirados. Esta investigación sugiere que todo niño o adolescente que se evalúa psiquiátricamente debe ser evaluado para comportamiento suicida y que encontrar sicopatología en un niño o adolescente debe utilizarse como indicador de posible conducta suicida. Esta investigación reveló además que existe un grupo de niños con sicopatología y/o conducta suicida quienes no están envueltos en el sistema de salud mental pero que requieren atención psicológica y/o psiquiátrica.

VIOLENCIA INTERPERSONAL

González Gómez, María de los A. (1997). Estudio descriptivo retrospectivo de casos de traumas posiblemente relacionados a violencia domestica documentados en expedientes médicos de mujeres atendidas en una sala de emergencia del área metropolitana de San Juan para el año 1996. [Tesis] Río Piedras, P.R.: U. P. R., R. C. M., Colegio de Profesiones Relacionadas con la Salud, 1997. Este estudio de carácter retrospectivo descriptivo, expone las características de las mujeres con traumas atendidas en una sala de emergencia de San Juan (n=203) y de éstas una descripción de las que pudieron ser clasificadas como positivas según la clasificación (positiva, probable, sugestiva, negativo) de mujer maltratada desarrollada por la Dra. Flitcraft (1997). El estudio se realizó por medio de la revisión de expedientes y su documentación, la cual se utilizó para clasificar el caso entre las cuatro (4) categorías. Se encontró que entre los 203 casos estudiados 17 (8.4%) casos pudieron ser clasificados como positivos, nueve (9) (4.4%) como probables, cinco (5) (2.5%) sugestivos y 138 (68.0%) como negativos. Además, 34 (16%) se clasificaron en una quinta categoría como indeterminables ya que durante la realización del estudio no se pudieron clasificar en ninguna de las otras cuatro (4) categorías por deficiencias en la documentación incluyendo la ilegibilidad. Se realizó la correlación de Pearson entre la variable edad y la clasificación mujer maltratada / violencia doméstica. Esta evidenció una correlación negativa débil de -.2613, que a menor edad, mayor riesgo de poder ser víctimas de maltrato.

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Se encontró que el perfil de las mujeres clasificadas en las categorías de casos positivos de violencia doméstica son mujeres adultas (41.2%) entre las edades de 30-39 años, mayormente casadas (58.8%) y amas de casa en su mayoría (61.5%). Además en el 92.9% de los casos documentados como positivo se identificaba al esposo, novio o amigo como el agresor. González López, Janis M. (1999). Estudio sobre prevalencia de maltrato y negligencia y factores de riesgo asociados en personas de 65 años o más pertenecientes al grupo auspiciador del municipio de San Juan. [Tesis] Río Piedras, P.R.: U.P.R., R.C.M., Escuela Graduada de Salud Pública, 1999. Este proyecto de investigación sobre maltrato y negligencia contra personas de edad avanzada se realizó en siete de los once Centros de Actividades Múltiples del Grupo Auspiciador del Municipio de San Juan. La muestra utilizada consistió de 204 ancianos(as) (N) de 65 años o más quienes reciben servicios diarios en estos centros. En esta investigación los objetivos principales fueron establecer la prevalencia de maltrato y negligencia en la población estudiada, identificar los factores de riesgo que se relacionan con estos eventos y servir de estímulo para futuros estudios. Las hipótesis formuladas incluyeron el determinar si existe relación entre varios factores sociodemográficos (edad, sexo, ingreso económico, composición familiar, escolaridad, estado civil), biológicos (capacidad cognoscitiva) y sociales (necesidad de ayuda en actividades del diario vivir y disponibilidad de apoyo social) y las prevalencias de maltrato y negligencia (según definido en esta investigación) dentro de la población estudiada. La información obtenida en esta investigación se logró a través de una entrevista a los(as) ancianos(as) en la cual se utilizó un cuestionario estructurado que mide todos los factores de riesgo ya mencionados y las prevalencias de maltrato y negligencia. Este cuestionario se desarrolló utilizando la literatura existente y siguiendo los objetivos previamente trazados, ya que de acuerdo con la revisión realizada no se encontró ningún instrumento que midiera maltrato y negligencia. De acuerdo con los resultados del análisis de regresión utilizado, las variables que en este trabajo investigativo se consideran como factores de riesgo del maltrato son el estar civilmente separados(as) y tener una mayor necesidad de ayuda en actividades del diario vivir. En el caso de la negligencia, los factores de riesgo son una baja escolaridad y una mayor necesidad de ayuda en actividades del diario vivir. Se sugiere en esta investigación la utilización de un modelo de regresión el cual sólo incluya aquellas variables independientes que evidencian asociación estadísticamente significativa con el maltrato y la negligencia.

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Maldonado, N. (1999). El modelo ecológico como enfoque para el estudio del maltrato hacia las personas de edad avanzada en un grupo de centros de servicios para ancianos/as del municipio de San Juan. [Tesis doctoral]. Río Piedras, San Juan: Universidad de Puerto Rico. El maltrato de ancianos/as es una de las formas de violencia en los Estados Unidos de Norteamérica y en Puerto Rico. Este problema fue estudiado mediante el enfoque de estudio del modelo ecológico, particularmente haciendo énfasis en los factores de riesgo del/de la anciano/a o en el nivel micro/social. Este trabajo investigó lo siguiente: a) la incidencia de diversas características demográficas que han sido identificadas en la literatura sobre el tema como indicadores de riesgo de maltrato, b) la identificación de siete tipos de maltrato de ancianos en un grupo de participantes de centros de servicios de edad avanzada del municipio de San Juan, c) la incidencia de conductas maltratantes en los diversos tipos de maltrato de ancianos/as y d) la identificación del/de la maltratante mediante información provista por la víctima. Para cumplir con esta encomienda se diseñó un instrumento sometido a pruebas de validez de contenido mediante la utilización de jueces. Dicho instrumento reflejó una alta validez de contenido (.66-.99) conforme a los planteamientos de Lawshe (1975). Se realizó un análisis descriptivo para las variables bajo estudio. Los resultados obtenidos demostraron que los/las participantes cuentan con una gran incidencia de los indicadores de riesgo hacia el maltrato. Sin embargo, excepto por la categoría de negligencia psicológica/pasiva, se observó una baja incidencia de tipos y conductas maltratantes en los/las participantes de este estudio. Se plantearon posibles explicaciones sobre la baja incidencia de los tipos y conductas maltratantes en los/las participantes de edad avanzada de esta investigación. Se proveyeron diversas recomendaciones, incluyendo aquellas que pueden ampliar el estudio del maltrato de ancianos/as desde la perspectiva del modelo ecológico. Nevárez Marrero, Gladys. (2003). Conocimiento del estudiante de medicina de cuarto años para identificar y tratar el trastorno por estrés post traumático (TEPT) de los niños abusados sexualmente. [Tesis] San Juan, P.R: U.P.R., R.C.M., Escuela Graduada de Salud Pública, 2003. El objetivo general de esta investigación fue evaluar el conocimiento del estudiante de medicina de cuarto año de la UPR para identificar y tratar el Trastorno por Estrés Post Traumático (TEPT) con respecto al tema de la agresión sexual en niños y sus complicaciones. De acuerdo a McLeer (1999), los niños sexualmente abusados están en alto riesgo de desarrollar TEPT. Los síntomas que estos niños siente son: re-experiencia del evento traumático, eludir persistentemente estímulos asociados con el trauma, entumecimiento y excitación fisiológica continua (Levy, 1995). El diseño de investigación que se utilizó fue el correlacional descriptivo ya que tiene como propósito determinar las relaciones que puedan existir entre dos o más variables o el uso de esas relaciones para hacer predicciones (Campbell y Stanley, 1963). La población del estudio constó de todos los estudiantes de cuarto año de medicina de la UPR para el año

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académico 2002-2003. El instrumento utilizado fue un cuestionario diseñado por la investigadora, auto administrable y constó de dos partes con un total de 18 preguntas. En los resultados se encontró que el 91.1% de los estudiantes que participaron en el estudio presentaron un conocimiento inadecuado sobre los indicadores para identificar el TEPT en niños sexualmente abusados. Luego de realizado este estudio se recomienda: (1) evaluar el currículo de la Escuela de Medicina de la UPR con respecto al tema de abuso sexual en la Niñez, sus complicaciones como el TEPT y colaborar conjuntamente con la Escuela Graduada de Salud Pública en el desarrollo de este; (2) diseñar e implantar al currículo de la escuela de medicina, conferencias, talleres clínicos y adiestramientos (con respecto al tema de abuso sexual en la niñez) durante los años básicos y clínicos de los estudiantes; (3) diseñar e implantar un adiestramiento para la Escuela de Medicina de la UPR que apodere a los estudiantes de las implicaciones médico-legales de no hacer un diagnóstico clínico temprano con respecto a la agresión sexual; (4) nombrar un comité dentro de la Escuela de Medicina de la UPR en coordinación con la Escuela Graduada de Salud Pública que analice e implemente nuevas estrategias de búsqueda constante para mejorar ambos currículos con respecto a los temas de violencia, específicamente abuso sexual en la niñez; (5) que el Departamento de Salud establezca una política pública sobre el manejo de niños sexualmente abusados y las complicaciones como el TEPT para que todos los profesionales de la salud tengan la responsabilidad de conocer sobre este tema. Pérez Barreto, Nidza L. (2001). Nivel de conocimientos que poseen médicos de cinco especialidades sobre los procedimientos establecidos en el protocolo de intervención con sobrevivientes de agresión sexual en Puerto Rico. [Tesis] Río Piedras, P.R.: U.P.R., R.C.M., Escuela Graduada de Salud Pública, 2001. Este estudio de corte seccional basado en información recopilada mediante la administración de cuestionarios y revisión de documentos nos permitió evaluar el nivel de conocimiento que poseen los residentes de cinco áreas de especialidad sobre la intervención con sobrevivientes de violación, según los procedimientos establecidos en el "Protocolo para la Intervención con Sobrevivientes de Agresión Sexual". Se determinó el nivel de conocimiento que poseen los médicos sobre la intervención con sobrevivientes de violación utilizando como indicadores los conocimientos demostrados en tres áreas en particular: el aspecto médico, el legal y el psicosocial. La población de este estudio estuvo compuesta por residentes que, durante el primer semestre del año académico 2000-2001, formaban parte de los grupos de último año de adiestramiento de los programas de residencia acreditados en Puerto Rico en las especialidades de Pediatría, Medicina de Emergencia, Medicina de Familia, Medicina Interna y Ginecología. Se seleccionaron en cada especialidad los grupos que se encontraban en el último nivel de su programa, lo cual implica que ya habían adquirido la mayoría de los conocimientos que podían obtener a través de su residencia. Los sujetos identificados para el estudio que cumplían con los criterios de selección, sumaron un total de 153 sujetos. De esos 153 sujetos, 123 completaron el cuestionario diseñado para este trabajo, logrando obtener un 80% de participación en el estudio.

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A pesar de que se espera que los médicos reconozcan el 100% de los procedimientos incluidos en el protocolo, para este estudio se estableció por recomendación de los miembros del comité de tesis que poseían un "conocimiento adecuado" aquellos médicos residentes que demostraran poseer un 80% o más de respuestas correctas en cada sección y en la prueba total. Luego de analizar los resultados obtenidos en el estudio, podemos concluir que los médicos residentes de último año en los programas de ginecología, pediatría, medicina interna, medicina de familia y medicina de emergencia en Puerto Rico, poseen un bajo nivel de conocimiento sobre la intervención con sobrevivientes de violación según el "Protocolo de Intervención con Sobrevivientes de Agresión Sexual". Esta tendencia se mostró al observar el conocimiento en los aspectos médico y legal considerados en el estudio, así como en el conocimiento total de la prueba. Solo en el aspecto psico-social se alcanzó el límite establecido para demostrar un nivel de conocimiento adecuado. Rodríguez Santos, Norma D. (1995). Estudio descriptivo de características sociodemográficas, clínicas y económicas documentadas en expedientes de niños maltratados física y sexualmente del Hospital Pediátrico de los años 1993-1994. [Tesis] Río Piedras, P. R.: U.P.R., R.C.M., Colegio de Profesiones Relacionadas con la Salud, 1995. El uso del expediente clínico es el medio más fidedigno y seguro para medir el cuidado ofrecido a un paciente. El propósito de este estudio fue determinar si la documentación en el expediente clínico provee información para la identificación de características sociodemográficas, económicas y clínicas de los niños maltratados, sus padres y sus familias. El diseño de investigación fue uno descriptivo retrospectivo, donde se identificaron las características sociales, demográficas, económicas y clínicas relacionadas al abuso físico y sexual de niños menores de edad documentados en el expediente clínico. Se determinó si la documentación del expediente provee suficiente información de los niños maltratados física y sexualmente referidos al Hospital Pediátrico Dr. Antonio Ortiz y al Programa Biosicosocial en ese mismo hospital, durante los años 1993 y 1994. Se estudió un total de 63 expedientes clínicos. Se analizaron los expedientes clínicos de niños maltratados. Por medio de ellos se recopilaron datos utilizando una plantilla preparada para estos efectos. La misma contiene las características de los niños maltratados física y sexualmente, sus padres o encargados y su familia. De acuerdo a los resultados se exponen las siguientes conclusiones: la mayoría de los expedientes clínicos analizados eran de niñas y la minoría de varones; el promedio de edad de los niños maltratados de la muestra era de 5 años de edad; los expedientes clínicos no documentan adecuadamente las características clínicas identificadas en niños con maltrato. Se resalta en este estudio que la mayoría de los expedientes presentan una mayor cantidad de maltrato sexual. Entre las recomendaciones de estudio, las instituciones que trabajan y ofrecen servicios a niños deben asegurarse de que sus expedientes estén documentados con aquellos elementos de datos que sean relevantes para poder detectar este tipo de conducta contra los niños.

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Torres Hernández, Nilsa Idalia. (1989). Hostigamiento sexual contra estudiantesmujeres en la Universidad de Puerto Rico: un análisis cualitativo de incidentes relatados en talleres en el Recinto de Río Piedras. [Tesis Maestría en Sicología]. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Programa Graduado de Psicología. En esta investigación se propuso documentar el problema de hostigamiento sexual contra estudiantes-mujeres en el Recinto de Río Piedras al proveer una experiencia educativa en torno al tema y, de esa forma, aportar a la denuncia y lucha contra la opresión que viven las mujeres en nuestra sociedad. Se llevaron a cabo tres talleres en diferentes facultades del Recinto. El objetivo principal de éstos era ofrecer información sobre el tema y recoger las experiencias concretas del hostigamiento sexual vividas por las estudiantes. Como instrumento de análisis se utilizó la técnica de Análisis de Contenido Cualitativo. Mediante la misma se analizaron los relatos ofrecidos por las participantes y se desarrollaron siete categorías principales de investigación. La información obtenida respalda las hipótesis que fueron formuladas como guías para este trabajo. A esos efectos se plantea que la posición de autoridad y poder se ha utilizado para hostigar sexualmente a las estudiantes y, de esa forma, contribuir a mantener la subordinación de la mujer. Se señala, además, que el manejo de los incidentes por las estudiantes apunta hacia las dificultades que enfrentan las mujeres para defender sus derechos. Las expresiones de las participantes sobre los aprendizajes logrados constatan lo apropiado del taller como un instrumento que ayuda a promover la toma de conciencia sobre el hostigamiento sexual como un problema que tiene alternativas. El análisis de los resultados indica que las personas que mayormente hostigan a las estudiantes ocupan puestos de autoridad y poder en la estructura jerárquica institucional. Vidal Cintrón, Ana B. (2000). Conocimiento sobre el manejo médico en niños(as) víctimas de agresión sexual a la luz del protocolo especificado en el manual de sobrevivientes de agresión sexual del Departamento de Salud. [Tesis] Río Piedras, P.R.: U.P.R., R.C.M., Escuela Graduada de Salud Pública, 2000. El objetivo general de este estudio fue evaluar el conocimiento de los profesionales de la salud sobre el manejo de víctimas de agresión sexual a la luz del protocolo especificado en el Manual de Sobrevivientes de Agresión Sexual. Este documento constituye un marco de referencia que sirve de guía para la identificación, prevención, tratamiento y/o referidos a las agencias concernientes al manejo de víctimas de agresión sexual. El modelo conceptual se construyó a base del protocolo de manejo a las víctimas según este Manual y otra revisión de literatura. Quedó compuesto del perfil sociodemográfico, características del profesional, participación en seminarios, talleres o cursos sobre agresión sexual y experiencias previas en manejo de víctimas de agresión sexual. Este estudio es uno transversal descriptivo. La población del estudio constó de los médicos y enfermeros/as de los nueve dispensarios (CDT, ahora Metroclínicas) de

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San Juan. El instrumento utilizado fue diseñado por la investigadora y fue uno autoadministrable. Consistió de dos (2) partes con un total de diecinueve (19) preguntas. Los resultados del estudio demostraron que (1) la mayoría de los participantes fue del sexo femenino y que se encontraban entre 41 a 50 años; (2) la mayoría de los participantes no habían tomado adiestramientos relacionados al manejo de víctimas sobrevivientes de agresión sexual; (3) la mayoría de los participantes no estaban certificados por parte de la Junta de Gobierno y/o Directores de la Institución para llevar a cabo exámenes de evaluación a víctimas sobrevivientes de agresión sexual; (4) el conocimiento de los participantes sobre el manejo médico de víctimas de agresión sexual a la luz del protocolo especificado en el Manual de Sobrevivientes de Agresión Sexual del Departamento de Salud resultó ser no adecuado; (5) la mayoría de los participantes desconocen los indicadores físicos de una agresión sexual; (6) la mayoría de los participantes conocen los indicadores emocionales de una agresión sexual; (7) la mayoría de los participantes desconocen a qué profesional (disciplina) de la salud deben referir en primera instancia a un paciente víctima de agresión sexual; (8) la mayoría de los participantes desconocen en caso de un(a) sobreviviente de agresión sexual menor de 18 años a cuál agencia debe referirse este(a) paciente; (9) la mayoría de los participantes desconocen a qué institución se debe referir un(a) paciente de sospecha de agresión sexual; (10) la mayoría de los participantes desconocen los pasos a seguir para llevar a cabo una intervención en crisis según el Manual de Sobrevivientes de Agresión Sexual; (11) la mayoría de los participantes conocen los derechos de confidencialidad y privacidad, así como los criterios mínimos para atender una víctima de agresión sexual y (12) la mayoría de los participantes conocen parte de la información mínima que se le debe brindar a un(a) sobreviviente de agresión sexual.

VIOLENCIA INTERPERSONAL: FAMILIA/PAREJA

Archilla Díaz, Sheila. (1999). Intervención con familias en Puerto Rico: una estrategia comunitaria. Análisis, Vol. 1, Núm. 1. Este artículo describe el Proyecto de Apoyo Familiar a Niños y Adultos, mejor conocido como AFANA-HOMEBUILDERS, establecido en la ciudad de Mayagüez en octubre de 1996 como respuesta al alto índice de maltrato a menores y a la ausencia de servicios de urgencia para las familias en la ciudad. El Proyecto se basa en el modelo de intervención con familias conocido como "Constructores de hogares", o "Homebuilders" cuyo propósito principal es evitar la remoción de algún menor de su hogar cuando existen problemas de abuso y maltrato de menores. Las metas del Proyecto son: proteger a los niños; mantener y fortalecer los lazos familiares; estabilizar la situación de crisis en las familias; aumentar las destrezas y competencias de la familia; facilitar el acceso de la familia a una variedad de sistemas de apoyo formales e informales; y prevenir la remoción del menor de su hogar en la medida que sea posible, basándose en el postulado que plantea que en la mayoría de las situaciones es mejor para los niños crecer en sus familias naturales.

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VIOLENCIA INTERPERSONAL: FAMILIA/PAREJA ­ NIÑO

Colón Rexach, Lourdes M. (1988). Perfil del comportamiento escolar y el aprovechamiento académico de 30 niños de escuela elemental que han vivido la experiencia del maltrato. [Tesis] Río Piedras, P.R.: U.P.R., R.C.M., Escuela Graduada de Salud Pública, 1988. En este estudio se describen las características del comportamiento escolar y el aprovechamiento académico de 30 niños de escuela elemental que han vivido la experiencia del maltrato. Se seleccionaron 30 sujetos, por disponibilidad, de la población de niños que reciben ayuda relacionada con su experiencia de maltrato en las Instituciones Casa Protegida Julia de Burgos y Centro ESCAPE. Para recopilar los datos del comportamiento escolar y del aprovechamiento académico de los sujetos se utilizó el Inventario del Comportamiento Escolar del Dr. José J. Bauermeister y un cuestionario. Los resultados obtenidos por los sujetos en las Escalas del Inventario fueron comparados con las normas establecidas para niños puertorriqueños de escuela pública y privada. Entre los resultados del estudio se obtuvo un cuadro familiar donde predominaban las disfunciones individuales y las disfunciones a nivel familiar. Predominaban el maltrato físico y emocional en las niñas y en los varones. En las niñas, también, predominaba la negligencia física y emocional. La mayoría de los sujetos presentaban un comportamiento atípico en el salón de clases tales como la distracción, la hiperactividad, la ansiedad, la conducta social inapropiada y/o la irritabilidad-hostilidad. Un poco más de la tercera parte de los sujetos mostraban dificultades relacionadas con las destrezas necesarias para un buen aprendizaje. El cuadro académico se caracterizaba, además, por un aprovechamiento académico deficiente o muy deficiente en dos o más asignaturas. Esto contrastaba con el aprovechamiento académico obtenido en los dos grados anteriores al grado que cursaban los sujetos en el momento del estudio. Se observó rezago en áreas académicas claves y un nivel de ejecución bajo el promedio. Factores tales como las ausencias frecuentes, los fracasos escolares y un esfuerzo académico inadecuado afectaban el aprovechamiento académico. Soto Vega, Roberto. (2002). El maltrato de menores ante la ley para el Amparo de Menores en el Siglo 21. Rev. Jur. UIPR, Vol. 1. El artículo recoge y analiza el enfoque que tienen los esfuerzos legislativos para afrontar el maltrato de menores. Se enfoca particularmente en la Ley para el Amparo de Menores en el Siglo XXI. La ley 342 establece que el bienestar del menor se logra en la unidad familiar. Esta Ley "reenfoca la política pública del estado respecto al maltrato de menores reconociendo como consideración prevaleciente el mejor bienestar del menor y que el derecho a la unidad familiar está limitado por el derecho que tiene el menor a ser protegido de maltrato y negligencia". Según el autor, la Ley confronta problemas de implementación. Alega que la Ley no es sensitiva a los casos en los que el menor es parte.

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VIOLENCIA INTERPERSONAL: FAMILIA/PAREJA ­ PAREJA

Delgado Martínez, Iliana. (2000). Violencia doméstica en el noviazgo. Rev. Der. Puertorriqueño, Vol. 1. Muestra, a grandes rasgos, cómo surgió la legislación actual sobre violencia doméstica, los remedios que incluye y las repercusiones que ha tenido cuando se ha aplicado. Expresa algunos conflictos que enfrentan las parejas de novios cuando son víctimas de violencia doméstica. Analiza la ley vigente frente a las necesidades de este grupo en particular (parejas de novios). Alega la autora que la aportación de su artículo es que otros autores que han discutido los efectos de la Ley 54 y su aplicabilidad nunca habían mirado específicamente a cómo esta afecta a las parejas de novios. Fontanet, Julio. (2003). Casos sobre el síndrome de la mujer maltratada como defensa en casos de asesinato. Rev. Jur. UIPR, Vol. 3. El autor levantó como defensa a favor de la acusada el "síndrome de la mujer maltratada" dentro del contexto de la legítima defensa en el campo del derecho penal. En este artículo, el autor discute sus experiencias, vivencias, recuerdos, análisis de expedientes relacionados a dos casos en particular en los cuales se levantó esta defensa que logró absolver de culpa a ambas mujeres acusadas de asesinato. Se define el concepto de legítima defensa y cómo el "síndrome de la mujer maltratada" constituye una legítima defensa a pesar de no darse las condiciones específicas para ello. López Palau, Ixa. (1993). Aspectos Legales del Divorcio, la Separación y la Violencia Doméstica. 1era Edición. First Book Publishing of P.R. (ISBN: 09633415-0-2) Guía para el público general sobre el manejo del proceso de divorcio y sus implicaciones legales preparado por una juez. Es un instrumento para acercar la ciudadanía al conocimiento del derecho y de las leyes que la determinan en esta área. La publicación tiene sus bases en una investigación realizada en Puerto Rico sobre el significado social del divorcio y del proceso jurídico que a éste acompaña, se identifican el desconocimiento y la confusión sobre el aspecto legal del trámite como uno de los elementos que mas afectan a los que atraviesan por el mismo. En el Capitulo 1 titulado "Remedios Inmediatos para situaciones de Emergencia" la autora trabaja los temas de violencia en las parejas y las medidas para actuar cuando ocurren situaciones de violencia física o psicológica. En el caso en que se confrontan incidentes de violencia conyugal, ya sea física o psicológica, en los que está en controversia el uso de la residencia y su mobiliario o en los que se necesita una disposición judicial inmediata en cuanto a la custodia y el alimento de los hijos, entre otros asuntos. Se examinan las cuatro disposiciones de ley destinadas a solucionar este tipo de problema: la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Domestica, la Ley

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sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, las Reglas de Procedimiento Civil y las Medidas Provisionales a que puede dar lugar el juicio por divorcio, contenidas en el Código Civil de PR. (p. 3) La autora plantea que la violencia dentro del hogar no es un asunto que afecta solo al núcleo familiar sino que, por su crecimiento alarmante, se ha convertido en un serio problema social. Y cita varias estadísticas para evidenciar este planteamiento; 60% de las mujeres casadas son victimas de violencia conyugal, 40% de las mujeres asesinadas mueren a manos de sus esposos y el 10% de los hombres mueren a manos de sus esposas, entre 3,000 y 4,000 mujeres mueren en USA como consecuencia de maltrato conyugal, el 81% de los asesinatos u homicidios en el 1983 hacia mujeres hubo envuelta relaciones amorosas familiares. La violencia domestica es definida según la Ley 54 del 15 de agosto del 1989 cuando usted es victima y sufre de uno o más de los siguientes actos de parte de su pareja o de su expareja, estén o no legalmente unidos; o Agresión física. o Amenaza de causar daño a la persona, sus bienes o sus seres queridos. o Obligar a sostener relaciones sexuales contra su voluntad. o Limitar irrazonablemente el acceso a o el manejo de las propiedades comunes. o Aislar de otras personas, prohibición de salida del hogar y de realizar actividades deseadas. o Vigilar constantemente. o No permitir descanso adecuado o la privación de alimentación. o Amenaza de quitarle arbitraria e irracionalmente sus hijos. o Someter a un patrón de conducta de maltrato psicológico incluyendo el insulto y la deshonra. Vélez Cordero, Magali. (1998). Construcción y validación de un instrumento para medir peligrosidad de hombres maltratantes. Paideia, Vol. 1. La autora busca operacionalizar el concepto "peligrosidad" usando como punto de referencia los hombres maltratantes. El propósito primordial de este trabajo, además de discutir el concepto de la violencia y de buscar maneras de definirlo, es generar una medida empírica que permita evaluar "objetivamente" el nivel de peligrosidad que significa para una mujer un hombre maltratante. Desarrolla una serie de reactivos que, según la autora recoge la dimensión de "peligrosidad" que interesa identificar. Vicente, Esther. (1999). Beyond Law Reform: The Puerto Rican Experience in the Construction and Implementation of the Domestic Violence Act. Rev. Jur. UPR, Vol. 3 Ley 54- Analiza el contenido de la Ley 54, su historial legislativo y el proceso de implementación. Discute las críticas dirigidas a la Ley y analiza su utilidad para las mujeres en Puerto Rico.

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Vicente, Esther. (1998). ¿Es que podemos desmantelar el andamiaje del patriarcado con sus propios instrumentos?: La Ley 54 y la vida de las mujeres en Puerto Rico. Rev. Jur. UIPR, Vol. 3. Aborda la experiencia del movimiento contra la violencia hacia mujeres en Puerto Rico y el esfuerzo para obtener legislación específica sobre violencia en relación de parejas. Discute datos sobre el concepto social y político que proporcionó el surgimiento de la Ley 54. Analiza los presupuestos teóricos que influyeron en el diseño de la Ley 54 y discute las consecuencias positivas y negativas en la implantación de la Ley 54. Vicente, Esther. (2001). La violencia doméstica y el lugar de trabajo: un reto a la dicotomía público-privado. Rev. Jur. UIPR, Vol. 1. Aborda las formas en que la violencia doméstica se manifiesta en el lugar del trabajo. Enfatiza el impacto que tiene sobre la mujer trabajadora, los remedios que las leyes laborales proveen y en la responsabilidad de los patronos. Resalta los siguientes puntos: 1. La violencia doméstica afecta la productividad, genera ausentismo, produce cambios constantes de trabajo. Por lo tanto, es evidente que la violencia doméstica no se queda en el hogar de la mujer trabajadora. 2. Cualquier discrimen contra la mujer víctima de violencia doméstica podrá constituir discrimen por razón de sexo. 3. Podrá un acto de violencia doméstica constituir hostigamiento sexual en el empleo si se lleva al área del trabajo. 4. El patrono tiene el deber de proveer salud y seguridad en el empleo. Acomodo razonable bajo la ley ADA podría requerir una licencia para el abandono temporero del trabajo, entre otras alternativas.

VIOLENCIA INTERPERSONAL: COMUNIDAD

Carrasquillo, Moisés, Rocío Frau, Raymond Knight y Damaris Mercado. (2000). Violencia escolar en Puerto Rico: Conceptualización, trasfondo, percepciones y alternativas propuestas. Paideia, Vol. 1. Discute a fondo el tema de la violencia en el sistema de educación primaria y secundaria en Puerto Rico. Discute de dónde surge la actitud violenta entre nuestros estudiantes y provee información empírica para sustentar sus argumentos relacionados a la prevalencia de actitudes, comportamientos y conducta violenta en las escuelas. Provee alternativas sobre cómo educar para un ambiente más saludable sin violencia.

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VIOLENCIA COLECTIVA SOCIAL

Colón, Alice y Fabián, Ana M. (Editoras) (1995). Mujeres en el Caribe: Desarrollo, Paz y Movimientos Comunitarios. Editora Corripio, Santo Domingo, RD. (ISBN: 0-936708-29-8) Recopilación de escritos para la discusión base y resumen de la reunión con representantes de proyectos comunitarios en la 2da jornada en torno a las mujeres del Caribe en la celebración del Día Internacional de la Mujer en 1992. Los estudios y discusiones de la 2da jornada, se orientaron principalmente a las luchas comunitarias de las mujeres de los países del Caribe. Mujeres, Desarrollo y Paz en Puerto Rico Colon, Alice/ Fabián, Ana M. / Muñoz, Mayra/ Valle, Diana (p. 19-23) Las autoras plantean que la mentalidad militar y la guerra tienden, a reforzar un clima de represión y autoritarismo, así como de estereotipación y hostilidad contra los considerados enemigos e inferiores. Esta mentalidad se instituye como justificación del uso de la fuerza y la violencia como mecanismos para lidiar con los conflictos y ejercer el control y la dominación. Como parte de estas relaciones de dominación y conflicto, la familia patriarcal ha sido incluso identificada por muchos estudiosos de este asunto como la institución mas violenta de nuestra sociedad. En una cita de la historiadora Gerda Lerner las autoras señalan que el hombre aprendió a esclavizar a otros hombres con la experiencia que obtuvo subordinando y esclavizando a la mujer. La Guerra Cotidiana del la Mujer en Puerto Rico: Reflexión en Torno al Tema Fagot, Carmen M. (p. 76-78) Fagot realiza un análisis desde la perspectiva de lo cotidiano y plantea que para entender mejor la lucha de las naciones, la lucha de clases, la guerra cotidiana de hombres y mujeres hay que acercarse desde lo que configura la vida cotidiana. Señala que Puerto Rico es un país gobernado externa e internamente por hombres de la clase dominante y en el que la mujer ha tenido mayormente un papel pasivo. Por lo que plantea que en un contexto de dominación y de guerra lo que viven los hombres y mujeres es una guerra cotidiana. Esta guerra cotidiana es representada hacia las mujeres de todas las clases sociales mediante; o Violencia cotidiana en la explotación y discrimen en el empleo, en la educación, en la política, en la vida social. o Violencia hecha por los medios de comunicación social al explotarla como símbolo sexual de uso. o Violencia doméstica donde el hombre la quiere dominar y la maltrata.

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López Carrasquillo, Alberto. (1999). Prácticas de aceptación y rechazo de estudiantes dominicanos(as) en una escuela elemental en Puerto Rico. Revista de Ciencias Sociales, Núm. 6. Este artículo resume un estudio cualitativo sobre las prácticas de aceptación y rechazo que reciben los estudiantes dominicanos al ingresar en la escuela pública de Puerto Rico. En el estudio participan como informantes siete estudiantes dominicanos y puertorriqueños: cinco niñas y dos niños matriculados en una escuela elemental el área metropolitana de San Juan. Para recoger los datos se realizaron entrevistas no estructuradas. El análisis de las expresiones vertidas en las entrevistas reveló que las prácticas de rechazo y aceptación están determinadas por las relaciones cotidianas entre ambos grupos y no por un efecto constante que lleve a ambos grupos a dividirse y no compartir bajo ninguna circunstancia. Por un lado, las prácticas de aceptación se dan de manera frecuente; por otro lado, las prácticas de rechazo se dan sólo en circunstancias particulares esporádicas. A la luz de estos hallazgos se llegó a cuatro conclusiones. (a) Existe la práctica, entre el grupo de puertorriqueños, de burlarse del grupo de dominicanos por su nacionalidad, entonación al hablar, forma de llegar a Puerto Rico, cultura, características físicas y capacidad intelectual. (b) El grupo de dominicanos está consciente de que por ser minoría en la escuela debe aceptar una relación de subordinación. (c) El racismo y los estereotipos dificultan la incorporación de los dominicanos al grupo mayoritario. (d) Las prácticas de rechazo se dan cuando el grupo de puertorriqueños se ve amenazado por el grupo de dominicanos en las relaciones de poder. A partir de esta investigación surge una interrogante: ¿está el sistema educativo puertorriqueño consciente de estas situaciones de adaptabilidad que afectan a los estudiantes dominicanos? Maldonado, Leslie E. y Rivera, Blanca E. (Editoras) (1993). Análisis, Reflexión y Acción Psicológica ante la Violencia y la Criminalidad en Puerto Rico. Asociación de Estudiantes de Psicología de Puerto Rico, San Juan. Compendio de memorias del Simposio celebrado en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en septiembre de 1992 por la Asociación de Estudiantes de Psicología de Puerto Rico. El Simposio giro hacia profundizar en temas relacionados con los factores psicológicos que afectan el comportamiento violento o delictivo y las posibilidades que ofrece la psicología para corregir ese funcionamiento. El abordaje se realizó desde diferentes contextos y paradigmas por diferentes profesionales de las ciencias sociales y de la educación, representando diversos sectores laborales, tales como la academia, los servicios psicológicos públicos y privados, investigación social y consultoría profesional. Contexto socio-político cultural de la violencia y la criminalidad en Puerto Rico Señala Vales que la criminalidad es la máxima expresión de la violencia, la cual ha tomado un giro alarmante; especialmente en las áreas metropolitanas del país. Además, indica que los elementos externos a la sociedad se proyectan mediante el tráfico

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de drogas y trasiego de armas ilegales donde promueven una mayor desarticulación socio-cultural y política. Sin embargo, los procesos socio-culturales internos mas afectados son los problemas de trastoque de los valores de la familia; violencia doméstica; deficiencias del sistema educativo; desempleo y dependencia extrema; ausencia de participación ciudadana y desconfianza de los sistemas de justicia criminal. (Vales, 1993) Según Zabala existen diferentes tipos de violencia; la interpersonal donde arremete y hace daño físico a personas; la auto-destructiva que hace daño a si mismo; la violencia estructural o institucional promovida por factores organizados socialmente. Existen situaciones y condiciones perniciosas, disociantes e injustas tanto como sociales, económicas, históricas y personales que violentan al individuo. (Zabala, 1993) Zabala citando varios autores, concluye que la psique histórica y nacional ha sido violentado incubando un trauma psicosocial que sin embargo, contiene un impulso dialéctico que forja fuerzas reconstructivas, transformadoras y creativas que potencian proyectos reivindicadores para promover la humanización y a la construcción de una agenda vital y renovada del colectivo. Por su parte, Gelpí señala que en muchas ocasiones las estancias de violencia externas son el factor determinante en el inicio de diferentes condiciones emocionales, psicopatológicas y problemas en el control de impulsos en niños, adolescentes y padres o tutores. Vales, Pedro A. (1993). Desarticulación Socio-cultural y Política y el Crimen en Puerto Rico. Zabala Martínez, Iris (1993). Subjetividad y Construcción Social de la Violencia en Puerto Rico. Gelpí Merheb, Enrique F. (1993). Reflexiones sobre la Violencia en el Caserío: Reorientación de la Praxis Psicológica en Puerto Rico. Aspectos bio-psico-sociales de la criminalidad Miranda plantea que la violencia delictiva o de masas se deriva de la amenaza que éstas constituyen al orden social establecido, donde la violencia delictiva es la que conforma lo criminal. Donde el criterio de lo que es crimen es privilegio de los grupos en el poder, y el delito no es problema del sujeto sino de la estructura o formaciones sociales. Varona por su parte señala, que los acercamientos teóricos y paradigmáticos prevalecientes han intentado darle a la pena (tradicionalmente punitiva) la finalidad curativa (o rehabilitadora) de los modelos médicos y conductistas, que ponen en manos de las autoridades decidir lo que le conviene al reo y a la sociedad no con criterios normativos sino diagnósticos. Por su parte García Toro expone que las leyes que establecen las instituciones para menores y adultos en Puerto Rico no garantizan la posibilidad de rehabilitación al delincuente o criminal, a pesar de que se habla de un enfoque bio-psico-social de tratamiento. Menciona que para que el mismo sea efectivo tiene que proveerse los recursos fiscales, humanos y estructurales necesarios para su implantación efectiva.

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Miranda, Dolores S. (1993). Algunos Elementos para la Reflexión y la Acción en Torno a la Violencia y la Criminalidad en Puerto Rico. Varona, Carlos (1993) Criminología de la Sensatez. García Toro, Víctor I. (1993) Aspectos Bio-psico-sociales de la Criminalidad. Intervención psicológica con victimas de la criminalidad Se denomina como victima primaria o directa a aquellos que experimentan el acto delictivo o sus consecuencias en forma directa; una victima secundaria es aquella que también sufre emocional o financieramente pero son lesionados inmediatamente. (SostreRuiz, 1993) Según Francis las propuestas para lidiar con la criminalidad relegan y desatienden a las victimas del crimen, además existe una especie de renuencia o resistencia en la sociedad a aceptar la total inocencia de las victimas. Esto se observa en los casos de delitos sexuales o de violencia doméstica y en los asaltos agravados donde se infiere que la victima tuvo algún grado de responsabilidad en los hechos. Sostre-Ruiz, Nydia. (1993) La Prestación de Servicios como Elementos Interactivos en la Recuperación de las Victimas del Crimen. Francis, Luis A. (1993) Intervención Psicológica con victimas e Robo o Asalto Agravado. Reflexiones en torno a la sociología del trabajo, el desempleo y la criminalidad Tapia en una cita de Nieves-Falcón señala que al igual que la emigración el crimen reduce la mano de obra excedente al sacar los criminales fuera del mercado de empleos y crea empleos para aquellos que trabajan en la administración. La estigmatización social orientada hacia los desempleados propicia el poder coercitivo del ordenamiento penal donde en estudios realizados se confirma que las personas que han sido procesadas y sentenciadas y cuyo origen socioeconómico es estigmatizado experimentan sentencias de penas mayores de reclusión.(Tapia,1993) Por su parte Román señala que el efecto de doble expulsión sistemática de trabajadores/as y el desmantelamiento del Estado Benefactor es la presencia de amplios sectores poblacionales cada vez mas sin medios de subsistencia cuya precariedad se exacerba ante los procesos de criminalización de sectores considerables de la economía subterránea. Tapia, Bernice E. (1993) Apuntes hacia un Análisis Critico de la Relación entre Desempleo y Criminalidad. Román, Madeline (1993) Criminalidad y Gobernabilidad en Puerto Rico: Decostruyendo las Relaciones entre Trabajo, No trabajo y Criminalidad. Alternativas para una convivencia libre de violencia y criminalidad Nevarez señala que para que un Código Penal sea un instrumento adecuado contra la criminalidad debe reflejar los valores comunitarios sobre la severidad relativa de los delitos y las penas. Sin embargo, las evaluaciones del sistema vigente apuntan a penas de

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reclusión para distintos delitos basados en experiencias históricas de distintos códigos vigentes y otras jurisdicciones las cuales no guardan proporcionalidad con la severidad de los delitos. Además, enfatiza que la arbitrariedad por razón de la falta de proporcionalidad entre las penas y la severidad relativa de los delitos genera, un serio problema de justicia por cuanto se están imponiendo penas que no responden a la severidad de los delitos. Nevarez Muñiz, Dora (1993) La Revisión del Código Penal y el Modelo de Sentencias Ponderadas como Herramienta contra el Crimen. Martínez, Lourdes y Silva Bonilla, Ruth (1988). El Hostigamiento Sexual de las Trabajadoras en sus Centros de Empleo. Centro de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico. Estudio cualitativo sobre la incidencia y expresión del hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Se incluyeron centros de trabajo diversos representados por mujeres asalariadas del sector privado y público. En el sector privado se utilizó el abordaje individual mediante la entrevista y en el sector público se abordó de forma grupal en talleres. Se utilizó varias técnicas en la investigación incluyendo la de la entrevista donde se construyó una guía que se complementaba con un boletín ilustrado sobre el tema, para el desarrollo de los talleres se utilizo una guía de observación estructurada en algunos y no-estructurada en otros. Además, se incorporó en los talleres la cumplimentación de un ejercicio escrito para recoger las experiencias personales de las participantes. La síntesis de los relatos grupales fue como resultado del consenso. El análisis del contenido fue utilizado como el acercamiento para examinar la producción de significados, por lo que la observación y el análisis de los mensajes noverbales fueron incorporados como parte del estudio. El concepto de hostigamiento sexual surge de la intensificación de la lucha de las mujeres contra las estructuras de relaciones violentas en las cuales aparecían como el objeto natural para recibir todo tipo de oprobio y descarga negativa, sin derecho a replica y culpadas socialmente por estas formas de vulneración personal. (p. 56) Las autoras señalan que el abordaje individual de las prácticas de asedio sexual son representadas a través del discurso dominante donde dichas prácticas de asedio quedan excluidas de la conciencia cotidiana en forma de denuncia, dado que las mismas no suelen ser conceptualizadas como prácticas de violencia, de subordinación y de atropello. (p. 18) El hostigamiento sexual en los centros de empleo es una de las expresiones que toma el uso de la sexualidad masculina como arma de agresión y de sometimiento femenino. Mediante las prácticas agresivas se impone a las trabajadoras una estructura de asedio que son cónsonas con las creencias socialmente elaboradas en virtud de las cuales las mujeres aparecen como objetos para la apropiación masculina. En relación a la incidencia de actos de hostigamiento sexual en los centros de trabajo el estudio recogió que la mayoría de los episodios ocurrieron en los centros de empleo. Siendo estos producidos en su mayoría por personas que se encuentran en posiciones de mayor poder estructural que el que tienen las trabajadoras.

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Según los relatos ofrecidos los tipos más frecuentes de hostigamiento fue los ofrecimientos de compensaciones, regalos y dinero como chantaje social indirecto y los comentarios verbales de carácter sexual y expresiones no verbales de carácter sexual. (p. 79) Las autoras señalan que la utilización por los hombres de su sexualidad como herramienta de agresión, más allá de la agresión misma, como herramienta de poder ha sido reconocida por varias investigaciones. El estudio corroboró que el hostigamiento sexual de las trabajadoras en sus centros de empleo es un ingrediente cotidiano del funcionamiento de las diversas empresas en el país. Las autoras señalan que independientemente de las formas y de los contenidos que asume la problemática representa una situación de abuso de poder. Donde el empleo esta basado en una situación de súper-imposición de líneas de poder, haciéndole más difícil a la trabajadora enfrentar aisladamente o individualmente el atropello de que es víctima. (p. 143). Pacheco Maldonado, Ángel M. (1989). La Violencia y la Criminalidad: Una perspectiva psico-social. Editorial Librotex, Inc. San Juan, P.R. (ISBN: 0-934-369-34-8) Este acercamiento sobre la violencia y la criminalidad parte de una investigación realizada a la población confinada en instituciones penales de Puerto Rico en enero del 1975. Se entrevistaron confinados que habían cometido delitos contra la persona y los que había cometido delito contra la propiedad. Estos se identificaron respectivamente como muestra I y II. Se utilizó un cuestionario con preguntas pre-codificadas y preguntas abiertas e historietas hipotéticas. Además, se administro la Escala General de Violencia y la Sub-escala de Justificación de Violencia. Para el análisis de la información obtenida por medio del cuestionario comprensivo se utilizó tabulaciones cruzadas, correlaciones usando coeficientes de productos-momento de Pearson, análisis de regresión múltiple y análisis factoriales. El estudio pretendía identificar las características psicosociales de los confinados en las instituciones penales de Puerto Rico que han sido convictos por delitos contra la persona o contra la propiedad. Además, se quería identificar si habían diferencias entre ambos grupos. El estudio concluye que no hay diferencias estadísticas significativas en términos de las características demográficas de los grupos bajo estudio. Los resultados del estudio no apoyan la idea común de que los elementos que contribuyen a la delincuencia son los problemas familiares y el desmembramiento de la familia. Se encontró que el 75 % de los entrevistados se criaron hasta los 16 años en familias completas y el 56% vivió con ambos padres. Donde el 44% describió las relaciones familiares como buenas y armoniosas frente a un 13% que las describió como bastante difíciles. Se encontró una correlación moderada en el grupo de violentos entre la percepción de las condiciones del hogar y el número de amigos en el vecindario en problemas con la justicia. Mientras más difíciles son las relaciones familiares, más tiende

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a depender el individuo de las relaciones con amigos y menos supervisión tiene de quienes son sus relacionados. Se encontró que el 55% de los no-violentos y el 40% de los violentos había cometido faltas cuando menor. Pero se evidencia que existía una mayor influencia de amigos que habían cometido faltas, por lo que contribuyen a que decidan llevar acabo actividades fuera de la ley. La similaridad de las características de ambos grupos llevan a concluir que estas similitud esta asociada con la delincuencia en general que a la violencia y que la experiencia institucional tiende a homogeneizar. Perfil: joven adulto, con educación secundaria u oficio, con empleo, vivía zona urbana, crianza en familia ambos padres. Pascual, Anaida. (2000). Violencia, paz y conflicto en el discurso de la praxis pedagógica. Revista Pedagogía, Vol. 34. Discute el concepto de la globalización de la violencia. Expone datos de las Naciones Unidas que reflejan que América Latina y el Caribe figuran como dos de las regiones más violentas. Encuentran mujeres que emulan los modelos masculinos patriarcales por lo que aumenta su componente agresivo. Propone educar para la paz ante el hecho de que la globalización de la violencia no es más que un desafío a la paz. Silvestrini de Pacheco, Blanca. (1980) Violencia y criminalidad en Puerto Rico (18981973) Apuntes para un estudio de Historial Social. Editorial Universitaria, San Juan. (ISBN: 0-8477-2488-3) Estudio de la violencia en Puerto Rico desde una perspectiva histórica a partir del 1898 hasta 1973. El estudio aborda los aspectos de la violencia, la atención y la percepción del problema durante dicho periodo histórico. El trabajo parte de otros estudios de historia social que se han realizado sobre el tema. La metodología de historia social incluyo tres tiempos; el primer tiempo que incluía el momento en que ocurre el suceso o acontecimiento, segundo tiempo incluye las coyunturas donde generalmente se enfocan hasta una década y un tercer tiempo que incluye la estructuras que se definen en tiempos largos, incluyendo hasta siglos. Para el estudio de tipos de violencia se utilizo la lectura sistemática de periódicos que se publicaron regularmente durante cada periodo. Además, se revisaron expedientes del Archivo General de Puerto Rico, informes de la Policía, revisión de literatura puertorriqueña de varios periodos las cuales describen diferentes concepciones de la violencia y el uso de testimonios orales. Percepción de la Violencia Se identifico que las personas han percibido la violencia en forma similar a través del tiempo, en cada periodo las personas identificaban ese tiempo como el más critico,

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que tenía los problemas mas graves y que comparado con tiempos anteriores el problema de la violencia se agravaba hasta el borde de desafiar soluciones. (p.133) Consistentemente lo que mas ha preocupado son los delitos contra la persona, particularmente asesinatos y homicidio, que no se le tiene explicación o no es aceptable socialmente. Los asesinatos y homicidios por conflictos amorosos o familiares son explicados y aceptados mas fácilmente que los políticos, los cuales se explican a base de egoísmos humanos. Las agresiones violentas a extraños causaban una preocupación mas honda. La Prensa Se encontró que sistemáticamente los periódicos excedía la información que comunicaban influyendo a la opinión publica y contribuyendo a fomentar y acentuar la sensación de incertidumbre. La prensa ha tenido una posición prominente en resaltar la información sobre criminalidad y violencia. A pesar de que unos sectores de la prensa han jugado un papel valioso en identificar y poner en la opinión publica los problemas relacionados con la violencia y criminalidad. Tipos de Actos de Violencia A través del estudio se ha identificado un aumento de los actos de violencia informados. Sin embargo, el aumento no ha seguido un patrón idéntico para los diferentes tipos de actos. Los asesinatos y homicidios voluntarios siguieron un patrón estable, a pesar de que el periodo del 1972-73 se reflejó un aumento de 36% sobre el año anterior y un 50% de la media de la década anterior. Se encontró que la violación fue uno de los delitos contra la persona que aumento considerablemente durante dicho periodo. Reflejó un aumento de 34.7% en el periodo de 1963-1973, aunque disminuyó la prominencia que la prensa le daba a este delito. En los testimonios orales se recogió una preocupación por el aumento de los robos el que fue corroborado con la estadística presentando que en el periodo del 19631973 hubo un aumento de 245.6% en los robos. En general, se encontró un aumento en el número de delitos contra la propiedad, 245% aumento en robos, 21% aumento en escalamientos y un 233% de aumento de robo de autos. Otro aspecto que se encontró que ha variado fue los actos de violencia cometidos contra personas desconocidas. A partir de la década del 40 se notó un aumento de estos actos provocando preocupación por su nivel de impredecibilidad. Unido a este indicador lo representó el aumento de uso de armas en delitos graves, donde el mismo se agravo durante la última década. La autora señala que este hecho junto al aumento en los actos a desconocidos contribuyen a un cambio en el estilo de violencia, y que con las armas de fuego, el daño infligido puede ser mucho más grave y tener consecuencias permanentes.

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La autora concluye que el fenómeno de la violencia nos es nuevo en la sociedad puertorriqueña. Sin embargo, que se encuentran unas diferencias de estilo de los actos de violencia criminal, que van desde su propósito hasta el tipo del acto en si mismo. Silvestrini señala que una característica común en todos los periodos es la incapacidad de los ciudadanos para encarar efectivamente el problema, negando en mucha ocasiones su papel en la solución de las situaciones conflictivas y tratando de explicarlo con causas externas a ellos. La Comunidad y la Prevención La sociedad ha dependido del aumento de la fuerza policíaca para enfrentar los problemas relacionados con la violencia y criminalidad. Aunque se encontró que existe una brecha entre la credibilidad de la ciudadanía y la policía. La Criminalidad y la Violencia se Identifican Se presenta la similitud de percepción de la gente entre los problemas de criminalidad y la violencia en diferentes momentos históricos. Sin embargo, durante el periodo del 1960-1973 a pesar de que ocurrieron incidentes de violencia que no fueron relacionados con el crimen, se llegaba ha identificar el crimen con la violencia. La autora señala que esta percepción tiende a singularizar el crimen y la violencia, dejando pasar por alto otros actos de violencia que no están vinculados directamente a la criminalidad como es definida. Yudkin, Anita, Nellie Zambrana, Anaida Pascual. (2002). Educación de derechos humanos y derechos de la niñez: herramientas en la construcción de una cultura de paz. Revista Pedagogía, Vol. 36. Se describe la educación relacionada a derechos humanos y los derechos de la niñez como herramienta de posibilidad en la construcción de una cultura de paz. Elabora sobre la educación en derechos humanos como área prioritaria de la educación para la paz, su definición y aspectos centrales. Enfatiza la importancia de vivir una cultura de derechos y responsabilidades mediante la educación y un currículo para la vida. Aborda lineamientos conceptuales y curriculares de la educación en derechos humanos. Aspira a que la niñez se apropie de sus derechos y los ejerza, así como a que los adultos los conozcan, promuevan y respeten.

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APÉNDICE I

Recursos Audiovisuales Identificados

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Comisión para los Asuntos de la Mujer. Oficina del Gobernador. (1990). A Flor de Piel. P.R.: Zaga Films. Convención Anual de Pediatría. (2001). Seminario de prevención de Abuso y Maltrato en la niñez Puertorriqueña, Parte 1. San Juan, P.R.: Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, Sección de A.M.P.R. Convención Anual de Pediatría. (2001). Seminario de prevención de Abuso y Maltrato en la niñez Puertorriqueña, Parte 2. San Juan, P.R.: Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, Sección de A.M.P.R. Oficina de la Procuradora de las Mujeres. (2001). Dialogando entre los Géneros. Oficina de la Procuradora de las Mujeres. (2003). Docudrama: Cuatro Vidas.

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APÉNDICE II

Diez Años de Resúmenes de Proyectos, Leyes, Anteproyectos y Vistas Públicas de la Legislatura de Puerto Rico en Torno a la Violencia COPREVI

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P. de la C. 1993 (Texto de aprobación final por la Cámara, 29 de enero de 1996). 12ma Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria (1997). El proyecto pretende crear un programa piloto que establezca un protocolo médico para atender víctimas de violencia doméstica. Se trata de proveer el procedimiento que eventualmente deberán poner en función las instituciones médicas cuando atiendan casos de esta naturaleza. Es indispensable uniformar y mejorar los servicios médicos que se proveen a las víctimas de violencia doméstica. Uno de los objetivos principales del proyecto es establecer los mecanismos necesarios para que el personal de los diversos centros de salud e instituciones hospitalarias en nuestro país puedan interactuar, ayudar e inclusive, identificar a pacientes que podrían ser víctimas de violencia doméstica. El Departamento de Salud desarrollará e implantará el proyecto piloto, en consulta con la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y la asesoría de la Administración de Seguros de Salud. [A este documento parece que le faltan páginas]. Informe sobre el P. de la C. 1993: Comisión de Asuntos de la Mujer, Cámara de Representantes, 12ma Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (1996). La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida, que pretende crear un programa piloto que establezca un protocolo médico para atender víctimas de violencia doméstica. La medida va dirigida a uniformar y mejorar los servicios médicos que se proveen a las víctimas de violencia doméstica. Se persigue establecer los mecanismos necesarios para que el personal de los diversos centros de salud e instituciones hospitalarias en nuestro país puedan interactuar, ayudar e inclusive, identificar a pacientes que podrían ser víctimas de violencia doméstica. Se celebraron vistas públicas sobre este proyecto en las cuales sometieron propuestas el Departamento de Salud, Departamento de la Familia, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, la Asociación Médica de PR, sección de psiquiatras, La Asociación [Médica] Americana, Capítulo de Puerto Rico y la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes. Se entiende que la responsabilidad primaria sobre el desarrollo e implantación del protocolo será del Departamento de Salud, no obstante, para lograr resultados efectivos y positivos resulta indispensable el envolvimiento de distintas agencias de gobierno, así como de entidades privadas especializadas. La medida ya incluye la colaboración de la Comisión para Asuntos de la Mujer y de la Asociación Médica de Puerto Rico, pero debe incluir a la Administración de Seguros de Salud. La medida debe incluir criterios más específicos para la selección de los hospitales a participar. Se recomiendan los siguientes criterios: 1) Los hospitales están obligados a seguir el protocolo por el período establecido; 2) Tomar en consideración la cantidad de casos reportados por área geográfica; 3) Distribución entre hospitales privados y públicos (tanto los que están bajo la Reforma de Salud, como los que no lo están). A pesar de que el proyecto plantea un cuadro general del propósito del programa piloto, se debe detallar las diversas fases que compondrán el programa de adiestramiento. Se debe considerar las siguientes: 1) Evaluación de los currículos vigentes utilizados por las escuelas de profesionales que habrán de intervenir con sobre vivientes de violencia

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doméstica; 2) Diseño de un programa de entrenamiento que incluye información y talleres de adiestramiento bajo supervisión de expertos; 3) Implantación del programa de entrenamiento; 4) Evaluación del impacto sobre la atención a sobrevivientes. Los diferentes programas serán coordinados por el Departamento de Salud en coordinación con las agencias y se ofrecerán dentro del contexto de educación continuada. No se limitará el lugar de atención a la víctima, sobretodo porque la víctima necesita buscar un lugar donde se sienta segura. El Programa debe incluir, además del personal hospitalario, a aquellos profesionales en agencias que brindan servicios a esta población. Se debe especificar cuáles serán los servicios formales, seguros y de calidad que se le ofrecerán a esta población, enfatizando en la confidencialidad y privacidad, y especificando los procedimientos cuando las víctimas sean menores de edad. El mismo personal que desarrolla el Programa debe desarrollar los procedimientos de monitoría, evaluación y continuidad. El Departamento de Salud deberá rendir a la Asamblea Legislativa un informe de progreso anual que incluya las recomendaciones para el Protocolo, logros y obstáculos surgidos durante la implantación. Esto, además de informes mensuales. Se pretende eventualmente expandir este programa a todos los hospitales por un período indefinido. Sin embargo, el Programa tendrá una duración de 36 meses. Informe sobre el P. de la C. 1993: Comisión de Salud, Senado de Puerto Rico, 12ma Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (1996). La Comisión de Salud recomienda la aprobación de la medida, que pretende crear un programa piloto que establezca un protocolo médico para atender víctimas de violencia doméstica. Es indispensable uniformar y mejorar los servicios médicos que se proveen a las víctimas de violencia doméstica. Uno de los objetivos principales del proyecto es establecer los mecanismos necesarios para que el personal de los diversos centros de salud e instituciones hospitalarias en nuestro país puedan interactuar, ayudar e inclusive, identificar a pacientes que podrían ser víctimas de violencia doméstica. La violencia interpersonal ha tomado un giro tan serio y trágico que fue declarada por la Asociación Médica Americana (AMA) como una emergencia en salud pública. En PR, el problema es mucho más alarmante, resultando en un alto grado de mortalidad y morbilidad, mucho mayor al reportado en estudios y cifras oficiales. La violencia interpersonal se define como una acción humana abusiva, generalmente intencional, dirigida hacia otra(s) persona(s) que puede causar daño físico o emocional. Como consecuencia se han perdido muchos jóvenes y personas productivas por homicidios, lesiones, encarcelamientos y por la adopción de confrontación y maneras violentas de resolver conflictos. Los gastos en salud y justicia son exorbitantes. La violencia entre personas que han tenido algún tipo de intimidad es de las más frecuentes. La AMA ha informado que cerca del 35% de las mujeres que visitaban las salas de emergencia de un hospital buscaban tratamiento para síntomas relacionados con el maltrato recibido. No obstante, solamente el 5% de ellas son identificadas. Si se identificaran, el personal médico podría recoger información valiosa para el aspecto legal, brindarle a la víctima apoyo emocional que la ayude a salir del ciclo de violencia, mejores servicios clínicos, con sensibilidad y destrezas clínicas apropiadas, etc. El protocolo debe mantener la discreción y confidencialidad de las víctimas de modo que ellas no se sientan cohibidas

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de solicitar servicios a la mayor brevedad posible. El enfoque primordial de este modelo es la prevención primaria, complementada con la prevención secundaria y terciaria, incluyendo educación, evaluación temprana de situaciones o personas a riesgo, el tratamiento, la consejería y la rehabilitación. P. del S. 507 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 11 de abril de 1995). 12ma Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (1995). El proyecto pretende crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Puerto Rico ha experimentado un deterioro en calidad de vida que se manifiesta en problemas como la adicción a drogas, alcoholismo, violencia, una creciente ola criminal y otras conductas antisociales. Ha habido un ritmo creciente en los delitos tipo I, delitos violentos y contra la persona. En 1992, los delitos de violencia alcanzaron la cifre de 32, 286, con un aumento particular en los asesinatos. De más preocupación es cuando observamos la participación de jóvenes menores de 18 años en la comisión de delitos graves. Se ha identificado que la mayoría de los jóvenes que cometieron conducta delictiva están entre los 15 y 17 años. Más sorprendente es observar niños de 9 años o menos que han sido intervenidos por faltas que en adultos se clasifican como delitos graves. Se ha determinado que en la problemática del crimen inciden múltiples factores que hacen extremadamente compleja la solución de la misma. Por tanto, es necesario incorporar en forma articulada medidas que contribuyan a la prevención de este mal. Estudios en el campo de la criminología y de sicología criminal han señalado como significativa la relación entre los medios de comunicación y la conducta delictiva que se patentiza por lo general en jóvenes entre las edades de 12 a 18 años. Hallazgos clínicos de la Asociación Americana de Sicología reflejan que para cuando termine sus estudios elementales un niño habrá visto alrededor de 8,000 asesinatos y más de 100,000 actos violentos, principalmente a través de la TV. Asimismo, estudios presentados ante el Congreso Federal reafirman la tesis de que la TV transmite al niño un patrón que puede internalizar o servirle de modelo. Se ha comprobado que cuando ese modelo consiste en conducta agresiva, mayor es la tendencia hacia el comportamiento delictivo debido a que los niños expuestos a escenas violentas en la TV se acostumbran a estas, las entienden como socialmente aceptables y las imitan. El Grupo de Trabajo Multidisciplinario para Combatir la Criminalidad sostiene que los medios de comunicación masiva podrían ser considerados los principales vehículos de condicionamiento social. Se ha encontrado que un estudiante de tercer grado asiste a la escuela un promedio de 900 horas al año, sin embargo está expuesto a 1,170 horas anuales frente al TV. Los sicólogos han resaltado el impacto que tienen los anuncio comerciales sobre la internalización de patrones de conducta violenta. Según estos, la utilización de mensajes subliminales que reflejan

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ansiedad y violencia, que crean expectativas y ofrecen soluciones, diseñan valores que retan el respeto a la vida y la dignidad humana. Planteamientos similares se han hecho respecto a juguetes que inducen y promueven la violencia y la conducta agresiva en los niños. Se ha reconocido que los juguetes constituyen un elemento importante para el desarrollo físico y mental de la niñez. Ante esta realidad, la Asamblea Legislativa considera imperativo establecer un mecanismo que contribuya a la prevención de la conducta criminal y, a su vez, promueva aún más las garantías ya existentes de seguridad y protección a los niños ante la peligrosidad de ciertos juguetes. Esta medida crea una Junta Asesora, adscrita al Departamento de Asuntos del Consumidor, compuesta de siete miembros que representen el sector comercial, la industria de la televisión, el campo de la publicidad y el interés público. Esta Junta tendrá entre sus funciones diseñar un sistema de clasificación de programas de TV, conforme al contenido de los mismos. El Gobierno local no puede regular la TV, porque eso es de jurisdicción federal, pero sí trata de promover la autorregulación por parte de los medios de comunicación. La Junta asesorará al Secretario en la identificación y evaluación de juguetes considerados peligrosos para los niños o aquellos que fomenten la violencia. La Junta y el Secretario prepararán un informe anual conjunto, exponiendo sus logros, metas, objetivos y recomendaciones, el cual será sometido al Gobernador y a la Asamblea Legislativa. La medida prohíbe a toda agencia gubernamental, corporación pública, departamento, negociado o demás, que se anuncien o patrocinen segmentos televisivos que no estén clasificados o que se recomienden para adultos. El secretario tendrá la potestad para imponer multas tras infringir esta regla. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. (1994). Re: Proyecto del Senado 507 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. El Proyecto 507 tiene el endoso del Administrador de ASSMCA. "Es ya un hecho trillado que los niños de PR están bombardeados por fantasías televisadas de violencia y además, por hechos reales y crudos de la violencia que vivimos diariamente. Un sistema de clasificación de programas y de juguetes peligrosos puede contribuir significativamente a aumentar la moderación de quienes tienen derecho legítimo a comerciar estos productos. Quiero recomendar, sin embargo, que un miembro de la Junta Asesora adscrita al Departamento de Asuntos del Consumidor sea un profesional experto en la Promoción de la Salud Mental y la Prevención de Trastornos Mentales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la cual está adscrita

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al Departamento de Salud. Por participar de los trabajos de la Junta esta persona no recibiría apoyo económico alguno de dietas ni ningún otro beneficio. Esta persona debe tener acceso a los recursos humanos y fiscales de la ASSMCA, especialmente de los servicios de promoción de la salud mental." Canal 40 ­ WMTJ-TV. (1994). Ponencia del Sr. José F. Méndez, Jr., Gerente General del Canal 40 ­ WMTJ-TV ante las Comisiones de Gobierno y de Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Como Gerente General de una estación de TV cultural y educativa sin fines de lucro entiendo la necesidad de reducir y/o proyectar menos violencia en los programas que se transmiten a través de los diferentes canales de TV. Por otro lado, aunque visualmente la TV es el medio que más claro proyecta la violencia, otros medios como la radio también incluyen en su programación programas que contribuyen al deterioro de nuestros valores sociales. Esto me lleva a pensar que la composición de la Junta Asesora se debería expandir para incluir otros líderes de medios de comunicación tales como la prensa y radio. Siendo el crimen uno de los principales causantes de la decadencia de nuestra calidad de vida, estoy de acuerdo en la formación de la Junta Asesora del DACO siempre y cuando: 1) Esta Junta no se cree con el propósito de regular la programación de los canales de TV pública y privada del país, ni los otros medios de comunicación; 2) Que se incluya en el sistema de clasificación a las estaciones de radio; 3) Esta Junta no pretenda regular los anuncios que aparecen en los diferentes canales de TV, ya que se entraría en una violación de sus derechos; 4) Se cree esta Junta con el propósito principal de recomendar un sistema de clasificación de programas de TV y radio de acuerdo a su contenido; 5) Esta Junta pueda recomendar al DACO otras formas de ayudar a aminorar los programas violentos en TV y radio; 6) Esta Junta le permita someter recomendaciones a otros líderes de la industria de los medios de comunicación en torno al sistema de clasificación de programas. La Junta entonces evaluaría las recomendaciones y aceptaría las que entiendan cumplan con los objetivos de su creación. De aprobarse la creación de dicha Junta recomiendo que se lleve a cabo un estudio cuantitativo en el que se analice el tipo de programación en todos los canales de TV (públicos y privados) y sus horarios, particularmente documentando el contenido de estos. Este estudio podría incluir la percepción de tanto los padres, como los hijos en términos de la violencia en la TV. Otra recomendación es la creación de un programa que contribuya a la autorreglamentación de programas de TV y radio, tal como un programa de reconocimiento a la estación de TV y la estación de radio con la mejor

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calidad de programación para niños y jóvenes. De igual manera se debería crear una campaña de servicio público que exhorte a los padres a eliminar de sus hogares los juguetes que promuevan la violencia en los niños y a fomentar el que sus niños no sean expuestos a programas con alto contenido de violencia. Entiendo que es importante dar a conocer públicamente los estudios en el campo de la criminología y la sicología que señalan como significativa la relación entre los medios de comunicación y la conducta delictiva que se patentiza en jóvenes de 12 a 18 años. Aponte Martínez, L., Cardenal. Ponencia del Sr. José F. Méndez, Jr., Gerente General del Canal 40 ­ WMTJ-TV ante las Comisiones de Gobierno y de Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Consideramos muy acertado este Proyecto. No solamente endosamos esta magnífica iniciativa, sino que nos permitimos sugerir la posibilidad de que estas comisiones den un paso más atrevido y consideren la posibilidad de adoptar un código de ética para los medios de comunicación como se ha hecho en muchos otros países. No se trataría de limitar en forma alguna, o violar los derechos de los medios de comunicación, sino más bien de brindarles un servicio para su autorregulación y velar, como vela la misma FCC por el cumplimiento de las normas que se sugieren. Si nadie puede acusar a la FCC de violar los derechos, tampoco se podrá acusar al código de hacerlo. Rodríguez, C. (1994). 14 de febrero de 1995 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Recomiendo que se introduzcan las siguientes enmiendas al P. del S. 507 para: 1) Prohibir a las agencias de gobierno que se patrocinen o se anuncien en segmentos donde

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se transmiten programas que no estén clasificados, o con alto contenido de violencia, sexo o situaciones de doble sentido y que por lo tanto, se recomiendan sólo para adultos; 2) Imponer multas administrativas de $500 a $1,000 por infringir esta prohibición; una cuarta parte de la multa deberá ser satisfecha por el jefe de la agencia; 3) Ingresar los fondos que generen las multas a una cuenta especial para cubrir los gastos de funcionamiento de la Junta Asesora; 4) Requerir a la Junta y al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor que rindan un informe anual al Gobernador de PR y a la Asamblea Legislativa, en el que se expongan los logros, metas, objetivos y recomendaciones, conforme a las funciones y propósitos por los cuales se crea la Junta. Rodríguez, C. Declaraciones del Senador Charlie Rodríguez en Torno al Proyecto del Senado 507 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Las estrategias gubernamentales para controlar el crimen han tenido logros significativos en la reducción de la mayoría de los delitos violentos. No obstante, la labor más importante está en prevenirla y la mejor forma es rescatando los valores que una vez destacaron a nuestra sociedad como una pacífica fundada sobre el respeto de los derechos humanos. Investigaciones en el campo de la criminología y de la sicología criminal han establecido una relación significativa entre los medios de comunicación y la conducta delictiva que se patentiza, por lo general, en jóvenes entre las edades de 12 a 18 años. Estudios presentados ante el Congreso Federal reafirman la tesis de que la TV transmite al niño un patrón de conducta que puede internalizar o servirle de modelo. Se ha comprobado que cuando ese modelo consiste en conducta agresiva, mayor es la tendencia hacia el comportamiento delictivo debido a que los niños expuestos a escenas violentas en la TV se acostumbran a éstas, las entienden como socialmente aceptables y las imitan. Se ha destacado también el impacto que los anuncios comerciales tienen sobre la internalización de patrones de conducta violenta. Planteamientos similares se han hecho con respecto al uso de juguetes que inducen y promueven la violencia y la conducta agresiva en los niños. A tales efectos, la Junta Asesora propuesta desarrollará un sistema de clasificación de programas de televisión, conforme al contenido de los mismos, con el fin de promover la calidad de los mismos y estimular para que la industria de la TV adopte en forma voluntaria y mediante autorreglamentación los parámetros de horario y contenido recomendados. La Junta también asesorará al Secretario del DACO en la formulación de medidas de seguridad y protección de nuestros niños en lo respectivo al programa de identificación de juguetes peligrosos o aquellos que puedan fomentar la violencia.

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Rodríguez, C. (1995). Ponencia sobre el P. del S. 507 ante la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. En la comunidad de investigadores en los Estados Unidos hay consenso sobre el hecho de que la TV definitivamente contribuye a la violencia y agresión. Casi todos los estudios científicos sobre este asunto respaldan la posición que la violencia televisiva promueve el comportamiento agresivo y antisocial. También hay evidencia de dessensibilización del individuo y algunos estudios sugieren que las personas se endurecen emocionalmente después de estar expuestas a imágenes violentas. El Profesor Michael Morgan en la Primera Conferencia Internacional sobre Violencia en los Medios Electrónicos, celebrada en PR en el mes de noviembre de 1994, indica que las investigaciones realizadas en los EU reflejan que en la TV hay violencia en siete (7) de cada diez (10) programas presentados en horario estelar y cada semana la mitad de todos los personajes representan actos violentos. La Asociación Americana de Sicología ha informado que, si los niños ven de dos (2) a cuatro (4) horas de TV al día, cuando hayan terminado la escuela elemental habrán presenciado 8,000 asesinatos y más de 100,000 actos violentos. De igual modo, estudios sometidos al Congreso de los EU confirman la tesis que la TV transmite al niño un patrón de conducta que puede internalizar o servirle de modelo. Cuando ese modelo consiste de conducta agresiva, mayor es la tendencia hacia el comportamiento antisocial. Los niños expuestos a escenas violentas en la TV se acostumbran a éstas, las entienden como socialmente aceptables, y las imitan. En PR, la Dra. Ruth Silva de Bonilla realizó investigaciones al respecto. Ella sugiere que los medios de comunicación masiva podrían ser considerados los principales vehículos de condicionamiento social y de reproducción global del sistema, sustituyendo en esa función a estructuras anteriores, como son las estructuras escolares. Otros estudios han sido presentados por la Profesora Olga E. Resumil en el artículo "Aspectos Psicológicos de la Criminalidad: La Psicología Criminal y los Medios de Comunicación", publicado en el 1982 en la Revista del Colegio de Abogados, y por la Dra. Daraciela Vargas, de la Facultad de Educación de la UPR en su trabajo titulado "Violencia en los Medios: Estudios sobre el Impacto del Contenido Violento en los Programas de Televisión en la Tele-audiencia". Cuando se analizan las posibilidades de adoptar regulación sobre el contenido de los programas televisivos tenemos que reconocer que este campo está ocupado por la Ley Federal de Comunicaciones. Estas representan limitaciones estatutarias y restricciones de carácter constitucional en torno a la libre expresión no impiden que el gobierno pueda actuar. La Asamblea Legislativa está facultada para aprobar leyes en protección de la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo. El Departamento de Justicia analizó el

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presente proyecto (P. del S. 507) y concluyó que no restringe la libertad de expresión. Su finalidad es promover que la industria de la TV adopte medidas de autorregulación, parámetros de horario y contenido recomendados. Como corolario, también se promueve la calidad de la programación que se transmite en la TV. El proyecto también involucra la responsabilidad de las agencias de gobierno y de los jefes de agencias ya que prohíbe que las agencias de gobierno se promuevan en programas no clasificados o recomendados sólo para adultos e impone una multa, la cual parte de ella tendrá que ser satisfecha por el jefe de agencia. Comisión de Servicio Público. (1995). 9 de junio de 1995 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Se le había solicitado a la Comisión de Servicio Público que estudiara la posibilidad que la propuesta Junta Asesora estuviera adscrita a la Comisión de Servicio Público en lugar del Departamento de Asuntos del Consumidor. A partir de las facultades otorgadas por la Ley 109 del 28 de junio de 1962, es la Comisión el organismo gubernamental facultado para autorizar, reglamentar y fiscalizar las empresas de telecomunicaciones. Por tal razón no tienen objeción alguna a que la Junta Asesora sea adscrita a la Comisión de Servicios Público. No obstante, la agencia gubernamental con la facultad para la evaluación de los juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños es el Departamento de Asuntos del Consumidor. El Reglamento de Calidad y Seguridad, aprobado en virtud de la Ley 5 del 23 de abril de 1973 y la Ley 228 del 12 de mayo de 1942 establece que se prohíbe la venta de artículos peligrosos para niños, especialmente los siguientes tipos: juguetes con peligros mecánicos (puntas afiladas, bordes cortantes, clavos internos, quebradizos, con peligro de asfixia o piezas que puedan desprenderse), juguetes que proceden sonidos de magnitud que puedan causar sordera, juguetes operados por electricidad que puedan causar quemaduras o descargas eléctricas, juguetes hechos para lanzarse que puedan causar daño por su forma, fabricación o manera de usarlo, juguetes con peligros químicos tales como envenenamiento, quemadura e irritación de tejido y juguetes y productos inflamables. Debido a que la Junta Asesora sólo asesoraría en cuanto a los juguetes y no los reglamentaría, la Comisión aceptaría las nuevas responsabilidades. Recomendamos que se enmiende la composición de la Junta Asesora para que se incluya al Presidente(a) de la Comisión de Servicio Público y al Secretario(a) del Departamento de Asuntos del Consumidor, quien acogería las recomendaciones de la Junta. También recomendamos que las estaciones elijan a uno o dos representantes ya que estos se van a autorreglamentar y deben tener voz en la misma.

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Comisión de Servicio Público. (1995). 16 de mayo de 1995 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. La violencia, las drogas y la ola criminal han venido en aumento, arropándonos y perturbándonos cada vez más, creando desasosiego e inseguridad en nuestro pueblo. Encuestas realizadas han reflejado que la mayoría de los que incurren en las conductas delictivas antes mencionadas son menores. A raíz de este patrón se han realizado estudios que han determinado que los medios de comunicación, especialmente la televisión, tienen una estrecha relación con esta conducta delictiva ya que los niños expuestos a escenas violentas las entienden como aceptables y las imitan. La mayoría de nuestros niños están sentados frente al televisor al menos 8 horas diarias y a veces dentro de la programación se pasan anuncios de juguetes, pudiendo crear confusión y deseos de imitar lo que ven. En lo que respecta a los programas de TV, el campo está ocupado por el gobierno federal mediante las leyes federales de comunicaciones. Por esta razón sería un logro el que la industria de la TV pudiera autorreglamentarse para conseguir los propósitos de esta medida en cuanto a diseñar un sistema de clasificación. En cuanto a la identificación de juguetes peligrosos, también el gobierno federal tiene el campo ocupado con el "Federal Hazardous Substances Act", el cual establece los parámetros para declarar un juguete peligroso. Estamos de acuerdo en que se le prohíba a las agencias gubernamentales patrocinar o anunciarse en segmentos no clasificados o recomendados para adultos. Por tanto, la Comisión de Servicio Público endosa esta medida. Rivera de Ríos, T., Torres de Padilla, I., & Feliberti de Robles, D. (1995). Ponencia respaldo parcial al P. del S. 507, del 1 de diciembre de 1993 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Las organizaciones ciudadanas voluntarias sin fines de lucro suscribientes reconocemos como meritorio el esfuerzo legislativo de que la televisión transmita a nuestra niñez, especialmente, programas de naturaleza educativa, capaces de forjar

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personalidades saludables, dentro de la realidad puertorriqueña e internacional, del ser humano en todas las dimensiones del saber. Recomendamos se revisen cuidadosamente nuestras objeciones al Proyecto y se enmiende o desapruebe el mismo para producir un documento legislativo que: 1) garantice cabalmente la libertad de palabra y prensa, de expresión, a la igualdad, contra el discrimen, entre otras básicas, incorporadas en la Carta de Derechos de la Constitución del ELA de PR; 2) se estructure una Junta Directiva u organismo similar representativa de y elegida por las organizaciones múltiples, de variados intereses ciudadanos, que participaron en la Cumbre (sobre la Violencia en la Televisión) anterior. Una Junta como parte de un Departamento gubernamental estará limitada en sus funciones, será parte de la complicada burocracia del mismo y de la administración pública en general, y estará sometida a los vaivenes de cambios político partidistas en la agencia y en la política pública legislativa y del ELA. Tal ambivalente función y funcionamiento es inaceptable. Originalmente se intentaba diseñar un sistema de clasificación de programas de TV de acuerdo al contenido y recomendar su aportación voluntaria por parte de las televisoras y se intentaba establecer que la televisoras establecieran unos horarios menos accesibles a los niños en general como audiencia. Estos dos conceptos, especialmente el de horarios, no se especifica a pesar de ser casi el más factible e importante. [El artículo 6-B] se contradice con el propósito de la Ley. Se dice que la autorreglamentación es voluntaria, por tanto no obligatoria, pero se castiga a las agencias que compren anuncios o pauten similares en programas no clasificados o que se recomienden para adultos solamente y se autoriza al Secretario del DACO a adoptar los reglamentos necesarios para cumplir con las disposiciones de este artículo. Radica en esta acción el grave peligro de violación de derechos civiles. Por lo antes expuesto sometemos un endoso parcial a este proyecto. De mantenerse el mismo curso del Proyecto sin cambio alguno, no lo endosamos. Recomendamos: 1) el estudio adicional del Proyecto por la Comisión de Derechos Civiles y otros afines que clarifiquen las serias dudas que surgen del mismo; 2) se analice cuidadosamente el límite de "clasificación" de contenido de programas ya que entraría obligatoriamente la Junta en lo que puede resultar censura, al cualificar la "violencia" como tal; 3) los peligros de autorizar censura disfrazada de clasificación de la violencia deben especificarse. Es el asomo de la represión aunque se diga que son otras las intenciones. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. (1994). 22 de febrero de 1994 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende

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para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. El Sr. Jorge Inserni, Director Ejecutivo de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, concuerda con las expresiones del Representante Charlie Rodríguez respecto a los graves efectos que ejerce la programación violenta sobre los jóvenes de edades de 12 a 18 años, sobre nuestros niños y nuestra calidad de vida en general. Establece que la programación difundida por la Corporación es estrictamente evaluada antes de su transmisión. Visualizan y dirigen sus esfuerzos a educar a los niños como seres humanos de alto sentido de responsabilidad social. Tanto la programación para niños como para adultos está libre de violencia y de escenas de contenido sexual. El proyecto que se propone (de clasificación de programas) es bueno porque contribuye a informar al televidente de qué programación está disponible. No obstante, vivimos en una época donde muchos padres dejan al albedrío de los hijos la selección de programas, especialmente en horas de la noche. Considerar alguna alternativa que regule esta situación como parte del proyecto lo haría uno más abarcador, siempre que se resguarden las prerrogativas que por ley tienen las estaciones de TV. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. (1994). Ponencia al Senado de Puerto Rico P. del S. 507 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Los orígenes de la violencia y sus distintas manifestaciones en PR tienen múltiples ingredientes que hacen difícil identificar causas específicas y razonables. No obstante, estamos de acuerdo en que existe una relación muy estrecha entre los distintos medios de comunicación, especialmente la televisión, y la conducta agresiva de los jóvenes entre las edades de 12 a 18 años. Diversas autoridades en el campo del comportamiento humano han advertido desde hace mucho tiempo los peligros de la excesiva exposición a eventos de violencia y de actos sexuales depravados, con resultados adversos para la calidad de vida. Evidentemente la TV ejerce una influencia poderosa en el comportamiento de los adolescentes, precisamente en la etapa en que se desarrolla su carácter moral para la vida en sociedad. Nuestro Gobierno está comprometido en una lucha tenaz contra la criminalidad y debe proyectarla como una coordinada, coherente y armoniosa hacia el mismo objetivo. Patrocinar programas de alto contenido de violencia o de abierta exposición sexual por un lado y combatirla en otros frentes equivaldría a una postura ambigua e inconsistente que pondría ante nuestro pueblo un ejemplo muy débil sobre la manera de manejar asuntos tan sensitivos.

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Nos parece razonable recomendar que se aclare la duración de la reglamentación para el patrocinio, ya que antes y después de tales programas o segmentos de violencia o sexo, hay espacios en que el Gobierno podría anunciarse sin caer en el ámbito del patrocinio a que hace referencia esta medida. Apoyamos el propósito de estas enmiendas contenidas en el Proyecto del Senado 507. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. (1994). Ponencia al Senado de Puerto Rico P. del S. 507 ­ 12 de abril de 1994 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública mantiene un comité de evaluación para toda nuestra evaluación. Este comité utiliza los siguientes parámetros en la presentación de toda propuesta orientada a nuestra programación. Los mismos permiten clasificar por categorías las propuestas presentadas: 1) educativa ­ programas conducentes al aprendizaje informal de destrezas, actitudes o valores, conceptos o función social; 2) instructiva ­ programas conducentes al aprendizaje formal y sistemático sobre destrezas, actitudes, conceptos o funciones sociales; 3) cultural ­ programas que presentan de manera explícita la cultura puertorriqueña o universal, uso de la lengua verbal o no verbal, la historia, costumbres, tradiciones, etc.; 4) informativa ­ programas sobre asuntos de interés público y servicios a la comunidad, promueven la aplicación del pensamiento crítico y propician una actitud de reflexión; 5) entretenimiento ­ programas de sana diversión encaminados a lograr relajamiento a través de la música, el baile, el juego, la comedia, el teatro, obras de ficción y otras expresiones artísticas; 6) deportes ­ programas donde se presentan actividades donde el ejercicio físico y el intelectual se realizan de modo competitivo y reglamentado con fines de mejorar la salud física y mental del individuo en un ambiente de diversión. La Corporación favorece la medida legislativa sujeta a que la misma no pretenda imponer o reglamentar la programación televisiva por ser esta un área de jurisdicción federal. Sin embargo, como instrumentalidad del Gobierno, apoyamos la intención de la misma como un mecanismo dirigido a promover la calidad de los programas y mensajes y estimular para que la industria de la TV adopte en forma voluntaria los parámetros de horario y contenido, de acuerdo a su sistema. Entendemos, además, que los medios de comunicación de esta naturaleza, que cuentan con un sistema de clasificación apropiado, facilitan el desarrollo de comportamiento positivo, ya que le transmiten al niño un patrón de conducta que puede internalizar y servirle de modelo.

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Departamento de Asuntos del Consumidor. (1994). Re: P. del S. 507 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. DACO respaldaría el proyecto siempre y cuando se le asigne la administración a otra agencia del Gobierno. Ante los graves problemas de conducta social que enfrentamos en nuestros días, es necesario buscar alternativas y remedios que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida y a la vez fomentar un futuro mejor para las generaciones que hoy se levantan. Muchos de los desarrollos tecnológicos de hoy día, directa o indirectamente, fomentan la agresividad y la violencia en nuestros niños y jóvenes, quienes gran parte del tiempo libre lo ocupan frente a una pantalla de TV. No debemos perder de perspectiva que al ser una acción voluntaria de la industria de la TV (la autorreglamentación propuesta en la medida), sus resultados pueden ser limitados. El Departamento de Asuntos del Consumidor, en su función de orientación y educación al Consumidor, incluye aspectos relacionados con juguetes peligrosos. Al no existir legislación local a este respecto, el Departamento utiliza la legislación federal aplicable. Al amparo del Code of Federal Regulations (16 CFR secc. 1500; 1500.3 y 1500.18) y la PL 92-573, en conjunto con el Reglamento de Calidad y Seguridad, el Departamento ha establecido reglas para ciertos juguetes y otros artículos para niños. Además se distribuyen folletos educativos con guías generales para la selección de juguetes adecuados para la edad y el desarrollo del niño, para que sirvan de apoyo en la adquisición de destrezas. La nueva disposición en la medida que prohíbe a las agencias de Gobierno patrocinar o anunciarse en segmentos de programas no clasificados o que se recomiendan para adultos solamente es una idea creativa que constituye el primer paso y el ejemplo que da el Gobierno. Por otro lado, si se decide aprobar el proyecto, recomendamos que cuando a una persona se le notifique una multa se le provea, como lo hace DACO, la oportunidad de tener una vista en la que un juez administrativo confirma o revoca una multa. De esta manera se seguirá el Procedimiento Administrativo Uniforme establecido en la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada. DACO maneja 14 mil querellas al año, y por la cantidad de leyes que tenemos que manejar, una querella puede tardar hasta 3 años en resolverse, aún cuando la Ley exige que se resuelva en 180 días. Por tal razón solicitamos que se excuse a DACO de administrar nuevas leyes, hasta que podamos cumplir con responsabilidad con aquello que ya nos han asignado. Sugerimos que se asigne la administración de esta ley a una agencia con mayores recursos y con pericia en la materia. Entre las alternativas estaría SENDEC.

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Departamento de Justicia. (1995). 5 de junio de 1995 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. El Departamento de Justicia no tiene objeción legal alguna a la aprobación de la medida. La Junta Asesora diseñará un sistema de clasificación de los programas de televisión que sirva de guía a las estaciones para que reglamenten su programación. La medida no constituye ni impone restricción alguna, ni violenta los derechos constitucionales reconocidos. Tampoco conflige con la legislación federal en materia de comunicaciones. El campo de las comunicaciones se rige por la ley y reglamentación federal "Federal Communications Act" de 1934, creada por la Comisión Federal de Comunicaciones (F.C.C.) Se entiende que la función conferida a la Junta que se propone crear mediante la presente medida no es una de reglamentación de la programación, ni de censura previa y no interfiere ni restringe los derechos de expresión. El sistema de clasificación de programas es meramente directivo, ya que queda al arbitrio de las estaciones de TV la adopción del mismo. Asimismo, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su poder de razón de estado, puede establecer una medida de autorregulación que prohíbe a las agencias e instrumentalidades gubernamentales y los municipios y las subdivisiones políticas del Gobierno de PR anunciarse o patrocinar programas que no estén conforme al sistema de clasificación de la Junta, en aras de proteger la paz pública, la moral, la tranquilidad y el bienestar general de la comunidad. La F.C.C. es la agencia federal encargada de reglamentar las comunicaciones. No obstante, el Congreso, en aras de no monopolizar la TV, dejó la libertad editorial a las emisoras. En materia de censura, se considera ocupado el campo por la ley federal, que inclusive han sido validadas por los tribunales decisiones de la FCC rechazando la adopción de ciertas normas propuestas por una organización de interés público, alegadamente para el mejoramiento de la calidad de la TV para niños (Action For The Children's Television v. F.C.C., 564 F. 2d 458 ­ 1977). Sobre los juguetes de los niños, el Departamento de Asuntos del Consumidor adoptó el reglamento basado en la legislación federal sobre prohibiciones a la venta de artículos peligrosos para niños, especialmente los siguientes tipos: juguetes con peligros mecánicos (puntas afiladas, bordes cortantes, clavos internos, quebradizos, con peligro de asfixia o piezas que puedan desprenderse), juguetes que proceden sonidos de magnitud que puedan causar sordera, juguetes operados por electricidad que puedan causar quemaduras o descargas eléctricas, juguetes hechos para lanzarse que puedan causar daño por su forma, fabricación o manera de usarlo, juguetes con peligros químicos tales como envenenamiento, quemadura e irritación de tejido y juguetes y productos inflamables. La Junta que se pretende crear mediante la presente medida contribuirá al desempeño cabal de las funciones del Departamento de Asuntos del Consumidor. La experiencia de los miembros de la misma

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le proporcionará conocimiento experto necesario para llevar a cabo los propósitos de la medida. Departamento de Justicia. (1995). 25 de abril de 1995 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. El Departamento de Justicia no tiene objeción legal alguna a la aprobación de la medida. La Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su poder de razón de estado, puede establecer una medida de autorregulación que prohíbe a las agencias e instrumentalidades gubernamentales y los municipios y las subdivisiones políticas del Gobierno de PR anunciarse o patrocinar programas que no estén conforme al sistema de clasificación de la Junta, en aras de proteger la paz pública, la moral, la tranquilidad y el bienestar general de la comunidad. Se sugiere clarificar las expresiones "programas no clasificados" y "situaciones de doble sentido" establecidas en la prohibición a las dependencias gubernamentales en cuanto a anunciarse en programas descritos con estas frases. Departamento de Justicia. (1995). 8 de abril de 1994 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida pretende crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. El Departamento de Justicia no tiene objeción legal alguna a la aprobación de la medida. La Junta Asesora diseñará un sistema de clasificación de los programas de televisión que sirva de guía a las estaciones para que reglamenten su programación. La medida no constituye ni impone restricción alguna, ni violenta los derechos constitucionales reconocidos. Tampoco conflige con la legislación federal en materia de comunicaciones. El campo de las comunicaciones se rige por la ley y reglamentación federal "Federal Communications Act" de 1934, creada por la Comisión Federal de Comunicaciones (F.C.C.) Se entiende que la función conferida a la Junta que se propone crear mediante la presente medida no es una de reglamentación de la programación, ni de censura previa y no interfiere ni restringe los derechos de expresión.

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El sistema de clasificación de programas es meramente directivo, ya que queda al arbitrio de las estaciones de TV la adopción del mismo. Asimismo, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su poder de razón de estado, puede establecer una medida de autorregulación que prohíbe a las agencias e instrumentalidades gubernamentales y los municipios y las subdivisiones políticas del Gobierno de PR anunciarse o patrocinar programas que no estén conforme al sistema de clasificación de la Junta, en aras de proteger la paz pública, la moral, la tranquilidad y el bienestar general de la comunidad. La F.C.C. es la agencia federal encargada de reglamentar las comunicaciones. No obstante, el Congreso, en aras de no monopolizar la TV, dejó la libertad editorial a las emisoras. En materia de censura, se considera ocupado el campo por la ley federal, que inclusive han sido validadas por los tribunales decisiones de la FCC rechazando la adopción de ciertas normas propuestas por una organización de interés público, alegadamente para el mejoramiento de la calidad de la TV para niños (Action For The Children's Television v. F.C.C., 564 F. 2d 458 ­ 1977). Sobre los juguetes de los niños, el Departamento de Asuntos del Consumidor adoptó el reglamento basado en la legislación federal sobre prohibiciones a la venta de artículos peligrosos para niños, especialmente los siguientes tipos: juguetes con peligros mecánicos (puntas afiladas, bordes cortantes, clavos internos, quebradizos, con peligro de asfixia o piezas que puedan desprenderse), juguetes que proceden sonidos de magnitud que puedan causar sordera, juguetes operados por electricidad que puedan causar quemaduras o descargas eléctricas, juguetes hechos para lanzarse que puedan causar daño por su forma, fabricación o manera de usarlo, juguetes con peligros químicos tales como envenenamiento, quemadura e irritación de tejido y juguetes y productos inflamables. La Junta que se pretende crear mediante la presente medida contribuirá al desempeño cabal de las funciones del Departamento de Asuntos del Consumidor. La experiencia de los miembros de la misma le proporcionará conocimiento experto necesario para llevar a cabo los propósitos de la medida. Departamento de Servicios Sociales. (1995). P. del S. 507 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. La violencia en la TV actualmente es un problema real, el cual hay que combatir porque forma parte de una larga cadena en la conducta antisocial, de lo cual son eslabones la violencia en general y la criminalidad en todos sus aspectos, lo que afecta a toda la familia. La ciudadanía ha visto en la actualidad cómo los programas televisivos se han tornado insensibles y faltos de responsabilidad hacia la sociedad. El pueblo exige medidas que tiendan a sanear todo el sistema de programación y mejorar la calidad de los

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programas. Lo menos que se le puede pedir a las televisoras es que produzcan mejores alternativas, con la mayor permanencia. La filosofía de las televisoras parece ser el producir lo que a ellos les interesa sin tomar en consideración el bien social, más bien, el producir lo que ellos consideran bueno sin importarle las consecuencias, sin importarle si es perjudicial. Su producto es la violencia generalizada, que produce mayores estragos en las mentes débiles. Hay grupos y personas particulares que proponen un boicot a productos que patrocinan los programas. Estas proposiciones son recomendables porque si estos productores no tuvieran patrocinadores, su producto dejaría de venderse y ellos, al verse perjudicados por la pobre calidad del producto, dejarían de producirlo y tendrían un producto mejorado. Uno de los patrocinadores de productores de televisión es el gobierno. Nos parece contraproducente que el propio gobierno que combate la criminalidad, la delincuencia y la violencia, ofrezca patrocinio a una entidad que daña a la sociedad, a quien el gobierno tiene obligación de proteger. El Departamento de Servicios Sociales le da su endoso al presente proyecto del Senado 507. Belén, I. (sin fecha). Violencia en la Televisión y su Impacto en los Niños. Proyecto 507 Senado de Puerto Rico (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Debe detenerse la contaminación a que sometemos a nuestros niños día a día al enseñarles a crecer con las lecciones de la violencia y la agresión. El Dr. Brandon Centerwall, del Departamento de Epidemiología y Psiquiatría de la Universidad de Washington hipotetiza que si la televisión nunca se hubiese inventado la sociedad norteamericana se hubiese evitado 10,000 homicidios, 70,000 violaciones, 700,000 asaltos. Hace casi 20 años la socióloga Rose Goldsen de la Universidad de Pennsylvania advirtió que los que observan la violencia televisada experimentan un patrón de estimulación e interrupción abrupta (causada por los comerciales) que se asemejan a las técnicas de des-sensibilización usadas por los psicólogos para modificar el comportamiento. En un mundo donde la violencia que parece real es ficticia y la violencia verdadera se hace parecer un juego, ¿cómo puede esperarse que la gente tenga un entendimiento real, serio del significado de la violencia? El mal social de la violencia en la televisión y su impacto en la formación de los niños se ha estudiado intensamente. Nadie reclama que la violencia televisada es la única causa de la epidemia que es la violencia juvenil. Reconocemos que este es un fenómeno con múltiples causas. Sin embargo, el planteamiento que traemos a su consideración es que de todos esos posibles factores, la variable "violencia televisada" ha sido estudiada en forma responsable, extensa y científica. Hay más investigación publicada en este

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campo que en cualquier otro asunto social de nuestro tiempo. Y la evidencia de cerca de tres mil (3,000) estudios sobre este tema, 85 de ellos esfuerzos de investigación importantes, llevan a la misma conclusión: la violencia en los televidentes. En un esfuerzo anterior con este mismo fin en los EU, se escucharon argumentos de las telecadenas tales como: "la TV tiene el efecto de provocar una catarsis a la persona de por sí violenta, lo cual reduce la incidencia de actos criminales". Este argumento no tiene fundamento científico alguno. En 1972 el Cirujano General de los EU señaló que había evidencia relacionando la violencia televisada y la conducta agresiva. En 1976 lo hizo la Asociación Médica; en el 1984, la Asociación de Pediatras; en 1982, el Instituto Nacional de Salud Mental; en 1975, la Asociación Nacional de Padres y Maestros; y en 1985 y 1992, la Asociación de Psicólogos Americanos. En 1954 existía un Código de la TV, el cual, anticipando el caos que se acercaba, establecía reglas y parámetros claros de buen gusto y prudencia. Lamentablemente, este documento de declaró inconstitucional en 1984. En PR, diversas instituciones y ciudadanos fundamos el Frente Unido Pro Mejoramiento de los Medios de Comunicación. Intentamos dialogar, sin mucho éxito, con los productores de TV. La invitación a la moderación no fue aceptada. Sólo ante la amenaza de retirar el respaldo de los productos auspiciadores provocó algún cambio menor. Sin embargo, toda esta gestión nos provoca la sensación de que no hay un compromiso, una preocupación genuina por hacer cambio. Como resultado de las audiencias ante el Congreso Norteamericano y para evitar la fiscalización directa del gobierno, por un período de dos años se adoptó un plan mediante el cual los representantes de ABC, CBS, Fox y NBC se comprometieron a evaluar la efectividad de advertir a los padres anticipadamente acerca del contenido de programas violentos de modo que los padres puedan supervisar lo que ven sus hijos. Se intentaría, además, reducir la incidencia de violencia en los programas y se trabajará para perfeccionar un tipo de control para el televisor que permite a los padres dejar fuera los programas que deseen. Una comisión rendirá al Congreso informes periódicos de estos esfuerzos. Las recomendaciones: 1) Educar en torno al peligro que implica la exposición de los niños a la violencia televisada debe ser parte de la agenda de salud pública de nuestro país. No se trata de censurar ideas, sino de proteger vidas humanas. 2) Una vez se tiene acceso a la vasta información que existe sobre este asunto, el que los padres continúen indiferentes, sin hacer nada, debe considerarse una violación al inciso f del artículo 4 de la Ley 75 del 28 de mayo de 1980: Ley de Protección a Menores, pues constituye una forma de negligencia ya que se trata de "Exponer o no proteger al menor de ejemplos corruptores". 3) Los padres deben, no sólo supervisar los programas que ven sus hijos, sino ver con ellos sus programas favoritos de forma que puedan explicarle que la violencia televisada es fingida y promover que los niños sean más críticos de lo que ven. 4) Las advertencias y clasificaciones que aparecen antes de cada programa deben ser precisas en cuanto a la naturaleza del contenido violento de los programas que presentarán. Debemos exigir programación saludable que refleje valores constructivos.

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Iglesia Episcopal Puertorriqueña. (1994). 12 de abril de 1994 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Vemos con buenos ojos la intención de sus Comisiones (de Gobierno y de Asuntos del Consumidor), pero la misma merece unos comentarios. La palabra violencia emana de la acción violenta "que significa obligar, forzar a una persona o cosa por medios violentos, entrar en un aparte contra la voluntad de su dueño". La violencia coarta e impide la paz, la tranquilidad, el orden y atenta contra la dignidad humana. Si de antemano se sabe que el poder legal que controla las comunicaciones en PR está en manos del Gobierno Federal, y que la función última de la Junta es sugerir a las televisoras, ¿dónde está el poder legal? ¿Para qué la ley? Esta Junta estaría compuesta por tres representantes muy poderosos del comercio extranjero y local, y los cuatro representantes del pueblo que no sabemos quienes podrían ser, pueden ser "tragados" por ellos. No obstante, si se logra eliminar o aminorar las películas violentas, los muñequitos violentos y los programas en vivo violentos, las generaciones futuras se lo agradecerán. Nosotros les urgimos a que como Asamblea Legislativa incluyan en su gestión las siguientes consideraciones. El ser humano, además de su herencia biológica, es el resultado de su proceso de socialización, al que aportan el Gobierno y la Iglesia. La violencia que sufre nuestro país hoy día expresada en diferentes niveles de nuestra interacción social es el resultado de la ineficiencia de las instituciones aludidas. No debemos olvidar que el amor es aprendido, y el odio también. Los valores edificantes son aprendidos también, y los destructivos de igual manera. Los partidos políticos se han convertido en super-estructuras cuyo fin es defender los intereses económicos y políticos de un pequeño grupo en detrimento del colectivo, y eso es violencia institucionalizada. El gobierno actual y pasado sirve a los intereses del partido que los llevó al poder y eso es violencia gubernamental. El gobierno, en aras de una "buena imagen" y cumplir con la consigna de "mano dura contra el crimen" viola los derechos civiles y los derechos humanos de la gente humilde y desfavorecida de nuestro pueblo. Eso es violencia institucionalizada. El Estado no puede hacer, amparado en "un buen propósito", aquello que condena como criminal, y la violación de los derechos civiles es un crimen. Por lo tanto, violencia del gobierno. Un pueblo violentado se vuelve violento y busca la manera de expresar esa violencia. El Estado como representante del pueblo tiene que buscar soluciones creativas a los problemas de violencia civil que nos aqueja. Si los controles de la industria de las comunicaciones televisivas y radiales en nuestro país no pueden no pueden ser controladas por nuestra legislatura, entonces deben aceptar que somos víctimas de violencia política ejercida por la metrópolis. La desigualdad social es la causa principal de la violencia en PR. No debemos ser ingenuos, la violencia fue importada. Todos vemos día a día por nuestras pantallas de

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TV la violencia verbal y hasta física que esgrimen los políticos de más alto nivel y cómo aceptamos que matar en la guerra es bueno pero en la calle no. Además de lo que ustedes proponen sugerimos lo siguiente: 1) Legislar fondos para auspiciar un programa de prevención contra la violencia a todos los niveles en nuestro país; 2) presentar foros y discusiones a panel por gente con peritaje en el campo de las Ciencias Sociales, sociólogos, psicólogos sociales y clínicos, teólogos serios, constitucionalistas y religiosos responsables de las diferentes iglesias cristianas y otras expresiones religiosas; 3) legislar y darle vigencia a un código de ética serio en el gobierno que erradique por su cumplimiento la violencia gubernamental; 4) hacer películas y programas para educar a la comunidad como se hacía en el pasado. Jewish Community Center of Puerto Rico. (1995). 19 de mayo de 1995 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Esta organización plantea que los miembros de la Junta Asesora deberían ser miembros activos de la Cumbre [sobre la violencia en la televisión], ya que garantizaría un involucramiento de mayor compromiso demostrado ya al asistir a la Cumbre. Tememos a la burocratización de la Junta. Con respecto al punto de los juguetes, sugerimos se tomen en cuenta los "video juegos". No sólo los ubicados en establecimientos, sino los que se consumen para utilizarlo en la computadora de la casa (nintendo, p.e., etc.). La violencia de esos juegos supera en mucho el efecto que un revólver o fusil de juguete puede causar en los niños. Nuestra Comunidad ya sugirió la re-clasificación de los programas mal llamados "infantiles". El contenido de violencia, de carencia de valores afectivos y de familia en muchos de ellos debe llamarnos a la reflexión (Cartoons, El Chavo, etc.) Queremos sugerir que el contenido de los noticiosos sea motivo de revisión. No puede ser que los cadáveres envueltos en sangre se exhiban en horarios centrales, y el detallismo de robos y asesinatos sean las noticias centrales de un informativo. Sugerimos, a 50 años del genocidio nazi y cuando la falta de respeto al prójimo, a su integridad física y a sus derechos humanos son lamentablemente algo cotidiano, se incluyan como "violentos" en la clasificación programas que fomenten el racismo y la discriminación, estereotipando a minorías. Proyecto Caribeño de Justicia y Paz. (1995). 22 de mayo de 1995 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al

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Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Se le solicitó al Proyecto Caribeño de Justicia y Paz que opinara sobre la ubicación de la Junta Asesora en alguna agencia gubernamental. Esta organización recomienda que la Junta Asesora no esté asociada a ninguna agencia gubernamental, sino que sea un organismo independiente, para así evitar la burocracia. Entre los propósitos de esta organización está el crear conciencia del impacto sicológico y emocional del juego y del juguete en el proceso de socialización de los niños, niñas y jóvenes. Nuestra propuesta es el rescate del valor del juego, del juguete y de la diversión pacífica. Hace 9 años venimos denunciando la influencia e impacto de la TV, las tirillas cómicas, los juegos, las películas y los videos que promueven la violencia y el militarismo como diversión. Estos presentan una visión del mundo donde todo se resuelve con golpes, violencia, agresión y acciones armadas; hacen ver la violencia como algo normal, natural y necesario para la supervivencia humana. Nosotros tratamos de presentar una visión de mundo donde es posible construir la paz fomentando la justicia y la solidaridad. Sobre la composición de la Junta Asesora, desde un inicio hemos propuesto que la misma sea un organismo representativo de todos los sectores de la sociedad civil, libre de presiones de carácter político, religioso y económico. Nuestra propuesta es que la Junta Asesora esté integrada por representantes de las entidades y organismos presentes en la "Cumbre sobre violencia en la televisión", que la selección de los integrantes nombrados para la Junta se haga por consenso y discusión interna de los participantes de la Cumbre y no nombrados por el Gobernador y que el Presidente o Presidenta de la Junta sea designado por el grupo. Proponemos que se establezca un reglamento y normas de procedimiento interno que garanticen la participación y el consenso. Tenemos serias dudas sobre el sistema de clasificación de programas de TV. ¿Qué tipo de programas se van a clasificar: las producciones hechas en PR o los programas importados o enlatados? ¿En qué medida se garantiza la participación ciudadana para el diseño de un sistema de clasificación? ¿Cómo conjugar los controles que el Gobierno pretende establecer versus el sistema de comunicación regulado por la FCC? Endosamos los esfuerzos para la identificación y evaluación de juguetes con potencial de calificarse como peligrosos y aquellos que pudiera inducir y fomentar la violencia en los niños. No endosamos el que se le paguen dietas a los miembros de la Junta. Nos preocupa que los esfuerzos de esta medida se queden sólo en la intención y que estemos financiando una burocracia para no hacer nada. Los miembros de las organizaciones cívicas, religiosas y sindicales que hemos participado en la Junta tienen extraordinarios recursos que están dispuestos a dar de su tiempo y talento sin ninguna remuneración económica. El presupuesto asignado no es suficiente para fiscalizar la programación televisiva. ¿Cómo se hará cumplir el sistema de clasificación? Finalmente cuestionamos por qué y para qué se anuncia el Gobierno, el cual figura como uno de los principales inversionistas en publicidad. Creemos que no es necesario anunciar aquello para lo que están obligados, y si fuera tan necesario y vital el reconocimiento público,

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entonces los anuncios deberían ser para educar y promover la convivencia y la responsabilidad ciudadana. Oficina de Servicios al Niño y Desarrollo Comunal, SENDEC. (1995). P. del S. 507 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. SENDEC respalda y apoya este proyecto. No obstante, la Agencia no puede asumir la responsabilidad que propone este proyecto ya que no está enmarcada dentro de la filosofía de SENDEC, la cual está dirigida a otros fines. Las leyes que rigen los programas que SENDEC maneja no proveen para que se involucren en procesos de regulaciones a la ciudadanía. Nuestro endoso se basa en que sabemos que hay estudios que demuestran que los niños entre edades de 4 a 7 años pasan frente al TV un promedio de 8 horas diarias, los de 11 años un promedio de 12 horas diarias y los de 15 años un promedio de 10 horas. Muchos de los programas que los niños observan tienen un alto grado de violencia y los puntos de vista a los cuales se expone el niño son contrarios a los valores morales y sociales de la familia. Está comprobado que los niños expuestos a estos programas exhiben agresividad, malos hábitos de alimentación, bajo aprovechamiento escolar y consumerismo inadecuado. Podemos concluir que la TV fomenta la agresividad ya que todos aprendemos modelando los comportamientos. Los héroes de la TV consiguen todo lo que ambicionan con agresividad, peleando e insultando. Los estudios indican que los niños que están expuestos a programas violentos seleccionan juguetes bélicos mientras que los niños que observan programas pasivos seleccionan juguetes de paz. Por lo tanto, hay correlación entre los programas violentos y la conducta agresiva. Los estudios y datos mencionados nos llevan a las siguientes conclusiones: 1) los niños de 2 a 5 años imitan sin saber las consecuencias de lo que están observando; 2) los niños pueden creer que la violencia es buena alternativa para la solución de problemas; 3) los niños al estar expuestos a tanta violencia la internalizan y la hacen socialmente aceptable; 4) la TV expone al niño a la publicidad de juguetes inadecuados. Hay un gran número de estudios que confirman que los niños prestan mucha atención a los anuncios los cuales influyen en inclinar al niño hacia los productos además de despertarles el deseo de obtenerlos.

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Sociedad Bíblica de Puerto Rico. (1995). Presentación de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico Representada por el Dr. Wilfredo Estrada Adorno para Defender el Proyecto del Senado 507 en Vista Pública de la Comisión de Asuntos al Consumidor de la Cámara de Representantes (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. La Sociedad Bíblica de Puerto Rico ofrece apoyo incondicional a la aprobación del Proyecto del Senado 507. La violencia, el lenguaje de doble sentido y las escenas de alto contenido sexual que se presentan a través de la pantalla chica no son meramente un asunto moral y religioso. Estos males son de competencia pública por sus efectos nocivos en la salud mental del pueblo. Los estudios científicos sobre el impacto negativo de la violencia, el lenguaje de doble sentido y las escenas de profundo contenido sexual no dejan duda alguna sobre cómo afectan negativamente la conducta de nuestros niños. Nuestros niños y jóvenes que se convierten en los principales consumidores de este bombardeo de violencia sexual y lenguaje fuerte, no sólo reciben una enorme desinformación en sus años formativos, cuando están en desventaja de poder discernir la verdad, sino que siguiendo este patrón que reciben a través de la TV conforman sus vidas bajo el modelo de lo que ven y lo que oyen. Rechazo la violencia, el lenguaje de doble sentido y las escenas de profundo contenido sexual porque: 1) explotan y degradan la persona humana; 2) destruyen las familias; 3) trastocan las relaciones personales y sociales; 4) reducen el don de Dios de la sexualidad, del amor y de la comprensión a unos niveles que carecen de dignidad y compasión humana, amor mutuo y compromiso ético como parte del plan divino. Los medios de comunicación masiva, entiéndase en específico la TV, transmiten el oscuro y amargo mensaje de la violencia, el lenguaje de doble sentido y escenas de alto contenido sexual, se convierten en vehículos que deforman la vida, la familia, la fe y la moral de un pueblo. Afirmo que la violencia, el lenguaje de doble sentido y escenas de alto contenido sexual van en contra de los principios judeo-cristianos que son pilares de la sociedad puertorriqueña. Estos males arriba mencionados y que son promovidos por la TV no sólo atacan a la dignidad de la persona humana y la relación sexual íntima constructiva, sino que también destruyen, tanto el bien individual como el bien común de la sociedad. El sentido común y la experiencia en muchas áreas de la vida revelan que nuestro ambiente ayuda a formar nuestros gustos, opiniones, credos y acciones. ¿Por qué, entonces, pensar que esta realidad no aplica a la proyección de los programas de TV que promueven la violencia, el lenguaje de doble sentido y el alto contenido sexual? Afirmamos el legítimo derecho a la libre expresión y al libre intercambio de información, pero de igual manera, destacamos que se debe proteger el derecho de los individuos, familias y la sociedad en general a la decencia pública y a sus valores básicos. [Este

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documento incluye varios anejos relacionados al tema que trata este proyecto legislativo. A continuación los datos de referencia disponibles sobre dichos documentos / anejos: Religious Alliance Against Pornography. (1995). The US Supreme Court and Pornography. (International Conference, Manila, Philippines, Jan. 17-20, 1995). Guidelines for Movie Classification (approved by the MTRCB on September 26, 1994). Creating the Movie and Television Review and Classification Board (Presidential Decree No. 1986). Arrangement Between the United States and Other Powers Relative to The Repression of the Circulation of Obscene Publications. (1911). Treaty Series, No. 559. Washington. Department of State. (1949). Suppression of the circulation of obscene publications. Treaties and Other International Acts Series 2104. Washington. Roth v. United States of America (David S. Alberts, appellant v. State of California). [354 US 476, 1 L ed 2d 1498, 77 S Ct 1304] (1957). Proyecto "Qué pasa con Nuestros Niños ­ El Niño y la Televisión". (sin fecha). Re: Consideración Ponencia del Senado 507 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Los miembros del Proyecto "Qué pasa con Nuestros Niños ­ El Niño y la Televisión", preocupados por los asuntos que afectan el desarrollo integral de nuestra niñez, entre otras cosas, efectuamos una encuesta durante la semana del 14 al 20 de febrero de 1993 a niños entre las edades de 4 a 15 años en toda la Isla. De un total de 552 cuestionarios, se recibieron 303 contestaciones. [A ESTE DOCUMENTO LA FALTA LA SEGUNDA PÁGINA]. Recomendaciones del Comité: 1) Siendo la TV un medio de comunicación que es usado por los niños/as con mucha frecuencia, se podría dar un mayor uso como instrumento educativo; 2) los programas que éstos ofrecen cargados de violencia deben ser eliminados por los medios masivos por lo menos en horas que los niños están mayor(mente) expuestos a la TV. Respaldamos el Proyecto 507. Telemundo of Puerto Rico, Inc. (1995). Re: P. del S. 507 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los

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niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Entendemos que la medida tiene méritos y objetivos sanos. Sin embargo, nos preocupa que se le imponga a la industria de la TV controles que contribuyan a complicar más aún la administración de los canales. No creemos que un sistema de clasificación de programas televisivos vaya a evitar que un grupo específico deje de ver un programa diseñado para otro grupo. Por ejemplo, niños viendo programas para adultos. Me parece que sí es productivo que se reúnan las personas responsables de programar los canales y tratar de llegar a un entendimiento de lo que puede hacer la TV para mejorar algunos de los problemas de nuestra sociedad. No tenemos problemas con que se establezca un comité de comunicaciones, sin embargo, éste debe estar bajo el control de esta industria sin la intervención del gobierno. Entendemos que el gobierno puede ser el agente catalítico que promueva la formación de dicho comité pero no debe intervenir. La industria de la comunicación está compuesta de personas responsables que pueden autorreglamentarse. Teve Guía. (1994). 12 de abril de 1994 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Señala que la Revista Teve-Guía ha sido constante defensora de la moderación de la industria en lo que respecta al contenido, que la comunidad señala como ofensivo, de sus programas. La Revista endosa "tajantemente" la iniciativa, a la que el legislador llega luego de ponderar data contundente que el proyecto recoge en su exposición de motivos. Los estudios re-afirmativos de la correlación entre la psicología criminal, la conducta delictiva y el gráfico caudal de maneras de matar, desmembrar y lastimar a un semejante, estigmatizan el sentido de probidad instalado en lo profundo de nuestra conciencia. De ese modo, el Estado asume su rol normativo es esta área y se dispone a contar con una herramienta para posibilitar la responsabilidad social. La TV lleva a nuestras casas en forma desproporcionada e innecesaria la presencia glorificada de la violencia y el comercio circula juguetes atractivos que apuntan a la obliteración de la vida. Afortunadamente el legislador aborda el proyecto sin ordenar censura, respeta el derecho a la expresión. Nuestra única recomendación concierne al número de representantes de la industria de la TV en la Junta Asesora. Es nuestro parecer que, sin alterar el total de sus integrantes, debe elevarse a dos miembros el número de representantes del sector de la TV.

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Universidad Interamericana de Puerto Rico. (1995). Ponencia del Dr. José R. González, Presidente, ante las Comisiones de Gobierno y de Asuntos del Consumidor, Senado de Puerto Rico: Martes 12 de abril de 1994: 2:00 p.m. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. La iniciativa legislativa para diseñar un sistema de clasificación de programas de TV de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, tiene nuestro total respaldo institucional. Nuestra posición se sustenta en el análisis y observaciones sobre la trayectoria social que hemos experimentado en los últimos 30 años, nos presenta una sociedad que va en creciente desarticulación social y cultural. El desarrollo económico y tecnológico experimentado en PR en panas 30 años ha venido acompañado por una actividad patológica y destructiva que amenaza nuestra calidad de vida, nuestra convivencia armoniosa y nuestro estado emocional. El 60% de la población ha perdido el amor al trabajo o no tiene la oportunidad de ser productivos, subsistiendo de los sistemas de asistencia estatales o federales. Hemos perdido control sobre la preservación de los valores éticos y culturales, sobre las normas y la convivencia pacífica. Nos hemos criminalizado en forma exagerada. El promedio de asesinatos por mes para los últimos 4 años ha sido de 30, 45, 68 y 90. El fenómeno de la criminalidad reportada subestima por dos terceras partes la realidad que está viviendo. El problema de las drogas, asociado a la criminalidad, viene a establecerse en forma sin precedente en nuestra sociedad a partir de los años de 1960. La violencia en el hogar se ha generalizado a tal extremo que investigaciones realizadas por la Casa Protegida Julia de Burgos sugieren la posibilidad de que seis de cada diez mujeres casadas sean víctimas de maltrato conyugal. No cabe dudas que la conducta social es aprendida a través de los múltiples estímulos que recibimos. Los medios masivos, así como los juguetes, posiblemente sean lo más efectivos en este proceso. En el trabajo del Comité Económico Asesor del Gobernador (1986), Plan de Estrategias Nacionales para Prevenir y Controlar el Crimen en Puerto Rico, se enumeran siete tendencias negativas que estaban afectando a la familia e impidiendo su desarrollo y responsabilidad dentro de un contexto de conformidad social y legal. Estas son: 1) pérdida de función socializadora desde bien temprano en la vida del niño; 2) prevalencia de problemas y modelajes inadecuados (socialización de conducta inadecuada y violenta); 3) descomposición familiar (estructuras fraccionadas, carencia de figura paterna, relaciones interpersonales negativas); 4) nivel alto de desempleo, participación en programas de asistencia económica, movimiento rural-urbano, migración a EU, uso de castigo corporal; 5) creación en la mente de los niños de rencor y odio, lo

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cual se generaliza; 6) deficiencias en los cinco factores decisivos de la vida familiar (disciplina paterna, supervisión materna, afectividad materna, afectividad paterna y cohesión); 7) uso excesivo de castigo físico en los niños (niños maltratados se convierten en personas maltratantes). La falta de supervisión de los hijos por parte de sus padres, ya sea porque la madre tenga que salir o porque trabaja fuera, es uno de los patrones que más rápido está cambiando en la familia puertorriqueña de los años 80, quizás promovido por la disponibilidad del teléfono y el TV, los cuales se convierten en nuevos vehículos de socialización y contacto interpersonal. El Prof. Nelson Miranda Sánchez indica que "los datos demostraron que los transgresores no eran controlados en su hogar en cuanto al tipo de información que debía recibir a través de los medios de comunicación en masa. Éste no tenía una exposición a programación educativa y/o cultural. Por el contrario, constantemente era bombardeado con información que le estimulaba su "yo" agresivo, hostil y violento. Prueba de ello era su preferencia por programas y/o películas a través de la TV y el cine, que incluían los temas de acción, guerra, mafia y violencia. Para estos menores, los medios de comunicación en masa no resultaron un instrumento adecuado para desarrollar una conducta conformista (lícita) sino que, por el contrario, han sido un medio de gran importancia e influencia en el desarrollo de la delincuencia juvenil." La Legislatura tiene la responsabilidad de promover cambios sociales, garantizando que se le dé a la sociedad lo que necesita y no necesariamente lo que le gusta. Lo único penoso de esta iniciativa tan loable es que se reduzca a un proceso de recomendación. Ya estudios previos, como los de la Dra. Ruth Silva de Bonilla sobre el impacto de la TV y los de Technical Services sobre la etiología de la violencia habían sugerido la necesidad de establecer controles en los medios, pero casi 20 años más tarde este proceso no se ha materializado. Es evidente que los medios han de responder a sus intereses lucrativos y que esfuerzos de autorregulación han estado destinados al fracaso. Universidad Interamericana de Puerto Rico. (1995). Carta de endoso del Dr. José R. González, Presidente Universidad Interamericana de Puerto Rico al Proyecto del Senado 507 sobre la violencia en la programación infantil del 1 de diciembre de 1993 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 507). San Juan, PR: Autor. La medida crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al Secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. El Presidente de la Universidad Interamericana expresa su "total respaldo al Proyecto de Ley [P. del S. 507]". Es un proyecto de ley que debe ser aprobado urgentemente por las Cámaras Legislativas de nuestro pueblo. En efecto, violencia, niñez y televisión constituyen la tríada inseparable de problemas que el Gobierno de PR no puede desatender. La evidencia es abrumadora y dramática: casi tres décadas de investigación en muchos países, industrializados y del tercer mundo, nos

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advierten sobre los grandes riesgos a nivel psicológico, social y ético que conlleva a la niñez a la exposición de violencia en los medios televisivos. El dramatismo de los hallazgos científicos es tanto más impresionante cuando entendemos que la infancia y la niñez son las etapas más vulnerables y sujetas a toda suerte de influencias y manipulaciones. Por tanto, uno la voz de la Universidad Interamericana de PR, quienes se hacen solidarios con esta noble idea [de aprobar el P. del S. 507]. Informe P. del S. 507: Comisión de Asuntos del Consumidor y Comisión de Gobierno, Cámara de Representantes, 12ma Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria (1995). La Comisión de Asuntos del Consumidor y la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes recomiendan la aprobación de la medida, que plantea crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Las comisiones antes citadas celebraron vistas públicas en las que participaron el Senador Charlie Rodríguez, el Congreso Puertorriqueño sobre la Violencia en la Televisión, la Dra. Trina Rivera de Ríos, SENDEC, Comisión de Servicio Público, Departamento de Justicia, Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, Dra. Inés Belén, Sr. Alberto Zeilocovich y el Dr. Wilfredo Estrada. Enviaron memoriales explicativos el Departamento de Educación, DACO, Universidad Interamericana, Departamento de Servicios Sociales y el Proyecto "Qué Pasa con Nuestros Niños-El Niño y la Televisión". Existe un consenso en la comunidad de investigadores de esta materia en los Estados Unidos, sobre el hecho de que la TV definitivamente contribuye a la violencia y la agresión. La mayoría de los estudios respaldan la posición de que la violencia televisiva promueve el comportamiento agresivo y antisocial. En la Primera Conferencia Internacional sobre la Violencia en los Medios Electrónicos celebrada en PR en el mes de noviembre de 1994, el Profesor Michael Morgan indicó que las investigaciones realizadas en los EU reflejan que en la TV hay violencia en 7 de cada 10 programas presentados en horario estelar y cada semana la mitad de todos los personajes representan actos violentos. La Asociación de Sicología Americana ha demostrado que "cuando el niño promedio norteamericano se gradúa de escuela elemental, habrá sido testigo de 8,000 asesinatos y de más de 100,000 actos de violencia Dependiendo del tiempo dedicado a ver TV, nuestros jóvenes han sido expuestos a más de 200,000 actos de violencia antes de llegar a la adolescencia" (Huston y otros, 1992). La Academia de Pediatría ha recomendado a los pediatras que deben advertir a los padres que limiten de dos a cuatro horas máximo del tiempo del cual los niños ven TV. Los investigadores sociales Daniel Linz, Bárbara Wilson y Bárbara Randall (1993) señalan las manifestaciones del efecto que tiene el contenido violento en el telespectador. Señalan: 1) Mientras más realista sea el acto violento, mayor la probabilidad de que sea imitado. 2) Los niños se identifican

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más con personajes que representan la violencia como atractiva o necesaria. 3) Mientras más justificado se presenta el acto de violencia, mayor la probabilidad de que se copie. 4) La exposición excesiva a violencia produce un embotamiento sicológico de las respuestas emocionales, normales ante eventos violentos. 5) La ausencia de castigo de un acto violento lo hace aparecer como premiado. El doctor Leonard Eron ha señalado que no sólo la exposición frente a la violencia provoca agresión en los niños, sino que los niños agresivos continúan viendo una cantidad mayor de violencia. Es decir, que hay una relación bidireccional. El doctor Brian Wilcox (1993) señala que la violencia televisiva enseña a los niños formas específicas de conducta agresiva, aún cuando éstos no lo manifiesten. Los niños que son expuestos a actos repetidos de violencia en la TV desarrollan valores y actitudes antisociales y actúan indiferentes ante la violencia del mundo real. En PR, la Dra. Ruth Silva de Bonilla sugiere que los medios de comunicación masiva podrían ser considerados como vehículos principales de condicionamiento social y de reproducción global del sistema, sustituyendo en esa función a estructuras escolares. Los estudios advierten de los riesgos sociales, sicológicos y éticos que la exposición a la violencia televisiva puede tener en las personas. Cuando el mensaje que recibe la audiencia está cargado de violencia y agresividad, existe la posibilidad de que éste influya en las actitudes de las personas, especialmente en los niños. En el escenario escolar, profesionales observan la conducta violenta manifestada por los estudiantes contra sus compañeros de estudio y contra sus maestros. Al enfrentarnos a esta realidad, la Asamblea Legislativa tiene la obligación de velar por los intereses de nuestra sociedad, protegiendo a los ciudadanos. Las limitaciones estatutarias respecto a la libre expresión no impiden que el gobierno localmente pueda actuar para defender un interés apremiante. Entendemos imperativo entonces establecer unos mecanismos que contribuyan a la prevención de conducta agresiva, y a su vez, promueva las garantías ya existentes de seguridad y protección de los niños ante la peligrosidad de ciertos juguetes. El Proyecto 507 viene a atender dicha situación estableciendo un sistema de clasificación de programas que las emisoras voluntariamente acogen como autorregulación. Informe Conjunto P. del S. 507: Comisión de Gobierno y Comisión de Asuntos del Consumidor, Senado de Puerto Rico, 12ma Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria (1995). La Comisión de Asuntos del Consumidor y la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico recomiendan la aprobación de la medida, que plantea crear una Junta Asesora con la función de diseñar un sistema de clasificación de programas de televisión de acuerdo a su contenido y asesorar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en el proceso de identificación y evaluación de juguetes con potencial de peligrosidad o que fomenten la violencia en los niños, para prohibir que las agencias gubernamentales patrocinen o se anuncien en segmentos donde se transmita un programa que no esté clasificado o que se recomiende para adultos; para autorizar al secretario a imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones de la ley. Existe un consenso en la comunidad de investigadores de esta materia en los Estados Unidos, sobre el hecho de que la TV definitivamente contribuye a la violencia y

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la agresión. La mayoría de los estudios respaldan la posición de que la violencia televisiva promueve el comportamiento agresivo y antisocial. En la Primera Conferencia Internacional sobre la Violencia en los Medios Electrónicos celebrada en PR en el mes de noviembre de 1994, el Profesor Michael Morgan indicó que las investigaciones realizadas en los EU reflejan que en la TV hay violencia en 7 de cada 10 programas presentados en horario estelar y cada semana la mitad de todos los personajes representan actos violentos. La Asociación de Sicología Americana ha demostrado que "cuando el niño promedio norteamericano se gradúa de escuela elemental, habrá sido testigo de 8,000 asesinatos y de más de 100,000 actos de violencia Dependiendo del tiempo dedicado a ver TV, nuestros jóvenes han sido expuestos a más de 200,000 actos de violencia antes de llegar a la adolescencia" (Huston y otros, 1992). En PR, la Dra. Ruth Silva de Bonilla sugiere que los medios de comunicación masiva podrían ser considerados como vehículos principales de condicionamiento social y de reproducción global del sistema, sustituyendo en esa función a estructuras escolares. La Asamblea Legislativa tiene la obligación de velar por los intereses de nuestra sociedad, protegiendo a los ciudadanos. Las limitaciones estatutarias respecto a la libre expresión no impiden que el gobierno localmente pueda actuar para defender un interés apremiante. Entendemos imperativo entonces establecer unos mecanismos que contribuyan a la prevención de conducta agresiva, y a su vez, promueva las garantías ya existentes de seguridad y protección de los niños ante la peligrosidad de ciertos juguetes. El Proyecto 507 viene a atender dicha situación estableciendo un sistema de clasificación de programas que las emisoras voluntariamente acogen como autorregulación. Sin embargo, las estaciones comerciales de TV no mostraron interés en la medida, siendo notable la ausencia a las vistas públicas de representantes de los medios. El Canal 4 fue el único que compareció para exponer su oposición al proyecto de ley, por entender que en este asunto no debería haber una intervención gubernamental y, por lo tanto, debía permitirse que la misma industria se autorreglamentara. El Canal 2 envió por escrito su posición, planteando que el gobierno no debería intervenir en un asunto que está bajo el control de la industria y que la medida complicaría la administración de los canales. Inicialmente se había realizado una reunión entre el Senado de PR y los gerentes de los canales de TV. En aquella reunión se identificó genuino interés de los gerentes en autorreglamentar la programación. El 17 de julio de 1994 entró en vigor el acuerdo entre el Senado de PR y la gerencia de los canales y se inició por primeras vez en nuestra historia el Sistema de Clasificación Uniforme de Programas de TV. La clasificación de programas se estableció en un horario de 6:00 pm a 11:00 pm durante todos los días de la semana y se desarrolló una campaña de educación al público dirigida a ofrecer orientación en torno a la clasificación de programas. Es ese acuerdo también se estipuló que el sistema estaría sujeto a evaluación hasta septiembre de 1994, a fin de evaluar la eficacia del mismo. Los resultados de la evaluación fueron satisfactorios. Se encontró que todos los canales cumplieron con la clasificación y que los programas correspondían a la clasificación dada, excepto dos que fueron clasificados incorrectamente. Sin embargo, el 17 de noviembre de 1994 los gerentes de los canales 2, 4 y 11 se negaron a formalizar el documento que daría permanencia a la autorreglamentación que mediante acuerdo habían suscrito el 29 de junio.

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P. del S. 782 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 23 de junio de 1994). 12ma Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (1994). El proyecto pretende enmendar la definición de "agente del orden público" en la Ley 54 a fin de incluir a los policías municipales como personal autorizado a intervenir en casos de violencia doméstica. Departamento de Justicia. (1994). 19 de octubre de 1994 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 782). San Juan, PR: Autor. La medida plantea enmendar la definición de "agente del orden público" en la Ley 54 a fin de incluir a los policías municipales. Este Departamento no tiene objeción legal alguna para la aprobación de esta medida. La Ley 54 tipifica varios delitos considerados violencia doméstica. De esta manera todo oficial del orden público deberá efectuar un arresto, aunque no mediare una orden a esos efectos, si tuviere motivos fundados para creer que la persona a ser arrestada ha cometido, aunque no fuere en su presencia, una violencia a las disposiciones delictivas mencionadas en la Ley 54. En los casos que los hechos constitutivos del delito les conste a éstos por información y creencia, los fiscales y los miembros de la Policía deberán firmar y jurar la denuncia. La Ley establece que el oficial debe tomar las medidas que estime necesarias para evitar un nuevo maltrato. La Ley 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos" faculta a los mismos para crear un Cuerpo de Guardias Municipales en conformidad con la Ley 19 del 12 de mayo de 1977, conocida como "Ley de la Guardia Municipal". La autoridad superior a la Guardia Municipal lo es el Alcalde por medio de un Comisionado nombrado por él. La Guardia Municipal tiene el deber de asistir a la Policía de PR en combatir el crimen. Esta medida facultaría a la Guardia Municipal a asistir a la Policía de PR a combatir la violencia doméstica en PR. Departamento de Servicios Sociales. (1994). P. del S. 782 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 782). San Juan, PR: Autor. La medida plantea enmendar la definición de "agente del orden público" en la Ley 54 a fin de incluir a los policías municipales. La inclusión de los miembros de las guardias municipales al texto de la ley va encaminado a que se utilicen todos aquellos recursos disponibles e idóneos en la lucha contra esta problemática social. La violencia doméstica debe ser atendida adecuadamente cuando se suscitan sus primeras manifestaciones. Entendemos que el rol que asumirán los guardias municipales ayudará sustancialmente a prevenir el aumento de los daños emocionales y físicos provocados por este mal y que tal comportamiento coloque en peligro inminente la vida de las víctimas del mismo. La Ley 19 del 2 de mayo de 1977, conocida como "Ley de la Guardia Municipal" establece, entre otras funciones, que los guardias velarán por proteger la vida, la propiedad, la seguridad y orden público, etc. Las disposiciones en esta medida son cónsonas con las establecidas en la mencionada ley. No obstante, resulta imperativo señalar que la colaboración por parte de estos cuerpos policíacos, como bien dispone la

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sección 6 de la Ley 19, está condicionada a no intervenir en los delitos que no se comentan en su presencia. Sobre este particular se requerirá por parte de los guardias municipales que coordinen con el gobierno y la Policía Estatal el desempeño de sus funciones. El Departamento de Servicios Sociales endosa la aprobación de la medida. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. (1994). 1 de diciembre de 1994 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 782). San Juan, PR: Autor. La medida plantea enmendar la definición de "agente del orden público" en la Ley 54 a fin de incluir a los policías municipales. La violencia doméstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio problema para la familia puertorriqueña. Este patrón de conducta, no sólo afecta a la pareja, sino que perjudica emocionalmente a los niños que provienen de estos hogares. Tolerar este patrón de conducta agresiva contribuye a la desintegración del núcleo familiar y al debilitamiento de los valores de convivencia humana. Recientemente se ha registrado en incremento en los casos de violencia doméstica. Los cuerpos de la Guardia Municipal se crearon con el objetivo principal de ayudar a la Policía Estatal en la lucha contra el crimen y, a su vez, proteger la vida, propiedad y la seguridad pública a nivel municipal. La ley faculta a la Guardia Municipal a prevenir la comisión de delitos y perseguir aquellos que se comentan en su presencia y aquellos que se le someten por información y creencia en estrecha coordinación con la Policía Estatal. Esta medida tiene el propósito de allegar un mayor número de recursos humanos para atender con la premura necesaria los casos o incidentes de violencia doméstica. El estado reconoce que la violencia doméstica atenta contra la integridad misma de la familia y de sus miembros y constituye una seria amenaza a la estabilidad y a la preservación de la convivencia civilizada en nuestro pueblo. La enmienda propuesta (en esta medida) no afecta económicamente a los cuerpos de Guardias Municipales. Por tal razón la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales recomienda la aprobación de la medida. [Este documento incluye 14 páginas con estadísticas e información relacionada, tales como: Municipios con Departamentos de Guardia Municipal (24 de septiembre de 1993), Incidentes de Violencia Doméstica por Área Geográfica Policial (Enero a Julio de 1994 y de Enero a Diciembre de 1993), Personas Perjudicadas en Incidentes de Violencia Doméstica por Área Geográfica Policial (1993), Personas perjudicadas en Incidentes de Violencia Doméstica por Área Geográfica Policial (1990, 1991 y 1992), Asesinatos en PR (1987 al 1993), Asesinatos a Mujeres por Violencia Doméstica por Área Geográfica (1987 a 1993), Casos por Ley 54 en Investigación (Nov. 1989 a Dic, 1990, 1991 y 1992), Casos por Ley 54 en Etapa Preliminar Departamento de Justicia (Nov. 1989 a Dic, 1990, 1991 y 1992), Casos por Ley 54 en Etapa de Juicio (Nov. 1989 a Dic, 1990, 1991 y 1992), Cantidad de Guardias Municipales (por Municipio, 1993-94).

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Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. (1994). 12 de diciembre de 1994 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 782). San Juan, PR: Autor. La medida plantea enmendar la definición de "agente del orden público" en la Ley 54 a fin de incluir a los policías municipales. Se le pidió a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales que opinara sobre la responsabilidad de los municipios en caso de que se le otorgara a la Policía Municipal la capacidad de intervenir en casos de violencia doméstica y el oficial fuera objeto de una demanda civil por obrar de forma que se violen los derechos civiles de los ciudadanos. El Comisionado explica que este es un peligro al que ya los municipios están expuestos y que, según la Ley de Municipios Autónomos, la responsabilidad del Comisionado será solicitarle al Alcalde, y el Alcalde asignará un abogado que represente al agente, a menos que el agente, a expensa propia, desee contratar a un abogado o cuando se trate de un procedimiento disciplinario al agente. La Asamblea Legislativa le solicitó su opinión al Comisionado sobre la forma en que se reclutan los agentes municipales. Éste contesta que todos los agentes municipales deben completar los cursos básicos que se le ofrece a la Policía de PR, pasar un examen siquiátrico que asegure que están capacitados para trabajar como policías y, finalmente, aquellos agentes que vayan a trabajar con casos de violencia doméstica deben recibir entrenamiento especializado en este tema, ya sea como parte de los cursos de la Policía de PR o a través de los municipios. Se recomienda que en la Ley se estipule de forma más explícita que los exámenes siquiátricos deben haberse realizado antes de tomar el entrenamiento básico. Policía de Puerto Rico. (1994). 28 de noviembre de 1994 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 782). San Juan, PR: Autor. La medida plantea enmendar la definición de "agente del orden público" en la Ley 54 a fin de incluir a los policías municipales. La violencia doméstica ha ido en incremento, por lo que se ha hecho necesario añadir mayores recursos, sobre todo recursos humanos, para la prevención y la protección. Plantean que se debe revisar la definición de "Agente del Orden Público" a fin de que, no sólo la Guardia Municipal, sino cualquier agencia con facultad para hacer cumplir la ley pueda intervenir. El Superintendente establece que los policías en su agencia reciben entrenamiento para intervenir es este tipo de caso. No obstante, no plantean ninguna objeción a que se sumen recursos humanos que puedan ser valiosos para ayudar a atender rápida y efectivamente los casos o situaciones que se suscitan. Por tal razón, la Policía de PR endosa la aprobación de esta medida. Informe: Comisión de lo Jurídico Civil, Cámara de Representantes, 12ma Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (1994). La Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida, que plantea enmendar la definición de "agente del orden

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público" en la Ley 54 a fin de incluir a los policías municipales. Lo anterior para aunar nuevos recursos humanos para atender los crecientes problemas de violencia familiar. La Comisión de lo Jurídico Civil llevó a cabo vistas públicas sobre este proyecto, a las cuales asistieron la Comisión para los Asuntos de la Mujer, el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento de Policía y el Comisionado de Asuntos Municipales. Todos endosaron la aprobación de la medida. La Ley 54 tipifica varios delitos considerados violencia doméstica. De esta manera todo oficial del orden público deberá efectuar un arresto, aunque no mediare una orden a esos efectos, si tuviere motivos fundados para creer que la persona a ser arrestada ha cometido, aunque no fuere en su presencia, una violencia a las disposiciones delictivas mencionadas en la Ley 54. En los casos que los hechos constitutivos del delito les conste a éstos por información y creencia, los fiscales y los miembros de la Policía deberán firmar y jurar la denuncia. La Ley establece que el oficial debe tomar las medidas que estime necesarias para evitar un nuevo maltrato. La Ley 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos" faculta a los mismos para crear un Cuerpo de Guardias Municipales en conformidad con la Ley 19 del 12 de mayo de 1977, conocida como "Ley de la Guardia Municipal". La autoridad superior a la Guardia Municipal lo es el Alcalde por medio de un Comisionado nombrado por él. La Guardia Municipal tiene el deber de asistir a la Policía de PR en combatir el crimen. Esta medida facultaría a la Guardia Municipal a asistir a la Policía de PR a combatir la violencia doméstica en PR. P. del S. 1368 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 25 de marzo de 1996). 12ma Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (1996). El proyecto pretende declarar el cuarto jueves del mes de agosto de cada año como "Día de la No Violencia en la Televisión". Hemos visto en los últimos años un incremento en la difusión de programas televisivos con alto contenido de violencia. Al examinar distintos estudios de la conducta humana, éstos señalan como significativa la relación entre los medios de comunicación y la conducta delictiva que se patentiza por lo general en jóvenes entre las edades de 12 a 18 años. En estudios hechos por la Asociación Americana de Sicología se estableció que para cuando termine sus estudios elementales un niño habrá visto alrededor de 8,000 asesinatos y más de 100, 000 actos violentos, principalmente a través de la televisión. Estudios presentados por el Congreso Federal reafirman la tesis de que la TV transmite a los niños un patrón de conducta que puede internalizar o servirle de modelo, que a su vez entienden como socialmente aceptable y lo imitan. En un estudio hecho por las Universidades de North Carolina, Texas, Wisconsin, y California en Santa Bárbara se determinó que, de 2,700 programas estudiados por 20 semanas en 23 canales de TV, el 57% de estos tenían algún acto violento, el 84% de los actos presentados no mostraron las consecuencias negativas del mismo, en el 73% de los actos no se castigó al ofensor por su conducta y tan sólo un 4% de la programación concientizó sobre la no violencia. En PR, estudios como el de la Dra. Ruth Silva de Bonilla y el de la Dra. Daraciela Vargas, así como el informe del Grupo de Trabajo Multidisciplinario para Combatir la Criminalidad sostienen la tesis de que la TV ejerce gran influencia sobre el comportamiento humano y es el principal vehículo de condicionamiento social. Se establece que en PR casi toda la población tiene acceso a la

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TV y que los niños tienen mayor exposición a esta que a la escuela. Se ha encontrado que un estudiante de tercer grado está expuesto 900 horas al año a la escuela, pero está cerca de 1,700 horas expuesto a la TV. El estudio del Dr. Gelpí Merheb (en PR) establece que el 97% de las familias en PR tienen TV. Un joven concluye su escuela superior con alrededor de 11,000 horas que pasa en la escuela en comparación con cerca de 15,000 horas de exposición a la TV. Durante ese período habrá presenciado 180,000 asesinatos, violaciones, robos y otros tipos de conducta agresiva. Una persona de 70 años habrá pasado 7 años de su vida viendo televisión. La ley 128 de 9 de agosto de 1995 estableció un sistema de clasificación para los programas de TV. El Gobierno adoptó la política de prohibir mensajes y anuncios gubernamentales en programas no clasificados o que se recomienden sólo para adultos por su alto contenido violento, de sexo o de doble sentido. Se declara al cuarto jueves del mes de agosto de cada año como "Día de la No Violencia en la Televisión". Informe sobre el P. de la C. 1368: Comisión de Gobierno, Senado de Puerto Rico, 12ma Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (1996). La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la medida, que pretende declarar el cuarto jueves del mes de agosto de cada año como "Día de la No Violencia en la Televisión". Hemos visto en los últimos años un incremento en la difusión de programas televisivos con alto contenido de violencia. Distintos estudios de la conducta humana señalan como significativa la relación entre los medios de comunicación y la conducta delictiva que se patentiza por lo general en jóvenes entre las edades de 12 a 18 años. Hallazgos clínicos de la Asociación Americana de Sicología reflejan que para cuando termine sus estudios elementales un niño habrá visto alrededor de 8,000 asesinatos y más de 100,000 actos violentos, principalmente a través de la TV. Estudios presentados por el Congreso Federal reafirman la tesis de que la TV transmite a los niños un patrón de conducta que puede internalizar o servirle de modelo, que a su vez entienden como socialmente aceptable y lo imitan. En PR, estudios como el de la Dra. Ruth Silva de Bonilla y el de la Dra. Daraciela Vargas, así como el informe del Grupo de Trabajo Multidisciplinario para Combatir la Criminalidad sostienen la tesis de que la TV ejerce gran influencia sobre el comportamiento humano y es el principal vehículo de condicionamiento social. Se establece que en PR casi toda la población tiene acceso a la TV y que los niños tienen mayor exposición a esta que a la escuela. Se ha encontrado que un estudiante de tercer grado está expuesto 900 horas al año a la escuela, pero está cerca de 1,700 horas expuesto a la TV. El estudio del Dr. Gelpí Merheb (en PR) establece que el 97% de las familias en PR tienen TV. Un joven concluye su escuela superior con alrededor de 11,000 horas que pasa en la escuela en comparación con cerca de 15,000 horas de exposición a la TV. Durante ese período habrá presenciado 180,000 asesinatos, violaciones, robos y otros tipos de conducta agresiva. Una persona de 70 años habrá pasado 7 años de su vida viendo televisión. La ley 128 de 9 de agosto de 1995 estableció un sistema de clasificación para los programas de TV. El Gobierno adoptó la política de prohibir mensajes y anuncios gubernamentales en programas no clasificados o que se recomienden sólo para adultos por su alto contenido violento, de sexo o de doble sentido.

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P. de la C. 504 (Texto de aprobación final por la Cámara, 14 de octubre de 1997). 13ra Asamblea Legislativa, 1ra Sesión Ordinaria (1997). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", a fin de tipificar el delito de maltrato agravado cuando el mismo se cometiere contra una mejer embarazada. Se menciona en la exposición de motivos que un 60% de las mujeres casadas son víctimas de maltrato conyugal. Se expresa que, aunque la Ley protege adecuadamente a las mujeres, es meritorio ampara adicional a las mujeres que están embarazadas. El Estado no sólo tiene el deber de proteger a la mujer, sino también al potencial de vida asociado al feto. Esto podría ser, además, un disuasivo adicional para el ofensor. La pena por maltrato agravado, que ahora incluye el maltrato a una mujer embarazada, es reclusión por un término fijo de 3 años, que pudiera ser aumentada a 5 años si ocurrieran circunstancias agravantes, o disminuida a 2 años si ocurrieran circunstancias atenuantes. Se establece en esta medida que si el maltrato a una mujer se cometiere junto con actos que constituyeren maltrato a un menor, entonces se constituye maltrato agravado a pesar de que la mujer no esté embarazada. Comisión para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador. (sin fecha). P. de la C. 504 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 504). San Juan, PR: Autor. La medida plantea enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", a fin de tipificar el delito de maltrato agravado cuando el mismo se cometiere contra una mujer embarazada. La Comisión para Asuntos de la Mujer de la Oficina del Gobernador recomienda la aprobación de la medida. El abuso físico durante el embarazo ha sido señalado como un riesgo significativo para la salud tanto de la madre como de la criatura. En 1985, el "National Family Violence Survey"señaló que 154 de cada mil mujeres embarazadas habían sido agredidas por su pareja durante los primeros cuatro meses de embarazo. De otra parte, 170 de cada mil fueron agredidas entre el quinto y el noveno mes de su embarazo. El mismo estudio señala que el 37% de las pacientes de obstetricia sufren de abuso físico durante su período de gestación (Violence against women: Relevance for medical practitioners, Journal of American Medical Association, June 17, 1992 ­ Vol. 267, Pág. 2). Se señalan algunos efectos del maltrato contra la mujer embarazada, tales como: inapetencia de la madre, provocando que nazca una criatura débil y enferma, tiene cuatro veces mayor probabilidad de dar a luz una criatura bajo peso, aumenta el riesgo de complicaciones severas en el desarrollo de la criatura y de dificultades en el alumbramiento, separación de la placenta, hemorragias antepartum, fracturas al feto, rupturas del útero, daños a los órganos internos, partos prematuros, criaturas natimuertas, aborto con daños al sistema reproductivo que pudieran limitar o eliminar totalmente la posibilidad de que la mujer pueda procrear en un futuro (Violence against women: Relevance for medical practitioners, Journal of American Medical Association, June 17, 1992 ­ Vol. 267, Pág. 2; Lazzaro, M. and Mc Farlane, J., Establishing a screening program for abused women. Journal of Nursing Administration,

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Vol. 21, No. 10, October, 1991.). No existen estudios de este tipo en PR. No obstante, estudios realizados en salas de emergencia en los Estados Unidos revelan que las mujeres víctimas de violencia doméstica en el estudio tenían tres veces mayor probabilidad de estar embarazadas al momento de la agresión. También se sabe que el embarazo de una mujer puede hacer que el agresor incremente su violencia y agreda a su pareja (Adams, P. Physical abuse in pregnancy, obstetrics and gynecology, Vol.66, Noz, August, 1985). Departamento de Justicia. (1998). 28 de enero de 1998 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 504). San Juan, PR: Autor. La medida plantea enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", a fin de tipificar el delito de maltrato agravado cuando el mismo se cometiere contra una mejer embarazada. La ponencia del Departamento de Justicia establece que es de vital importancia para analizar la propuesta enmienda el reconocer la intención de la Ley 54 de tipificar como maltrato aquellos actos que atentan contra la integridad de la mujer y los hijos(as). Por tanto, el Subsecretario de Justicia plantea que la propuesta enmienda está en armonía con las intenciones de la Ley 54. Expresa, además, que la política pública del ELA de PR ha sido siempre la de proteger a la mujer embarazada, inclusive cuando en el Código Penal de PR se permite diferir la aplicación de una pena de reclusión cuando se trata de una mujer en estado de embarazo. Otro ejemplo es la ley que le permite a las mujeres obreras cuatro semanas de descanso antes del parto y cuatro semanas de descanso posteriores al parto, lo cual puede ser cambiado a una semana antes del parto y siete semanas posterior al parto. El patrono se ve obligado a pagarle durante este período la mitad de su sueldo y a restituirla en su empleo una vez termine su período de descanso (Ley 3 del 13 de marzo de 1942). Analizando estas legislaciones, se concluye que es política pública de PR el proteger a la mujer embarazada. Por tanto, concluye, que la Asamblea Legislativa puede aprobar una ley como la que plantea la presente medida y no se identifica ningún impedimento legal para así hacerlo. Informe P. de la C. 504: Comisión de lo Jurídico Penal, Cámara de Representantes, 13ra Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (1997). La Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida con las enmiendas que sugieren. Aunque la ley provee protección adecuada, debe brindarse amparo adicional a las mujeres víctimas de maltrato conyugal que se encuentran embarazadas. El estado no sólo tiene el deber de proteger a la mujer, sino que tiene un interés apremiante en proteger el potencial de vida humana que se asocia con el feto. Los efectos del maltrato en la mujer embarazada y en el feto son diversos. En Puerto Rico no tenemos estudios empíricos sobre esto, pero en un estudio realizado en salas de emergencia en los Estados Unidos. Para el 1985, 154 de cada mil mujeres embarazadas habían sido agredidas por su pareja durante los primeros cuatro meses de embarazo (Violence against women: Relevance for medical practitioner. Journal of the American Medical Association, June 17, 1992 ­ Vol.267.). Las mujeres

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víctimas de violencia doméstica son tres veces más propensas a estar embarazadas al momento de ser víctimas de agresión (Adams, P. Physical abuse in pregnancy, obstetrics and gynecology, Vol.66, Noz, August, 1985). El abuso físico durante el embarazo representa alto riesgo para la salud de la madre y de la criatura. Los efectos pueden reflejarse en criaturas de bajo peso al nacer, débiles y enfermizas. Además se incrementan las complicaciones durante el desarrollo la criatura (Lazzaro, M. and Mc Farlane, J., Establishing a screening program for abused women. Journal of Nursing Administration, Vol. 21, No. 10, October, 1991). Informe sobre el P. de la C. 504: Comisión de lo Jurídico, Senado de Puerto Rico, 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (1998). La Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación de la medida. En Puerto Rico, un 60% de las mujeres casadas son víctimas de maltrato conyugal y estas mujeres, en ocasiones embarazadas, necesitan toda la protección de la ley. La presente medida considera brindarle a la mujer embarazada protección adicional a la ya estipulada en la ley. Los efectos del maltrato en la mujer embarazada y en el feto son diversos. En Puerto Rico no tenemos estudios empíricos sobre esto, pero en un estudio realizado en salas de emergencia en los Estados Unidos. Para el 1985, 154 de cada mil mujeres embarazadas habían sido agredidas por su pareja durante los primeros cuatro meses de embarazo (Violence against women: Relevance for medical practitioner. Journal of the American Medical Association, June 17, 1992 ­ Vol.267.). Las mujeres víctimas de violencia doméstica son tres veces más propensas a estar embarazadas al momento de ser víctimas de agresión (Adams, P. Physical abuse in pregnancy, obstetrics and gynecology, Vol.66, Noz, August, 1985). El abuso físico durante el embarazo representa alto riesgo para la salud de la madre y de la criatura. Los efectos pueden reflejarse en criaturas de bajo peso al nacer, débiles y enfermizas. Además se incrementan las complicaciones durante el desarrollo la criatura (Lazzaro, M. and Mc Farlane, J., Establishing a screening program for abused women. Journal of Nursing Administration, Vol. 21, No. 10, October, 1991.). La Comisión para los Asuntos de la Mujer respalda la aprobación de la presente medida. P. de la C. 636 (Texto de aprobación final por la Cámara, 4 de septiembre de 1997). 13ra Asamblea Legislativa, 1ra Sesión Ordinaria (1997). La medida enmienda la Ley 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la multa como posible pena para el delito de empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública. El Código Penal indica la pena de reclusión para muchos delitos que podrían tener una pena de multa. Se intenta enmendar la ley a fin de que los Tribunales puedan tener la opción de imponer una pena de multa y así evitar el hacinamiento carcelario y dejar esos espacios para los delincuentes habituales o peligrosos. Tras esta enmienda, toda persona que utilice la violencia o la intimidación para hacer que un funcionario público ejecute un acto que está fuera de sus funciones oficiales o para hacer que el

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funcionario omita alguna de sus funciones oficiales tendrá una multa de $5,000 o tres años de cárcel o ambas a discreción del Tribunal. De haber agravantes, la multa no excederá $10,000, la reclusión no excederá 5 años. De haber atenuantes, la multa no será menos de $3,000 y la reclusión no será menor de 2 años. Departamento de Corrección y Rehabilitación. (1997). P. de la C. 633, 636 y 639. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 636). San Juan, PR: Autor. Los P. de la C. 633, 636 y 639 enmiendan el Código Penal de PR a los fines de señalar la multa como pena opcional en algunos delitos que en el Código sólo se considera la pena de reclusión. El Departamento de Corrección y Rehabilitación está a favor de la aprobación de las medidas y plantea que no se debe perder se vista que el sistema correccional es la última etapa del sistema de justicia criminal. La intensificación de los programas para combatir el crimen, así como el alza en la criminalidad, han tenido el efecto de aumentar la población de las cárceles. Entre el 1985 y 1995, la población en las cárceles aumentó en un 115.93%, lo cual es dramático si se compara con el aumento de la población general durante el mismo período, que fue de 12.47%. Recientemente se han creado leyes que señalan más actos como delitos o que han aumentado la pena de reclusión para ciertos delitos. Otras legislaciones han restringido los requisitos para programas de desvío y libertad bajo palabra. Todo esto ha aumentado el hacinamiento carcelario. Esto fomenta la fiscalización del tribunal federal y el riesgo de volver a pagar multas por hacinamiento. Se han creado nuevas cárceles o aumentado la capacidad de las existentes, pero es necesario que nos detengamos y analicemos el propósito de la encarcelación y sus devastadoras consecuencias. Un convicto estará marcado de por vida y su familia se verá castigada emocionalmente, se le priva al convicto de su trabajo y comunidad y él y su familia serán una carga para el Estado. Puede hacer salir del sistema una persona más agresiva de la que entró. Estamos convencidos de que la reclusión debe ser una medida extrema y que se deben explorar otros disuasivos para la conducta antisocial. Muchos criminalistas están de acuerdo con la teoría de que penas más severas no desalientan la conducta si no van acompañadas de un proceso efectivo de convicción. Penas menos severas pero más efectivas serán mejores disuasivos. Hay delitos que no atentan contra la integridad social, los cuales la sociedad quiere desalentar, pero que no son peligrosos o amenazantes. Hemos concluido que una multa severa es un disuasivo para el ciudadano común. Un ejemplo de ello son las multas por estacionarse en zonas para personas con impedimentos. Informe P. de la C. 636: Comisión de lo Jurídico Penal, Cámara de Representantes, 13ra Asamblea Legislativa, 1ra Sesión Ordinaria (1997). La Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida. El Código Penal reconoce como pena para muchos delitos sólo la reclusión. Se quiere enmendar el Código a los fines de que tenga la multa como pena opcional por el delito del uso de violencia o intimidación contra la autoridad pública. El

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Gobierno de Puerto Rico está buscando maneras de reducir el hacinamiento carcelario y ha establecido como política pública buscar medidas alternas a la pena de reclusión con el objetivo de reservas los espacios disponibles en las cárceles para los delincuentes habituales y peligrosos que necesitan un tratamiento de rehabilitación a largo plazo. De implantarse esta enmienda se estaría otorgando a los tribunales la capacidad de poder individualizar las penas, a la vez de expandir la aplicación de la misma a personas jurídicas, los cuales no se podían recluir. Informe sobre el P. de la C. 636: Comisión de lo Jurídico, Senado de Puerto Rico, 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (1998). La Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación de la medida. El Código Penal reconoce como pena para muchos delitos sólo la reclusión. Se quiere enmendar el Código a los fines de que tenga la multa como pena opcional por el delito del uso de violencia o intimidación contra la autoridad pública. El Departamento de Corrección y Rehabilitación expresó que la reclusión marca de por vida al individuo y su familia es castigada emocionalmente, el individuo es separado de su trabajo y la comunidad, tanto él como su familia serán carga para el Estado. Se expresaron en cuanto a que la reclusión o privación de la libertad debe ser una medida extrema y que se deben explorar otros disuasivos para la conducta antisocial. P. de la C. 1323 (Texto de aprobación final por la Cámara, 1 de junio de 2000). 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (2000). La medida establece el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica en Puerto Rico. La educación y la prevención son las armas más fuertes que poseemos para combatir un problema social. La violencia doméstica es uno de los problemas que más agobia a nuestra sociedad. El Gobierno de PR debe atacar el problema desde varios flancos, tanto refinando las disposiciones de la Ley 54, como adoptando mecanismos innovadores que permitan la difusión y protección de los derechos contenidos en dicha legislación, concientizando a nuestra niñez mediante la educación sobre preservar la integridad física y moral de la familia. Por tal razón la Legislatura crea este Comité para realizar aportaciones intelectuales para contribuir a la efectividad del mensaje de no más violencia doméstica. El Comité estará constituido por trece miembros: la Directora Ejecutiva de la Comisión para Asuntos de la Mujer, el Secretario de Justicia, el Superintendente de la Policía, el Secretario del Departamento de Salud, el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Secretario de Recreación y Deportes, el Secretario del Departamento de la Familia, el Asesor del Gobernador en el Área de Educación y Calidad de Vida, el Asesor del Gobernador en el Área de Salud y Bienestar Social, un Educador con interés en la violencia doméstica el cual será seleccionado por la Comisión para Asuntos de la Mujer, una víctima de violencia doméstica seleccionada por la Comisión para Asuntos de la Mujer y los Presidentes de las Comisiones de Asuntos de la Mujer de la Cámara y el Senado. Se establece que toda agencia administrativa, subdivisión política y corporación pública

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colaborará con el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica en Puerto Rico. Comisión para Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador. (1998). P. de la C. 1323. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 1323). San Juan, PR: Autor. La Comisión para Asuntos de la Mujer de la Oficina del Gobernador endosa la medida porque aporta a combatir la violencia doméstica, pero entiende que la creación de la Junta Consultiva no es necesaria ya que existe el Comité Interagencial para la Prevención de la Violencia Doméstica. El P. de la C. 1323 plantea crear el Fondo Especial para la Educación sobre la Violencia Doméstica y establecer la Junta Consultiva sobre la Prevención de la Violencia Doméstica. Establecen que, sin lugar a dudas, una de las herramientas más efectivas para prevenir la violencia doméstica es la educación, tanto de las víctimas como de la sociedad en general. La Ley 54 asigna a la Comisión para Asuntos de la Mujer la tarea de promover y desarrollar programas educativos, estudiar, investigar, publicar informes sobre la violencia doméstica, incluyendo sus manifestaciones, magnitud, consecuencias y alternativas para confrontarla y erradicarla, identificar sectores en los que se manifieste la violencia doméstica, para así educarlos y concienciarlos al respecto, educar y concienciar a los profesionales de ayuda sobre las necesidades de las víctimas de violencia doméstica, proveer servicios de adiestramiento y orientación sobre intervención y consejería de profesionales de ayuda a las víctimas de violencia doméstica. La Comisión cumple con las tareas que le fueron encomendadas. Se establece que para prevenir la violencia doméstica se debe prestar especial atención a los niños, niñas y jóvenes de Puerto Rico. La Comisión, junto con la Oficina para Asuntos de la Juventud, ha desarrollado el "Proyecto de Jóvenes" en un esfuerzo para prevenir la violencia doméstica en un futuro. También se desarrolló un proyecto junto al Concilio Caribe de las Girls Scouts. Cabe destacar que el Gobierno de PR, mediante la Orden Ejecutiva Núm. 16 del 24 de marzo de 1994 creó el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica en Puerto Rico. El Comité está constituido por trece miembros: la Directora Ejecutiva de la Comisión para Asuntos de la Mujer, el Secretario de Justicia, el Superintendente de la Policía, el Secretario del Departamento de Salud, el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Secretario de Recreación y Deportes, el Secretario del Departamento de la Familia, el Asesor del Gobernador en el Área de Educación y Calidad de Vida, el Asesor del Gobernador en el Área de Salud y Bienestar Social, un Educador con interés en la violencia doméstica el cual será seleccionado por la Comisión para Asuntos de la Mujer, una víctima de violencia doméstica seleccionada por la Comisión para Asuntos de la Mujer y los Presidentes de las Comisiones de Asuntos de la Mujer de la Cámara y el Senado. Este Comité tiene el deber de identificar los obstáculos que impiden que las víctimas de violencia doméstica que solicitan remedios legales puedan obtenerlos de manera adecuada, recomendar acciones a tomar con el propósito de mejorar los servicios que debe prestar cada agencia, coordinar los servicios que ofrecen las agencias y fomentar que éstos fluyan uniformemente, promover la colaboración interagencial para maximizar los recursos disponibles en las agencias y concientizar sobre las responsabilidades y obligaciones de

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los funcionarios que intervienen en el manejo de los casos de violencia doméstica. El Comité ha sido efectivo en esbozar un plan de acción gubernamental para atacar este problema a través de modelos de intervención que han sido exitosos en otras jurisdicciones. Departamento de Educación. (1998). 27 MAR 1998. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 1323). San Juan, PR: Autor. El Departamento de Educación endosa la medida. Expresa que es necesario establecer mecanismos y buscar alternativas para minimizar o eliminar este problema (violencia doméstica) como las que se establecen en este proyecto. La educación y la prevención son los medios por excelencia para combatir los problemas sociales que aquejan al Pueblo de Puerto Rico. Actualmente el Departamento de Educación contribuye a este fin a través de las actividades de los programas de Salud Escolar, Trabajo Social, Orientación y Consejería, entre otros, los cuales elaboran actividades que fomentan y fortalecen los valores de dignidad, respeto, responsabilidad y solidaridad. El Departamento de Educación se muestra dispuesto a colaborar con los esfuerzos que se generen a partir de esta medida. Departamento de la Familia. (1998). P. de la C. 1323. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 1323). San Juan, PR: Autor. El Departamento de la Familia endosa el proyecto en la medida en que ayuda a combatir el problema de violencia doméstica. No obstante, plantean que sería una duplicación de servicios ya que ya existe el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica creado por el Gobernador a través de la Orden Ejecutiva Núm. 16 del 24 de marzo de 2004. este Comité es presidido por la Directora Ejecutiva de la Comisión de Asuntos de la Mujer y cuenta como miembros a los Secretarios de los Departamentos de Justicia, Salud, Corrección y Rehabilitación, Recreación y Deportes y Familia. Sugieren que se incorpore al Secretario de Educación a este Comité. Expresa que la violencia interpersonal es uno de los problemas más complejos que confronta nuestra sociedad considerada como civilizada y es la primera causa de muerte prematura en esta sociedad. Esta se define como una acción humana abusiva, generalmente intencional, dirigida hacia otra persona que puede causar lesiones fatales, daño físico o emocional. Por lo general, la violencia es perpetrada por familiares o personas allegadas o conocidas de la víctima. El bienestar general del pueblo puertorriqueño y el goce cabal de los derechos humanos depende en gran medida de la educación de la gente. La enseñanza a temprana edad es crucial para establecer los cimientos del carácter y la conducta que observará el niño en su etapa adulta. Estudios en PR [referencias omitidas] identificaron que muchas adolescentes conocen la Ley 54, pero no hacen uso de ella, e hacen recomendaciones a la Comisión para Asuntos de la Mujer a fin de intensificar su campaña educativa sobre el maltrato conyugal y dirigir la misma a diferentes niveles: profesionales de ayuda, víctimas y agresores.

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Departamento de Justicia. (1998). 27 de marzo de 1998. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 1323). San Juan, PR: Autor. El Departamento de Justicia endosa la medida. Expresa que, en conformidad con la Ley 54, la educación sobre la problemática de violencia doméstica que promueve el presente medida es una alternativa positiva para la prevención de la misma, siendo éstas las armas más fuertes que poseemos para combatir tan magno problema social. Sobre la creación del Fondo Especial, La Ley de Contabilidad del Gobierno de PR establece que no se podrán hacer fondos especiales para programas de gobierno sino que debe ser a través de asignaciones anuales. No obstante, ya se han cerrado fondos especiales anteriormente según el criterio de necesidad de los legisladores. Por tanto, el Departamento de Justicia no se opone. Respecto a la composición de la junta, el Departamento de Justicia recomienda que incluyan como miembros al Superintendente de la Policía, a la Directora de la Administración de los Tribunales y del Secretario de Justicia ya que estos funcionarios trabajan a diario con la problemática de la violencia doméstica. También recomienda al Secretario de Salud. Oficina Central de Administración de Personal. (1998). P. de la C. 1323. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 1323). San Juan, PR: Autor. OCAP endosa la medida en tanto es una iniciativa adicional para atacar la violencia doméstica. No obstante, el proyecto sugiere la creación de una Junta Consultiva formada por cinco miembros y no se especifican las labores de ellos más allá de crear una campaña educativa. Tampoco se indica el tiempo en que la Junta estará en funciones, si es de carácter permanente o si por el contrario la misma tendrá una duración fija. No se establece el período de tiempo en que los miembros se desempeñarán en sus cargos, si los nombramientos serán escalonados, cómo se seleccionará a la educadora con interés en violencia doméstica y la víctima de violencia doméstica. No se especifica la necesidad para la creación de la Junta, mientras sólo se le adjudican poderes a la Directora Ejecutiva de la Comisión (de Asuntos de la Mujer). Se debe especificar si es un cuerpo asesor para la Directora Ejecutiva. Tampoco se establece cuál será el mecanismo a emplearse si se fuera a reclutar personal para dar charlas educativas: si por contrato o por puestos transitorios o permanentes, o si por el contrario estas funciones las realizarían miembros de la Junta personalmente. Oficina de Gerencia y Presupuesto. (1998). RE: P. de la C. 1323. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 1323). San Juan, PR: Autor. La Oficina de Gerencia y Presupuesto no endosa el proyecto dado que representa una duplicidad de funciones, servicios y gastos. Se duplica el servicio ya que la Comisión para Asuntos de la Mujer ya tiene 2 unidades y cada una de ellas hace campañas publicitarias para la educación y prevención de la violencia doméstica. Por

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otro lado, el presupuesto recomendado 1998-1999 refleja un aumento de 3 millones de dólares en asignación adicional para realizar tareas encaminadas a la educación de la comunidad para la prevención de la violencia doméstica. Colón, U.M. (1997). Proyecto para la detección, prevención e intervención de la violencia doméstica. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 1323). San Juan, PR: Autor. La violencia doméstica no es un fenómeno nuevo en la sociedad, es uno que ha persistido desde tiempos bíblicos que ha sido reforzado por los sistemas sociales y legales. Antes se pensaba que los problemas de la pareja eran parte de la vida cotidiana y de la vida en pareja y que no debían tener intervención externa a la pareja. El sistema educativo se mantenía afuera de la vida personal de sus estudiantes, y dirigía sus esfuerzos al desarrollo de destrezas básicas que prepararan al estudiante para el mundo del trabajo. Hoy reconocemos que la violencia doméstica es aprendida, que se transfiere de generación en generación, que envuelve peligrosidad y tiene efectos en la familia, la producción y el desarrollo académico. Se estima que en los Estados Unidos 1.8 millones de mujeres son agredidas por sus compañeros anualmente. En Puerto Rico, en el 65% de los hogares hay violencia familiar. La Asociación Médica Americana, respaldada por la Cirujana General, declaró que "los hombres violentos constituyen el mayor riesgo para la salud de las mujeres". La violencia es una manera de ejercer poder y de reafirmar el dominio y autoridad en el hogar. Es importante señalar que la violencia del varón no se limita a su mujer sino que frecuentemente es dirigida hacia los niños. Los estudios estiman que en PR el 72% de los niños que viven en hogares donde existe violencia entre la pareja son víctimas del abuso físico, emocional y sexual. Investigaciones en los EU señalan que anualmente más de 3 millones de niños son testigos oculares de incidentes de violencia en el hogar. Las probabilidades de que estos niños aprendan s resolver sus conflictos por medio de la violencia son grandes. La niña aprende a conceptualizar el maltrato como parte de la vida cotidiana, a esperar y aceptar la violencia. La alta incidencia de agresividad que se da como respuesta a la violencia vivida afecta las relaciones interpersonales entre estudiantes, la disciplina y el nivel de desarrollo académico de los estudiantes. Por tal razón es esencial que el Departamento de Educación establezca programas de detección, prevención e intervención que ofrezcan alternativas para la protección de los estudiantes víctimas de la violencia doméstica. Son los trabajadores sociales y orientadores los que tienen que intervenir en casos de estudiantes que tienen esta problemática en sus hogares. Estos profesionales muchas veces no tienen la información o destrezas adecuadas para hacer intervenciones efectivas y responsables, exponiendo al Departamento a litigios innecesarios. Se propone un adiestramiento para 80 trabajadores sociales del Departamento de Educación. Se ofrecerán dos adiestramientos, cada uno de seis horas y de no más de 40 participantes cada uno. Se utilizará conferencias, materiales audiovisuales, ejercicios de aplicación, ejercicios de dramatización y trabajo en grupo. Se administrará pre y postprueba que medirá conocimiento de los participantes acerca de la violencia doméstica, así como cambios de actitudes/ Se distribuirá copia resumida de la Ley 54, artículos de

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revistas profesionales, resumen de guías para la intervención adecuada, copia de ciclo de violencia doméstica, entre otros. P. de la C. 1323 Informe: Comisión de Asuntos de la Mujer, Cámara de Representantes, 13ra Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2000). La Comisión de Asuntos de la Mujer recomienda la aprobación de la medida. La medida quiere establecer el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica en Puerto Rico. La educación y la prevención son los elementos que podemos utilizar para disminuir este problema en PR a pesar de que debemos seguir afinando las disposiciones de la Ley 54. En vistas públicas se recogieron las opiniones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Departamento de la Familia, Oficina Central de Administración de Personal, Departamento de Justicia, Comisión de Asuntos de la Mujer y Departamento de Educación. Todas respaldan el proyecto. Cabe señalar que el propuesto comité fue creado originalmente por la Orden Ejecutiva Núm. 16 del 24 de marzo de 1994. Se propone la enmienda de eliminar la creación de la Junta Consultiva sobre Violencia Doméstica porque estaría llevando a cabo funciones similares a las del Comité y, como lo expresó el Departamento de la Familia, sería una duplicación de esfuerzos. El Comité estará formado por trece miembros: la Directora Ejecutiva de la Comisión para Asuntos de la Mujer, el Secretario de Justicia, el Superintendente de la Policía, el Secretario del Departamento de Salud, el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Secretario de Recreación y Deportes, el Secretario del Departamento de la Familia, el Asesor del Gobernador en el Área de Educación y Calidad de Vida, el Asesor del Gobernador en el Área de Salud y Bienestar Social, un Educador con interés en la violencia doméstica el cual será seleccionado por la Comisión para Asuntos de la Mujer, una víctima de violencia doméstica seleccionada por la Comisión para Asuntos de la Mujer y los Presidentes de las Comisiones de Asuntos de la Mujer de la Cámara y el Senado. Informe Conjunto Positivo sobre el P. de la C. 1323: Comisión de Asuntos de la Mujer y Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, Senado de Puerto Rico, 13ra Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2000). Las Comisiones de Asuntos de la Mujer y de Gobierno y Asuntos Federales del Senado recomiendan la aprobación de la medida. La medida quiere establecer el Comité Interagencial para el Estudio de la Violencia Doméstica en Puerto Rico. Dicho Comité fue creado originalmente por la Orden Ejecutiva Núm. 16 del 24 de marzo de 1994 firmada por el Gobernador de PR, Hon. Pedro Rosselló. Este comité tendría la función de desarrollar de forma coordinada e integrada un plan de trabajo encaminado a estudiar el problema de la violencia doméstica en Puerto Rico luego de la aprobación de la Ley 54, identificar las dificultades de las agencias concernidas en la implantación de dicha ley y coordinar los trabajos interagenciales relacionados de manera que los mismos fluyan uniformemente, entre otros. No obstante, como el Comité fue creado por Orden

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Ejecutiva y no por Ley, el mismo pudiera ser derogado. La medida crea el Comité mediante ley que no podrá ser derogada excepto por otra ley a tales efectos. P. de la C. 1459 (Texto de aprobación final por la Cámara, 23 de junio de 1998). 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (1998). La medida establece que se rehusará el otorgarle licencia para tener o poseer un arma de fuego a aquellas personas que hayan sido convictas por violencia doméstica, ya sea dentro o fuera de PR. Las estadísticas recientes [señalan] que la inmensa mayoría de los jefes de familia poseen un arma de fuego que puedan ser o son utilizadas en casos de violencia doméstica causando muchas veces la muerte o grave daño corporal a cónyuges u otras víctimas inocentes. La Ley establece que el Superintendente de la Policía podrá rehusar otorgarle licencia para tener o poseer un arma de fuego a personas que hayan sido convictas de los siguientes delitos o su tentativa: asesinato en cualquier grado, homicidio, secuestro, violación, mutilación, tentativa de cualquier delito grave, agresión agravada cuando se haya cometido con algún arma cortante o de fuego, robo, escalamiento, apropiación ilegal, apropiación ilegal agravada, incendio, incendio agravado, incesto, infracción a la Ley 53 de 10 de junio de1948, a la Ley 220 de 15 de mayo de 1948, al Artículo 260 del Código Penal del ELA de PR, a la Ley 54 de 15 de agosto de 1989. Tampoco se le expedirá a ninguna persona que sea un desequilibrado mental, ebrio habitual o adicto al uso de narcóticos o drogas, o aquellos que incumplan con las disposiciones de esta ley [Ley 17 de 19 de enero de 1951]. Informe P. de la C. 1459: Comisión de lo Jurídico Penal, Cámara de Representantes, 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (1998). La Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida. La medida quiere enmendar la Ley 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico", a fin de añadir entre los fundamentos para rehusar la expedición de una licencia para tener y poseer un arma de fuego a aquellas personas que hayan sido convictos en o fuera de Puerto Rico de delitos constitutivos de violencia doméstica. Las más recientes estadísticas han reflejado que la mayoría de los jefes de familia poseen un arma de fuego, la cual en algunos casos ha sido utilizada en incidentes de violencia doméstica, ocasionando la muerte o grave daño corporal a su cónyuge o víctimas inocentes. Es el deber del Estado atacar esta destructiva conducta, que atenta contra la salud física y emocional de la sociedad. Actualmente, el Artículo 17 de la Ley 17 del 19 de enero de 1951, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico", establece los criterios por los cuales se podrá rehusar a otorgar una licencia para tener, poseer y cargar armas de fuego. Por tanto, se considera que ésta es la ley adecuada para incorporar la enmienda propuesta por la presente medida.

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Informe Conjunto sobre el P. de la C. 1459: Comisión de lo Jurídico y Comisión de Seguridad Pública, Senado de Puerto Rico, 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (1998). Las Comisiones de lo Jurídico y de Seguridad Pública del Senado recomiendan la aprobación de la medida. La medida quiere enmendar la Ley 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico", a fin de añadir entre los fundamentos para rehusar la expedición de una licencia para tener y poseer un arma de fuego a aquellas personas que hayan sido convictos en o fuera de Puerto Rico de delitos constitutivos de violencia doméstica. En vista de los numerosos incidentes de violencia doméstica en los que la víctima ha sido blanco de un arma de fuego, esta Asamblea Legislativa enmienda la ley. P. de la C. 3438 (Texto de aprobación final por la Cámara, 25 de junio de 2000). 13ra Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2000). La medida persigue crear un archivo electrónico sobre órdenes de protección solicitadas al amparo de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica" y la Ley 284 del 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", e incluir disposiciones sobre la custodia de menores debidamente emitidas por un tribunal de otro estado, tribu o territorio de los Estados Unidos. Esta ley es cónsona con la política pública de nuestro gobierno sobre prevenir e intervenir con la violencia doméstica, el acecho, y con las disposiciones de la ley federal conocida como "Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994" también conocida como VAWA ("Violence Against Women Act". Esta ley establece que toda orden de protección emitida bajo el debido proceso de ley en alguno de los estados, tribus o territorios de los EU será reconocida con entera fe y crédito por los demás estados, tribus o territorios de los EU. Mediante la presente medida se declara como política pública del ELA de PR el proteger a nuestra comunidad de actos de violencia doméstica y acecho, salvaguardando así los valores de paz, seguridad, dignidad y respeto a los que deben aspirar todos los miembros de nuestra sociedad. El Archivo Electrónico de Órdenes de Protección de Violencia Doméstica y Acecho será creado por la Policía de PR y estará adscrito al Sistema de Información de Justicia Criminal. A este sistema tienen acceso los jueces, los funcionarios del ministerio fiscal y agentes del orden público. El Archivo no tiene carácter punitivo sino para fines de seguridad, protección y el bienestar general de la ciudadanía. Contendrá la siguiente información: Tribunal y juez que emitió la orden, número de la orden de protección, nombre o seudónimo de la parte peticionada, su género, edad y características físicas, su última dirección y teléfono conocidos, los daños alegados por la parte peticionaria, fecha de expedición y de expiración de la orden, si la orden fue expedida ex-parte (en ausencia de la parte peticionada), fecha y hora en que se notificó la orden, nombre de la parte peticionaria, su dirección, teléfono, edad y número de seguro social, tipo de relación entre la parte peticionaria y la parte peticionada, si alguna, las restricciones especificadas en la orden y otras medidas ordenadas por el Tribunal, nombre de otros miembros de la familia que también requieren protección,

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información sobre custodia y derechos de visita, datos sobre la posesión de armas de fuego y prohibiciones relacionadas a la misma, datos sobre otras órdenes de protección expedidas contra la parte peticionada y, si se dejara sin efecto la orden, la fecha y razón para ello. Una persona puede pedir que la orden de protección que ha recibido para su beneficio sea incluida en el Archivo Electrónico siempre que presente copia certificada de dicha orden a pesar de que tal orden no haya pasado por la secretaría de un tribunal local. Cualquier orden emitida en otra jurisdicción, incluyendo todas sus disposiciones como las de custodia de menores, será considerada válida en PR si fue emitida bajo el debido proceso de ley y si cumple con las leyes federales y locales sobre custodia de menores. Todo tribunal que emita una orden de protección o reciba una emitida en otra jurisdicción de los EU deberá enviar una copia a la Policía de PR en menos de 24 horas de emitida la orden. La Policía pondrá en función las disposiciones de la orden y enviará la información provista al Archivo Electrónico y al "National Crime Information Center Protection Order File"dentro de las siguientes 8 horas. Policía de Puerto Rico. (2000). 5 de septiembre de 2000. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 3438). San Juan, PR: Autor. La Policía de Puerto Rico endosa la medida en tanto establece el mecanismo para dar cumplimiento en Puerto Rico a las disposiciones de la ley federal conocida como "Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994". Esta ley crea un archivo electrónico sobre órdenes de protección solicitadas al amparo de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica" y la Ley 284 del 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", e incluir disposiciones sobre la custodia de menores debidamente emitidas por un tribunal de otro estado, tribu o territorio de los Estados Unidos. Bajo lo establecido en este proyecto, se tomará como una orden de protección válida toda aquella orden emitida por otro Tribunal en otro estado, tribu o territorio de los EU, siempre que su emisión haya cumplido con el debido proceso de ley. Informe sobre el P. de la C. 3438: Comisión de lo Jurídico Civil, Cámara de Representantes, 13ra Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2000). La Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida. La medida quiere crear un archivo electrónico sobre órdenes de protección solicitadas al amparo de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica" y la Ley 284 del 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", e incluir disposiciones sobre la custodia de menores debidamente emitidas por un tribunal de otro estado, tribu o territorio de los Estados Unidos. Como política pública se ha determinado que la familia, como institución social, está revestida del más alto interés público y como tal amerita una especial atención. El propósito de la medida es cónsono con la política pública de prevenir e intervenir con todo tipo de conducta violenta y que

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interfiera con la intimidad de las personas. La ley federal conocida como VAWA ("Violence Against Women Act") dispone que una orden de protección emitida en cualquier tribunal de cualquier estado, tribu o territorio de los EU será válida y podrá ser puesta en vigor por un tribunal de otra jurisdicción de los estados, tribus o territorios de los EU siempre que se haya emitido bajo el debido proceso de ley. No obstante cada estado, tribu o territorio debe establecer los mecanismos para poder hacer efectiva esta ley. La presente medida establece los mecanismos para el cumplimiento de la referida ley federal. Informe P. de la C. 3438: Comisión de lo Jurídico Penal, Cámara de Representantes, 13ra Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2000). La Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida. La medida quiere crear un archivo electrónico sobre órdenes de protección solicitadas al amparo de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica" y la Ley 284 del 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", e incluir disposiciones sobre la custodia de menores debidamente emitidas por un tribunal de otro estado, tribu o territorio de los Estados Unidos. El propósito de la medida es cónsono con la política pública de prevenir e intervenir con todo tipo de conducta violenta y que interfiera con la intimidad de las personas. La ley federal conocida como VAWA ("Violence Against Women Act") dispone que una orden de protección emitida en cualquier tribunal de cualquier estado, tribu o territorio de los EU será válida y podrá ser puesta en vigor por un tribunal de otra jurisdicción de los estados, tribus o territorios de los EU siempre que se haya emitido bajo el debido proceso de ley. No obstante cada estado, tribu o territorio debe establecer los mecanismos para poder hacer efectiva esta ley. La presente medida establece los mecanismos para el cumplimiento de la referida ley federal. Segundo Informe Conjunto sobre el P. de la C. 3438: Comisión de lo Jurídico y Comisión de Asuntos de la Mujer, Senado de Puerto Rico, 13ra Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria (2000). Las Comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de la Mujer del Senado recomiendan la aprobación de la medida. La medida quiere crear un archivo electrónico sobre órdenes de protección solicitadas al amparo de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica" y la Ley 284 del 21 de agosto de 1999, conocida como "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", e incluir disposiciones sobre la custodia de menores debidamente emitidas por un tribunal de otro estado, tribu o territorio de los Estados Unidos. El propósito de la medida es cónsono con la política pública de prevenir e intervenir con todo tipo de conducta violenta y que interfiera con la intimidad de las personas. La ley federal conocida como VAWA ("Violence Against Women Act") dispone que una orden de protección emitida en cualquier tribunal de cualquier estado,

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tribu o territorio de los EU será válida y podrá ser puesta en vigor por un tribunal de otra jurisdicción de los estados, tribus o territorios de los EU siempre que se haya emitido bajo el debido proceso de ley. No obstante cada estado, tribu o territorio debe establecer los mecanismos para poder hacer efectiva esta ley. La presente medida establece los mecanismos para el cumplimiento de la referida ley federal. P. del S. 1427 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 17 de junio de 1999). 13ra Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (1999). La medida persigue establecer en el Código Civil que se considere el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia; establecer la discreción del Tribunal para escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad cuando esa persona tenga un historial de conducta previa de violencia doméstica, y luego de haber sido beneficiario de un programa de desvío fuere convicto de cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54. En un estudio auspiciado por Fondos Unidos de Puerto Rico, llamado Estudio sobre Necesidades Sociales en Puerto Rico, se identifica que la familia es un área de prioridad que debe ser atendida de forma integral. Este mismo estudio identificó que los grupos poblacionales de mayor riesgo, dada la magnitud de la incidencia de problemas sociales asociados con ellos, son los niños, los adolescentes, las mujeres y las personas de edad avanzada. Los principales problemas son la desintegración familiar y el maltrato de mujeres y niños. Es evidente que dentro de las modalidades de maltrato, la violencia doméstica es uno de los problemas más serios y complejos que confronta la familia en la sociedad moderna. Estudios como el de P.G. Jaffett, D. Wolfe y S. Wilson en Children of Battered Women han demostrado que la violencia doméstica se caracteriza por la presencia de ciertos rasgos en la familia, tales como: canales de comunicación deficientes o inexistentes, excesiva disciplina sin bases que la justifiquen, amenazas, agresiones con o sin armas y, en el peor de los casos, la muerte de la víctima. Según la Comisión para Asuntos de la Mujer, en 1996 cerca de un 90.3% de los casos de violencia doméstica tuvieron víctimas mujeres y cerca de un 9.97% fueron varones. En el 81.3% de los casos los incidentes de violencia doméstica ocurrieron en la casa de la víctima. SE ha identificado una relación entre la violencia doméstica, el maltrato a menores y la delincuencia juvenil. En un estudio del Hospital de la Ciudad de Boston en 1988 se encontró que en el 60% de los casos de maltrato de menores, la madre era también víctima de violencia doméstica. Otro estudio de 1985 realizado por el Departamento de Servicios a la Juventud de Massachussetts reveló que menores que han sido expuestos a maltrato en el hogar son más propensos al suicidio, a la adicción al alcohol y a las drogas. En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 75 del 28 de mayo de 1980, según enmendada, conocida como "Ley de Protección de Menores" define lo que es el maltrato a menores. Éste va desde el abuso a la negligencia, incluyendo el maltrato emocional, el cual no deja huellas visibles, pero se asocia al menoscabo continuo de la autoestima del menor ocasionando daño emocional e intelectual, timidez extrema, agresividad, etc. Por lo antes expuesto, es de vital importancia que se tome en cuenta la incidencia de violencia doméstica en casos de otorgamiento de la patria potestad de los menores. La Ley 100 del

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2 de junio de 1976 establece "el mejor bienestar del menor" como criterio rector para la otorgación de la patria potestad y custodia de los menores. El Art. 166A del Código Civil establece las razones por las cuales se puede privar, restringir o suspender la patria potestad; entre ellas, el ocasionar daño físico, emocional, mental o moral al menor. La Ley 43 del 24 de julio de 1997 enmendó el mencionado artículo del Código Civil estableciendo el delito de maltrato a menores como causal para privar, restringir o suspender la patria potestad sobre un hijo o hija. El Gobierno, con esta medida, tiene el interés de establecer que se tome en cuenta el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos(as) menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia. También se establece la discreción del Tribunal para escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad. La medida dispone, además, como motivo para la terminación o suspensión de la patria potestad cuando una persona tenga un historial de violencia doméstica y, luego de haberse beneficiado de un programa de desvío, fuere convicto de alguno de los delitos establecidos en la Ley 54. Ley 233 13 de agosto de 1999. (Extraída del Archivo del P. del S. 1427). 13ra Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (1999). Esta ley establece en el Código Civil que se considere el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia; establecer la discreción del Tribunal para escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad cuando esa persona tenga un historial de conducta previa de violencia doméstica, y luego de haber sido beneficiario de un programa de desvío fuere convicto de cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54. En un estudio auspiciado por Fondos Unidos de Puerto Rico, llamado Estudio sobre Necesidades Sociales en Puerto Rico, se identifica que la familia es un área de prioridad que debe ser atendida de forma integral. Este mismo estudio identificó que los grupos poblacionales de mayor riesgo, dada la magnitud de la incidencia de problemas sociales asociados con ellos, son los niños, los adolescentes, las mujeres y las personas de edad avanzada. Los principales problemas son la desintegración familiar y el maltrato de mujeres y niños. Es evidente que dentro de las modalidades de maltrato, la violencia doméstica es uno de los problemas más serios y complejos que confronta la familia en la sociedad moderna. Estudios como el de P.G. Jaffett, D. Wolfe y S. Wilson en Children of Battered Women han demostrado que la violencia doméstica se caracteriza por la presencia de ciertos rasgos en la familia, tales como: canales de comunicación deficientes o inexistentes, excesiva disciplina sin bases que la justifiquen, amenazas, agresiones con o sin armas y, en el peor de los casos, la muerte de la víctima. Según la Comisión para Asuntos de la Mujer, en 1996 cerca de un 90.3% de los casos de violencia doméstica tuvieron víctimas mujeres y cerca de un 9.97% fueron varones. En el 81.3% de los casos los incidentes de violencia doméstica ocurrieron en la casa de la víctima. SE ha identificado una relación entre la violencia doméstica, el maltrato a menores y la delincuencia juvenil. En un estudio del Hospital de la Ciudad de Boston en 1988 se encontró que en el 60% de los casos de maltrato de menores, la madre era también víctima de violencia doméstica. Otro

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estudio de 1985 realizado por el Departamento de Servicios a la Juventud de Massachussetts reveló que menores que han sido expuestos a maltrato en el hogar son más propensos al suicidio, a la adicción al alcohol y a las drogas. En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 75 del 28 de mayo de 1980, según enmendada, conocida como "Ley de Protección de Menores" define lo que es el maltrato a menores. Éste va desde el abuso a la negligencia, incluyendo el maltrato emocional, el cual no deja huellas visibles, pero se asocia al menoscabo continuo de la autoestima del menor ocasionando daño emocional e intelectual, timidez extrema, agresividad, etc. Por lo antes expuesto, es de vital importancia que se tome en cuenta la incidencia de violencia doméstica en casos de otorgamiento de la patria potestad de los menores. La Ley 100 del 2 de junio de 1976 establece "el mejor bienestar del menor" como criterio rector para la otorgación de la patria potestad y custodia de los menores. El Art. 166A del Código Civil establece las razones por las cuales se puede privar, restringir o suspender la patria potestad; entre ellas, el ocasionar daño físico, emocional, mental o moral al menor. La Ley 43 del 24 de julio de 1997 enmendó el mencionado artículo del Código Civil estableciendo el delito de maltrato a menores como causal para privar, restringir o suspender la patria potestad sobre un hijo o hija. El Gobierno, con esta medida, tiene el interés de establecer que se tome en cuenta el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos(as) menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia. También se establece la discreción del Tribunal para escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad. La medida dispone, además, como motivo para la terminación o suspensión de la patria potestad cuando una persona tenga un historial de violencia doméstica y, luego de haberse beneficiado de un programa de desvío, fuere convicto de alguno de los delitos establecidos en la Ley 54. Departamento de Justicia. (1999). 8 de junio de 1999. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 1427). San Juan, PR: Autor. La Oficina para Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, endosa la medida con las enmiendas que se señalan. Esta medida pretende añadir un párrafo al Art. 107 del Código Civil de Puerto Rico a los fines de considerar el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia; establecer la discreción del Tribunal para escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad cuando esa persona tenga un historial de conducta previa de violencia doméstica, y luego de haber sido beneficiario de un programa de desvío fuere convicto de cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54. El Artículo 107 del Código Civil de PR dispone el cuidado de los hijos/as menores después del divorcio. De la misma forma, reconoce el derecho del padre o madre no custodio a relacionarse con su hijo/a. La ruptura de una pareja no debe interrumpir el proceso de crianza en el que tanto la madre como el padre deben participar. Sin embargo, las relaciones en las cuales existe violencia doméstica se deben tratar como excepción. El agresor en una relación caracterizada por la violencia doméstica continua sus esfuerzos de maltrato y control sobre su ex-pareja a través del contacto con los/as niños/as. Por tal razón, se considera que la solicitud de

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custodia y patria potestad compartida no surge de un interés genuino para velar por los intereses de los/as menores. Más bien, ésta se da como una prolongación de la manipulación y el maltrato que se manifiesta a través de los hijos/as de éstos. La persona que maltrata a su pareja no tiene que maltratar a los/as menores para que éstos se afecten. El sólo hecho de que los menores presencien estos actos les perjudica. Expertos han dicho que los niños y niñas que han vivido situaciones de violencia doméstica pueden experimentar los actos como eventos traumáticos, problemas de ajuste y han tenido que experimentar períodos de privación afectiva, carencia de alimentación adecuada y constantes momentos de tensión y agresión que han generado en ellos un desarrollo biosicosocial limitado. Algunos clínicos y empíricos han señalado que los niños/as que han presenciado el abuso de su madre son parecidos a los sufren de desorden de estrés postrauma (PTSD). Debido a que el desarrollo emocional de los niños/as está tan ligado al sentido de seguridad que le brinda su familia, éstos niños/as sufren de "pérdida de fe" que le dé orden y continuidad a la vida (Van der Kolk, 1987). Entendemos que todos los casos de custodia y patria potestad deben tomar en cuenta si existe un historial previo de violencia doméstica. No obstante, entendemos que las enmiendas presentadas limitan mucho la discreción del Tribunal. No se establece qué constituye un historial previo de violencia doméstica o si éste será el definido en la Ley 54. Además, entendemos que no debe incluir la restricción de asistir a programas de desvío y ser reincidente (para que tome efecto la presente medida). Esto comparado con lo establecido en el Artículo 166 A (del Código Civil), en el cual no se requiere convicción ni denuncia para que se constituyan los delitos que se establecen en dicha sección. Si se limita la medida a aquellos agresores convictos que hayan asistido previamente a programas de desvío no se estaría cumpliendo con la intención legislativa de proteger a los menores. Vélez-Arcelay, F.E., Comisión Puertorriqueña de Padres e Hijos. (sin fecha). El Discrimen en las Adjudicaciones de Custodia y Patria Potestad de los menores en Puerto Rico. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 1427). San Juan, PR: Autor. Para la inmensa mayoría de los padres y madres en el mundo, no existe asunto de mayor trascendencia e importancia que los asuntos relacionados con sus hijos. Nuestra Constitución establece que: "Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas..." Es en una de las áreas más sensitivas y de mayor trascendencia e importancia en las que se da el discrimen por sexo en PR, como lo son las relaciones entre padres e hijos. Esta parece ser la norma en los casos de adjudicación de custodia y patria potestad sobre los hijos en casos de separación de parejas. En agosto de 1995, la Comisión Especial para Investigar el Discrimen por Género en los Tribunales de PR informó que: "En las determinaciones sobre patria potestad y custodia, a las mujeres que la solicitan generalmente se las conceden por razón de su género y a los hombres que las solicitan generalmente se las deniegan por razón de su género". El Lcdo. Federico González Denton reconoció esto en Ex-parte Torres, 118 D.P.R. 469. La custodia se la ha entregado a la madre en el 96% de los casos. Esto responde a una visión estereotipada de la mujer en la cual se concibe su única función social la crianza de los hijos. No

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obstante, el Tribunal Supremo, que se supone sea quien vele por que no se discrimine por sexo en PR, es el primero en dictar esto a los tribunales inferiores, cuando expresó: "Los tribunales deben generalmente preferir a la madre al conceder la custodia permanente, salvo que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen el privarla de ella" (Muñoz v. Torres, 75 D.P.R. 507 (1953). "Si luego de analizados todos los factores envueltos, la madre se encuentra esencialmente en la misma posición que los demás, incluyendo al padre ­ en ausencia de otras circunstancias excepcionales que justifiquen lo contrario ­ la custodia debe serle adjudicada. Influye en nuestro espíritu el que generalmente la madre, por ley natural no escrita dimanante de imperativos biológicos, y arraigada profundamente en nuestras conciencias ­ con reconocimiento casi universal ­ es la persona que con más dedicación, celo y cariño cuida a sus hijos" (Santos v. Berdecía, 73 D.P.R. 766 (1952), entre otros). Este discrimen le duele a la persona discriminada. En primer lugar, irrazonablemente establece la presunción de que la custodia y la patria potestad debe ser adjudicada a uno sólo de los padres con exclusión del otro, sin que siquiera se investigue la probabilidad de éxito de una custodia compartida como primera opción lógica y saludable. El Tribunal Supremo se ha expresado en contra de que se adjudique la custodia y patria potestad compartida en Viera v. Morel, 115 D.P.R. 4 (1983) aun cuando reconoce que no ven impedimento alguno para adjudicarla si ambos convienen (Ex-parte Torres, 118 D.P.R. 469). Como se puede apreciar, nuestra experiencia histórica y jurisprudencia, a pesar de la prohibición de discrimen por sexo en nuestra Constitución, la tolera y abiertamente la promueve en las adjudicaciones de custodia y patria potestad por los tribunales de familia. Esto promueve que intereses fuera del bienestar del menor, tales como odios, venganzas y resentimientos, influyan y excluyan a uno de los padres de la crianza del menor, limitándolo únicamente al rol de proveedor y visitante ocasional, todo ello en perjuicio del menor. Esta práctica fomenta que el padre experimente la pérdida de un vínculo con el menor y, por lo general, minimiza el contacto con ellos. Se establece que la adjudicación de la custodia a uno sólo de los padres es también fomentar la desintegración de la familia. Se establece que cuando se redactó el Código Civil predominaba en PR una sociedad agraria donde había pocos divorcios, pero que ahora estamos en otros tiempos en los que se debe revisar los procedimientos judiciales de otorgación de custodia y patria potestad, frente a cambios sociales como los cambios en el rol del padre en la crianza de los hijos y cambios económicos que obligan a que tanto padres como madres salgan a trabajar. Cada vez más van surgiendo familias en las que tanto el padre como la madre trabaja y ambos llevan la crianza de los hijos. La Ley 100 de 2 de junio de 1976 establece que la adjudicación de la custodia y patria potestad de los hijos se realizará con independencia de la culpabilidad de uno de los cónyuges en el divorcio. Lo que sucede en la práctica es resultado de la vaguedad del concepto "los mejores intereses del menor". Los criterios que el Tribunal Supremo ha tratado de establecer para determinar cuál es el mejor interés del menor son: la preferencia del menor, su sexo, edad, salud mental y física, el cariño que pueda brindársele por las partes en controversia y la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y económicas del menor, el grado de ajuste del menor al hogar, la escuela y la comunidad en la que vive, la interrelación del menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia y la salud psíquica de todas las partes. Pero lo que sucede con estos criterios es que no se

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evalúan de forma objetiva y se le da más peso a uno o a otro dependiendo que decisión se quiere favorecer. Ante el discrimen presente, lo único que tiene que hacer aquella parte que interesa excluir a la otra de la participación en la crianza es provocar problemas en la comunicación, con lo que probablemente obtendrá tanto la custodia como la patria potestad, esto si luego de haber estipulado la patria potestad y custodia compartida, se arrepiente de ello. Esto es ilógico y perjudicial para los mejores intereses de los menores. Las alternativas propuestas son: 1) custodia compartida como primera opción, que incluya un plan para ello que prevea controversias. Para resolver las controversias imprevisibles, se puede recurrir al arbitraje o la negociación entre las partes, adicional a que siempre exista la posibilidad de acudir al tribunal para resolver aquellas controversias que no se puedan resolver por los métodos anteriores. También se le pueden imponer multas y sanciones a la parte que irrazonablemente provoque una controversia, de forma que se desaliente esa práctica y se evite una congestión en los casos en los tribunales. 2) Criterios objetivos: Cuando no convenga o se pueda establecer la custodia compartida, se puede evaluar la situación con los criterios establecidos en la jurisprudencia, excluyendo el sexo para evitar el discrimen, pero estableciendo medidas objetivas para evaluar los criterios a fin de que no se le dé mayor peso a uno o a otro. Se debe añadir a los criterios la evaluación de conocer al progenitor que fomenta mejor la comunicación entre las partes, a fomentar la participación del otro en la crianza y cuál trata de impedir la posibilidad de custodia compartida. Los beneficios de la custodia compartida sobrepasan sus desventajas, para las que existen remedios viables. Departamento de la Familia. (1999). 8 de junio de 1999. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 1427). San Juan, PR: Autor. El Departamento de la Familia endosa la medida. La misma pretende añadir un párrafo al Art. 107 del Código Civil de Puerto Rico a los fines de considerar el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia; establecer la discreción del Tribunal para escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad cuando esa persona tenga un historial de conducta previa de violencia doméstica, y luego de haber sido beneficiario de un programa de desvío fuere convicto de cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54. El Departamento de la Familia entiende que el presente proyecto es cónsono con la política pública del Gobierno que repudia la violencia doméstica. No obstante, consideran importante que se extienda el análisis, no sólo a los padres, sino en casos en los que se considere otorgar custodia a familiares o padres de crianza, ya que no siempre se hacen las determinaciones de custodia entre los progenitores del niño o la niña y lo importante en ese proceso son los mejores intereses del menor. También se recomienda que dentro del historial de conducta previa de violencia doméstica se consideren los antecedentes con parejas anteriores. Es importante que el menor sea escuchado por el Tribunal. Esto no quiere decir que se hará lo que él determine, pero al menos se reducirá el sentimiento de impotencia que muchos niños padecen frente a procesos de divorcio que no entienden y en los cuales no se ha escuchado su opinión.

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Departamento de la Familia. (1999). 7 de junio de 1999. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 1427). San Juan, PR: Autor. El Departamento de la Familia endosa la medida. La misma pretende añadir un párrafo al Art. 107 del Código Civil de Puerto Rico a los fines de considerar el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia; establecer la discreción del Tribunal para escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad cuando esa persona tenga un historial de conducta previa de violencia doméstica, y luego de haber sido beneficiario de un programa de desvío fuere convicto de cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54. El Departamento de la Familia entiende que ciertamente una persona que incurre en un acto de violencia doméstica no es idónea para que se le conceda la custodia y patria potestad de un menor. En ese sentido el bienestar y los mejores intereses de un menor quedan bien servidos si al determinar la custodia o patria potestad de un menor o al privar, restringir o suspender a una persona de la patria potestad sobre su hijo se toma en consideración, entre otras cosas, el historial de conducta previa de violencia doméstica de los progenitores. En estos casos el menor es la parte directamente afectada, así que parece lógico que el Tribunal tenga la discreción de escuchar el testimonio del menor. No obstante entendemos que deberían establecerse unas circunstancias bajo las cuales sería inminentemente necesario escuchar el testimonio del menor a los fines de determinar la discreción del Tribunal. Departamento de Justicia. (1999). 8 de junio de 1999. (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 1427). San Juan, PR: Autor. El Departamento de Justicia no tiene objeción legal a la aprobación de la medida. La medida pretende añadir un párrafo al Art. 107 del Código Civil de Puerto Rico a los fines de considerar el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia; establecer la discreción del Tribunal para escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad cuando esa persona tenga un historial de conducta previa de violencia doméstica, y luego de haber sido beneficiario de un programa de desvío fuere convicto de cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54. Como se explica en la Exposición de Motivos, la Ley 100 del 2 de junio de 1976 eliminó de la regulación anterior del divorcio y sus efectos toda consideración sobre la culpabilidad de cualesquiera de los cónyuges al momento de la adjudicación de la patria potestad y la custodia de los hijos menores. Así, pues, el bienestar del menor se constituyó en la norma de guía para la formulación de la conciencia judicial en la adjudicación de la patria potestad y custodia. Esta es la política pública del ELA de PR. Este último concepto está necesariamente subordinado al ejercicio por los tribunales del poder de parens patrie. Se recomienda que en la medida se aclare cuál será el efecto cuando el progenitor sea convicto por violencia doméstica y haya sido beneficiario de un programa de desvío.

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Ley 54 de 15 de agosto de 1989 "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica". (sin fecha). (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. del S. 1427). San Juan, PR. El proceso de reestructuración, desarrollo y evolución de nuestro modelo económico vigente han forzado a las familias puertorriqueñas a cambiar sus estilos de vida, que se manifiestan en separaciones, divorcios, delincuencia juvenil, embarazos en adolescentes y violencia intrafamiliar. Los esfuerzos dirigidos a mitigar la situación van dirigidos a una perspectiva local, nacional o internacional y la base del conflicto quedó obviada: la familia. Prueba de esto es que los estudios sociológicos previo a la década de los 60 consideraban a la familia como una institución sacramental que no debía someterse a esos estudios. Luego de los años 60 comienza el despertar en el tema de la violencia doméstica. La agresión humana es un fenómeno complejo, pero podría decirse que son dos sus vertientes principales: la vertiente instintiva y la aprendida. Estudios han señalado graves deficiencias en la educación de la persona [agresora] y un crecimiento en imitar y continuar con patrones establecidos o costumbres de las generaciones anteriores. El hombre, sexo fuerte y agresivo, establece control en el hogar y crea una relación de poder sobre la mujer. La cultura latina se fundamenta en que el hombre es el pilar del hogar y es quien lleva los pantalones. La violencia doméstica no solamente se constituye cuando se trata de violencia física; también es una manifestación de violencia el maltrato sexual, emocional y verbal contra otro miembro de la familia. La gran mayoría de los casos no son reportados a las autoridades, lo que hace difícil la intervención inmediata y la prevención de una tragedia. Un número sustancial de los agresores presenciaron en su niñez cómo su padre agredía a su madre, aprendiendo éste a seguir el ejemplo de su padre y la obligación de la madre a aguantar la situación. Algunas agresiones son producto del alcohol o las drogas. No obstante, no existe razón alguna que justifique la agresión o que exima al agresor de su responsabilidad. Muchas víctimas no reportan a las autoridades las agresiones sufridas. Algunas razones para ello son: la dependencia económica y/o emocional, la baja autoestima, miedo a afectar el núcleo familiar y perder el apoyo de aquellos a quienes aprecia y por miedo a represalias. Una de las manifestaciones de la violencia doméstica es el maltrato conyugal, el cual mayormente ocurre cuando la mujer abandona sus patrones regulares de vida y sus funciones tradicionales de mujer y de madre. Esto puede incluir, daño físico, agresión sexual, humillación, atropello verbal, etc. La Ley 54 tipifica la violencia doméstica en varios delitos. El delito de maltrato es el uso de la fuerza física para causarle daño a su pareja o a un tercero que habita en el hogar. Maltrato agravado ocurre cuando el maltrato incluye cuando el daño físico ocurre en el contexto de una Orden de Protección, se incita a la persona a utilizar sustancias controladas u ocurren los actos en presencia de un menor, entre otros casos. El maltrato mediante amenaza ocurre cuando se amenaza a la persona de causarle grave daño corporal. El maltrato mediante restricción de la libertad incluye la utilización de la violencia o la intimidación para limitar la libertad de la persona. La agresión sexual conyugal ocurre cuando se fuerza a la pareja mediante amenaza, intimidación o fuerza física, a incurrir en relaciones sexuales o conducta de tipo sexual. El maltrato ocurre en ciclos de tres etapas: la primera envuelve las discusiones, coraje, tensión y constante reproche del agresor hacia la víctima; la segunda es el abuso

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directo; mientras que la última es una aparente tranquilidad en la que el agresor se arrepiente y promete no continuar con la situación. El maltrato de menores está definido en la Ley 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada, como toda acción u omisión voluntaria que lleve a cabo el padre, madre, tutor o encargado del menor afectando el desarrollo físico o emocional del niño. Incluye el maltrato físico, el abuso, negligencia en cuanto al cuidado del menor, maltrato emocional y abuso sexual. Esta ley provee los procedimientos para la adjudicación de custodia de un menor tomando en consideración el mejor bienestar del menor. Los criterios que sirven de guía son: la preferencia del menor, su sexo, edad, salud mental y física, el cariño que pueda brindársele por las partes en controversia y la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y económicas del menor, el grado de ajuste del menor al hogar, la escuela y la comunidad en la que vive, la interrelación del menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia y la salud psíquica de todas las partes. El Artículo 107 del Código Civil de PR, según enmendado por la Ley 100 de 2 de junio de 1976, establece que las determinaciones de custodia y revocación de derechos de patria potestad se realizan tomando en cuenta los mejores intereses del menor, no a base de la relación de los cónyuges o la relación posterior de éstos luego de la ruptura de dicho vínculo. Cada caso varía y depende del balance de las estimaciones del interés del menor que haga el Tribunal para determinar el mejor interés del menor. Ante situaciones de adversidad los niños y niñas conservan la esperanza de que la situación termine, pero la espera les causa ansiedad. Muchos recurren al alcohol o las drogas para escapar, aunque sea por un instante, a los problemas que enfrentan. Muchos desarrollan autoestima baja, rendimiento escolar bajo, problemas de inseguridad, miedo y control de sí mismos y existe una gran tendencia a intentos suicidas. Los niños y niñas que viven en un hogar violento aprenden esos patrones de violencia, se convencen de que son correctos y copian esos estilos de vida. El número de casos de suicidio en menores es alarmante. Las autoridades pertinentes deberían tomas estos datos e investigar la relación entre la cantidad de suicidios y la violencia doméstica. Los casos de violencia doméstica representan una amenaza física y psicológica tanto para la mujer como para los menores. El estudio realizado por la American Bar Association, titulado "The Impact of Domestic Violence on Children: A Report to the President of the American Bar Association" (1994), concluyó que un niño o una niña puede sufrir grave daño por "meramente observar o escuchar el terrorismo doméstico de brutalidad contra uno de sus padres en el hogar". También indica el informe que los jóvenes expuestos a violencia en el hogar están más propensos a convertirse en agresores cuando lleguen a la adultez. Estudios como el de Peter Jaffe, titulado "Similarities in Behavioral and Social Maladjustment among Child Victims and Witnesses to Family Violence" ( (1986). American Journal of Orthopsychiatry, 56(142), 142-45) demuestran que los menores que presencian actos de violencia doméstica sufren efectos similares a los que padecen aquellos que son víctimas de violencia directa. Por otro lado, otro estudio establece que las personas adultas piensan que los menores se olvidan o no entienden los incidentes de violencia que presencian (Taylor, L., 1994. Witnessing violence by children and their mothers, Journal of Development and Behavioral Pediatrics, 15(120).) Algunos menores en esta situación recurren a escaparse de la casa, se sienten culpables de los problemas en su casa. Según el mencionado estudio de Taylor, el 50% de los niños y niñas expuestos a este tipo de

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trauma antes de los 10 años desarrollan problemas psiquiátricos posteriormente en sus vidas. Pero el 65% de los niños y niñas que presencian violencia doméstica son menores de 9 años de edad. Estos niños pueden presentar problemas de concentración, problemas al dormir, temen que sus padres los abandonen y presentan rasgos o se comportan violentamente con sus compañeros o familiares. Es necesario que se establezcan parámetros rigurosos para eliminar o limitar la violencia doméstica y el daño irreparable que le causa a los niños y las niñas víctimas de maltrato o a aquellos que son testigos del maltrato causado a un miembro de su familia. Por lo antes expuesto es necesario que el Tribunal tome en consideración el historial previo de conducta constitutiva de violencia doméstica antes de adjudicar custodia o patria potestad de un menor. Muchos estados de los Estados Unidos parten del criterio del mejor bienestar del menor, pero han incorporado el tomar en cuanta el historial de violencia doméstica en estos casos. La presente medida intenta proteger a los menores de estas situaciones. El proyecto parte de la premisa que la persona es rehabilitable y por eso establece que esta enmienda es vigente cuando la persona ya ha participado de un programa de desvío o ha incumplido con las regulaciones de este. A pesar de esto, "entiendo que para alcanzar el objetivo del proyecto de ley, se debe incluir una enmienda en el mismo, a los fines de que se establezca una presunción automática contra el agresor, rebatible mediante preponderancia de prueba, al momento del tribunal tomar una determinación de adjudicación de custodia del menor que ha presenciado o ha sido víctima de la violencia doméstica perpetrada por el agresor. Este tipo de presunción ya ha sido adoptada en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos. Informe de Conferencia P. del S. 1427: Comisión de Conferencia, Cámara de Representantes, 13ra Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria (1999). La Comisión de Conferencia recomienda la aprobación de la medida. La medida quiere añadir un párrafo al Art. 107 del Código Civil de Puerto Rico a los fines de considerar el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia; establecer la discreción del Tribunal para escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad cuando esa persona tenga un historial de conducta previa de violencia doméstica, y luego de haber sido beneficiario de un programa de desvío fuere convicto de cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54. Informe sobre el P. del S. 1427: Comisión de lo Jurídico Civil, Cámara de Representantes, 13ra Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria (1999). La Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida. La medida quiere añadir un párrafo al Art. 107 del Código Civil de Puerto Rico a los fines de considerar el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia; establecer la discreción del Tribunal para

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escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad cuando esa persona tenga un historial de conducta previa de violencia doméstica, y luego de haber sido beneficiario de un programa de desvío fuere convicto de cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54. Se celebraron vistas públicas en las que depusieron el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia y la Comisión para Asuntos de la Mujer. Las tres entidades endosaron la medida señalando que las disposiciones en la misma van en la dirección de proteger el mejor interés del menor, lo cual es política pública del ELA de PR. El Departamento de Justicia señala que las disposiciones en la presente medida no cambian los criterios que se utilizan hoy día para otorgar patria potestad y custodia, sólo que añade el que se tome en consideración el historial previo de conducta constitutiva de violencia doméstica como parte de la evaluación para estos fines. Informe sobre el P. del S. 1427: Comisión de lo Jurídico, Senado de Puerto Rico, 13ra Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria (1999). La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la medida. La medida quiere añadir un párrafo al Art. 107 del Código Civil de Puerto Rico a los fines de considerar el historial de conducta previa de violencia doméstica al decretar la custodia de los hijos menores después del divorcio o en cualquier controversia sobre la adjudicación de custodia; establecer la discreción del Tribunal para escuchar el testimonio del menor en las determinaciones de custodia y patria potestad cuando esa persona tenga un historial de conducta previa de violencia doméstica, y luego de haber sido beneficiario de un programa de desvío fuere convicto de cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54. Se celebraron vistas públicas en las que depusieron el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia. El Departamento de Justicia está de acuerdo con la medida, aunque sugirió que se aclarara el efecto que tendría el que un progenitor haya participado de un programa de desvío. Se debe enfatizar en que no se pretende que el Tribunal tome acciones automáticas, sino que evalúe con todos los elementos. El Departamento de la Familia también endosa la medida y nos sugiere que hay que proteger a los hijos de la manipulación del agresor que es tan típica en estos casos. La Comisión para Asuntos de la Mujer endosa la medida y añade que los niños(as) víctimas de violencia doméstica pueden verse afectados por sintomatología de PTSD. P. del S. 2682 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 29 de noviembre de 2000). 13ra Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2000). La medida persigue crear la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, a tenor con las disposiciones de la Ley 54 del 15 de agosto de 1989. En ánimo de continuar el camino hacia la erradicación de la violencia doméstica, es necesario proveer una atención exclusiva al proceso de rehabilitación de la persona maltratante mediante el proceso de educación y reeducación, además de los servicios de consejería debidamente certificados y objeto de minucioso

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seguimiento. La Junta propuesta estará compuesta por siete miembros, nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de PR. De los siete miembros, uno representará al Departamento de Corrección y Rehabilitación, un representante del Departamento de la Familia, la Directora Ejecutiva o una Comisionada de la Comisión para Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, un/a psicólogo/a clínico/a con preparación y/o experiencia en el área de violencia doméstica, un representante de ASSMCA, un trabajador social con experiencia en el área de violencia doméstica y un/a abogado/a con experiencia en el área de violencia doméstica. La Junta tendrá a su cargo la evaluación de los Centros de Reeducación y Readiestramiento con el fin de otorgar permisos, licencias, certificaciones y la supervisión y revisión de los programas de reeducación y readiestramiento, que contempla la Ley 54, para cualquier entidad privada o pública. La Junta podrá solicitar a las instituciones toda aquella información o documentos que sean pertinentes y podrá inspeccionar sus instalaciones. La Junta podrá solicitar el auxilio del Tribunal para hacer valer sus poderes. Se dispone que la Junta realizará una monitoría constante a las instituciones y sus programas de desvío para asegurar la calidad y efectividad de los servicios prestados. La Junta establecerá los requisitos mínimos para operar dichos programas y podrá enmendar dichas guías y reglamentos cuando así lo determine. La Junta podrá, por su propia iniciativa o a partir de una querella o denuncia debidamente fundada, realizar una investigación para renovar, cancelar o denegar una licencia, permiso o certificación, ya sea porque la entidad trata de obtener la misma mediante engaño o fraude o no reúna los requisitos que se establecen en el reglamento que adopte la Junta. [Al documento la falta la página #4 y 8]. Informe sobre el P. del S. 2682: Comisión de Gobierno, Cámara de Representantes, 13ra Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2000). La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida. La medida quiere crear la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, a tenor con las disposiciones de la Ley 54 del 15 de agosto de 1989. Esta Junta estará adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación y tendrá a su cargo velar por el buen funcionamiento de los programas de adiestramiento y readiestramiento a las personas agresoras. Al momento no existe agencia alguna que se encargue de certificar y brindar seguimiento para lograr efectividad en estos programas. En los últimos días nuestro país ha estado sufriendo de un gran alza en la violencia doméstica. Casi todos los días estamos viendo en los medios noticiosos nuevos incidentes relacionados con la violencia doméstica. El Colegio de Abogados sugiere que la Junta sea un organismo gubernamental independiente, y en caso de que no, al menos que tenga presupuesto asignado que le permita cierta independencia fiscal.

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Informe sobre el P. del S. 2682: Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, Senado de Puerto Rico, 13ra Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2000). La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales del Senado de PR recomienda la aprobación de la medida. La medida quiere crear la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, a tenor con las disposiciones de la Ley 54 del 15 de agosto de 1989. Se tomó en consideración las opiniones de la Comisión para Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, la Comisión para los Derechos Civiles, Departamento de Corrección y Rehabilitación, Departamento de la Familia, la Junta Asesora para la Protección t Fortalecimiento de la Familia, Oficina de Administración de los Tribunales, Departamento de Justicia, Comité en Defensa de los Derechos al Ciudadano, Colegio de Abogados, Instituto de Reeducación de PR y la Comisión para Asuntos de Padres y Esposos Pro-Unión Familiar. La Comisión para Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, el Departamento de la Familia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Junta Asesora para la Protección y el Fortalecimiento de la Familia favorecen la medida. La Comisión de Derechos Civiles endosa la medida, sin embargo recomienda que la Junta Reguladora y sus presupuestos sean independientes del Departamento de Corrección y Rehabilitación, para mayor efectividad. Por tal razón luego del primer año la Junta estará incluida en el presupuesto general de gastos. La Comisión para Asuntos de Padres y Esposos Pro-Unión Familiar sostuvo que no endosan la medida por esta tener muchas lagunas. Sin embargo no señalan cuáles son estas lagunas y recomiendan que se revise la Ley 54 en su totalidad ya que expresan ha sido un fracaso en la consecución de sus fines y prevenir y combatir la violencia doméstica en PR. El Colegio de Abogados de PR endosa la medida, sin embargo sugiere que la Junta Reguladora sea una agencia gubernamental independiente del Departamento de Corrección y, en caso de que no pueda ser así, al menos que tenga un presupuesto independiente. El Instituto de Reeducación de PR no endosa la medida, pero no objeta la misma en su totalidad. Ellos señalan que la Legislatura debe dirigir sus esfuerzos a combatir las causas de la violencia doméstica. De esta manera, sería una intervención psicoeducativa en masa, propiciando cambios en los sistemas de creencias y en los paradigmas de vida de toda una sociedad. Al analizar las propuesta podemos observar que todos quieren eliminar la violencia doméstica, aunque existen diferencias en cuanto a los métodos. La presente medida tiene como último y más importante propósito, el brindar a la persona agresora, bajo la ley de violencia doméstica, una oportunidad de rehabilitación y de terminar de una vez con ese tipo de conducta delictiva, a la misma vez que evita un proceso judicial, el cual le podría costar su libertad. El Gobierno, en su interés de proteger la vida y la salud de sus ciudadanos y de mejorar su calidad de vida, tiene el deber de fomentar cualquier medida dirigida a estos propósitos, como la aquí presente.

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Informe sobre el P. de la C. 1352: Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, Senado de Puerto Rico, 14ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (2002). Para establecer un plan estratégico de manejo de crisis en incidentes de violencia o situaciones que pudieran desencadenarla misma en las escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. Recomienda la aprobación de la medida en la cual se le ordena al Departamento de Educación establecer un plan estratégico para el manejo de situaciones de violencia o que pudieran conducir a la misma en las escuelas. P. de la C. 1377 (Texto de aprobación final, 12 de noviembre de 2002). 14ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (2002). Para establecer el contenido, así como el plazo en el que será impartido, de los Programas de Prevención Primaria y Adiestramiento en las Escuelas establecidos en la Ley 342 del 16 de diciembre de 1999 conocida como "Ley para el Amparo de Menores en el Siglo XXI". Se establece el plazo de una vez al año para la implantación del Programa de Prevención Primaria y Adiestramiento en las Escuelas señalado en la Ley 342 del 16 de diciembre de 1999. Se establece que, en adelante, este programa incluirá como temario 1) información clara y sencilla sobre el maltrato a menores y posibles formas de solucionarlo; 2) información para contrarrestar los estereotipos acerca de las víctimas y sus ofensores; 3) técnicas de consejería en crisis; 4) recursos disponibles en la comunidad y formas de accesarlos; 5) señales físicas y de comportamiento que indican maltrato y/o maltrato por negligencia; 6) procedimientos en las escuelas para facilitar que se refieran los casos de maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia institucional; 7) el derecho de todo menor a vivir libre de maltrato y/o maltrato por negligencia; y 8) los efectos negativos del maltrato y su relación con los problemas de embarazo en las adolescentes en las escuelas, la violencia doméstica entre adultos y contra los niños, la deserción escolar, el alcoholismo, la drogadicción y las herramientas disponibles de desarrollo para la autosuficiencia económica. No se limita el Programa a estos temas sino que el Departamento de la Familia puede ampliarlo a su discreción. Informe conjunto sobre el P. de la C. 1377: Comisión de Bienestar Social y Comisión de Educación y Cultura, Cámara de Representantes, 14ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (2002). Se enmienda el Art. 33 de la Ley 342 del 16 de diciembre de 1999 "Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXI". Se establece en el proyecto que el Departamento de la Familia debe celebrar estos adiestramientos al menos una vez cada semestre. No obstante se modificó el plazo a una vez al año debido a la complejidad del diseño del programa y por recomendación del Departamento de la Familia. Se señala que estos adiestramientos deben incluir temas que afectan el desarrollo de la juventud y que

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desalentarían "el círculo vicioso de padres maltratantes que crían a sus hijos, que en el futuro podrían convertirse también en victimarios de su prole". Estos temas son: embarazo prematuro de adolescentes, efectos negativos del uso de alcohol y drogas, violencia doméstica y contra los niños, deserción escolar y herramientas disponibles para el desarrollo de la autosuficiencia económica. Señala la existencia de dos memoriales explicativos al respecto provenientes del Departamento de la Familia y del Departamento de Educación. Ambos departamentos recomiendan la aprobación del proyecto. Hace referencia a la ponencia del Departamento de la Familia, la cual señala que existe un vínculo directo entre la violencia doméstica y el maltrato a menores y que se ha evidenciado que un 45% a 70% de los agresores de sus parejas maltratan también a sus hijos. Señalan que el maltrato a menores es 15 veces más susceptible a ocurrir en hogares donde permea la violencia doméstica que en aquellos en que no está presente. Por esta razón se incluye el tema de violencia doméstica en el Programa de Prevención Primaria y Adiestramiento en Escuelas como un indicador de riesgo para el maltrato a menores. Señala que se ha encontrado una relación entre el maltrato a menores, la paternidad temprana y la baja escolaridad; por tanto identifican estos factores como unos de riesgo y proponen incluir el tema de educación sexual en todos los niveles del sistema de educación pública y que sea de manera gradual, así como orientar sobre los beneficios de continuar estudios de Escuela Superior y universitarios. Incluyen también el tema de educar sobre el uso y abuso de alcohol y drogas tanto por sus consecuencias directas como por la relación con el maltrato a menores. Se plantea que estos temas no deben ser tratados por separado sino como interrelacionados a la problemática del maltrato a menores. El Departamento de Educación, en su ponencia según se hace referencia, se muestra dispuesto a colaborar, pero señala a su vez diferentes proyectos que su departamento ya tiene establecidos para los fines que pretende la medida. Las comisiones que redactan este informe señalan que ya está constituido un Comité Interagencial que incluye los Departamentos de la Familia, de Educación, De Salud y de Justicia, así como el Colegio de Trabajadores Sociales de PR y otros organismos con ingerencia sobre el tema del maltrato a menores para señalar posibles mejoras a la Ley 342. P. de la C. 3038 (Texto de aprobación final). 14ta Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria (2004). Enmendar la Ley 54 a los fines de proveer que no se le conceda una segunda oportunidad para acogerse a un programa de desvío a un ofensor en su segunda convicción. Se establece que el propósito de los programas de desvío establecidos en la Ley 54 es una medida rehabilitadora y dispone que no se le otorgue a un ofensor en segunda convicción la oportunidad de acogerse a un programa de desvío y sentencia suspendida.

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Administración de Corrección. (2004). 15 de marzo de 2004 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 3038). San Juan, PR: Autor. La ponencia de la Administración de Corrección establece que su dependencia favorece la aprobación de la medida debido a que aún cuando la ley ya va dirigida a los fines que pretende la medida, la Administración de Corrección tiene anécdotas de casos en los que, por encima de lo que dispone la ley y por encima de informes de los Técnicos Sociopenales que recomendaban la no otorgación de un programa de desvío a un candidato por éste haber tenido este beneficio anteriormente, los tribunales le han otorgado este beneficio en segunda ocasión al acusado. Se entiende que la presente medida aclararía la intención legislativa y haría que la ley no se preste a interpretaciones. La enmienda propuesta en la presente medida, favorecida por la Administración de Corrección, dispone que no se le otorgue a un ofensor en segunda convicción la oportunidad de acogerse a un programa de desvío y sentencia suspendida. La Administración de Corrección hace además unas recomendaciones para especificar en el texto las ocasiones en que este precepto de la ley aplicaría. Departamento de Justicia. (2004). 17 de marzo de 2004 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 3038). San Juan, PR: Autor. La ponencia del Departamento de Justicia establece que su dependencia no favorece la aprobación de la medida debido a que estima que la Ley 54 es clara al respecto y la medida no alteraría nada de dicha Ley. El texto de la ponencia cita los segmentos de la ley correspondientes a este tema. La enmienda propuesta, rechazada por el Departamento de Justicia, dispone que no se le otorgue a un ofensor en segunda convicción la oportunidad de acogerse a un programa de desvío y sentencia suspendida. Oficina de la Procuradora de las Mujeres. (2004). RE: Proyecto de la Cámara 3038 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 3038). San Juan, PR: Autor. La ponencia de la Procuradora de las Mujeres establece que su dependencia concurre con la enmienda propuesta que dispone que no se le otorgue a un ofensor en segunda convicción la oportunidad de acogerse a un programa de desvío y sentencia suspendida, sugiere la aclaración del texto e identifica múltiples disposiciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en los que se ha tenido que aclarar los requisitos para que una persona se pueda acoger al privilegio de un programa de desvío. Las expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico van en la misma dirección de la enmienda propuesta en la presente medida.

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Informe sobre el P. de la C. 3038: Comisión de Asuntos de la Mujer: Senado de Puerto Rico, 14ta Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria (2004). La Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de PR recomienda la aprobación de la medida que dispone que no se le otorgue a un ofensor en segunda convicción la oportunidad de acogerse a un programa de desvío y sentencia suspendida. Informe sobre el P. de la C. 3038: Comisión de lo Jurídico, Cámara de Representantes, 14ta Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria (2004). La Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación de la medida. El informe recoge los planteamientos del Departamento de Justicia, representado por la Lcda. Benzaker, y del Departamento de Corrección y Rehabilitación, representado por el Lcdo. Richard Escalera Pagán. El Departamento de Justicia no endosó la medida por creerla suficientemente precisa sobre el punto a enmendarse. El Departamento de Corrección y Rehabilitación apoyó la medida fundamentándose en la experiencia en torno a la aplicación de la ley, en la cual se le ha provisto del derecho a Programa de Desvío a personas en segunda convicción y segunda oportunidad de participar en el programa. Se establece, por tanto, la recomendación de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes a los fines de aprobar las enmiendas presentadas en la medida. Esta dispone que no se le otorgue a un ofensor en segunda convicción la oportunidad de acogerse a un programa de desvío y sentencia suspendida. P. de la C. 4261 (Texto de aprobación final, 23 de febrero de 2004). 14ta Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2004). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, a los fines de definir los términos "albergue" y "albergado" y establecer la suspensión a la parte peticionada (alegado/a agresor/a) de sus relaciones filiales mientras la parte peticionaria (alegada víctima) se encuentre albergada. Esto tiene el propósito de velar por la seguridad y protección de la personada albergada, sus hijos(as) y el personal de los albergues. La medida, en su exposición de motivos, hace referencia a estudios donde se indica que entre el 50% al 70% de los hombres que maltratan a su pareja también maltratan a sus hijos, y que según va empeorando el maltrato a la pareja también va empeorando el maltrato a los menores (incluye 2 referencias bibliográficas y una referencia electrónica). Se hace referencia, además, a los efectos comunes que tiene la violencia doméstica en los hijos(as), tales como: problemas de salud, dificultades para dormir, ansiedad, mal comportamiento, sentimientos de culpa, temor e impotencia, riego de uso de alcohol y sustancias controladas, así como riesgo de suicidio y de convertirse, a su vez, en agresores en sus relaciones de pareja adultas. Se establece que es injusto para el personal de los albergues el tener que lidiar con las visitas paterno/materno-filiales a la vez que lidian con personas agresoras que representan peligro para las víctimas, sus hijos(as) y el personal del albergue. La medida propone establecer la suspensión a la

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parte peticionada (alegado/a agresor/a) de sus relaciones filiales mientras la parte peticionaria (alegada víctima) se encuentre albergada, esto como medida de protección a las partes antes mencionadas. Durante el tiempo que se suspendan las relaciones filiales, se estará proveyendo a los sobrevivientes de recursos para aumentar su autoestima y se estará tomando las medidas para que cese de manera inmediata la violencia intrafamiliar. Se dispone en la ley que el Tribunal tiene también la prerrogativa de ordenar en estos casos las relaciones filiales supervisadas por el Departamento de la Familia. Departamento de la Familia. (2003). P. del S. 2515 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4261). San Juan, PR: Autor. La ponencia del Departamento de la Familia establece que apoya el P. de la C. 4261 y exponen sus razones. En primer lugar, la importancia de los servicios residenciales que ofrecen los albergues para víctimas de violencia doméstica. Expone que estos albergues mantienen su funcionamiento con muchas limitaciones económicas frente al alto costo de un servicio residencial al compararlo con uno ambulatorio. El Tribunal, al asignarle al albergue el facilitar las relaciones filiales, aumenta los gastos del albergue ya que exige recursos humanos y fiscales limitados, mientras se compromete la seguridad de dicho personal. Se señala lo indicado en la literatura y "confirmado con la experiencia en el manejo de estos casos", que el período más crítico y de mayor riesgo para las víctimas es el período en el que las víctimas se separan del agresor. La victimización en muchas ocasiones se extiende a los hijos e hijas, familiares y amistades cercanas de la víctima, así como al personal que presta ayuda a las víctimas, entre ellos el personal de los albergues. Estos últimos están en continuo riesgo de ser acechados, amenazados y victimizados de maneras diversas por los agresores de las víctimas que albergan. Se plantea que ningún derecho debe estar por encima del derecho a la protección de la integridad y la dignidad de la vida. Además, muchos agresores utilizan las relaciones filiales durante el período en el que las víctimas se encuentran albergadas como un método de poder y control sobre la víctima y para obtener información sobre los planes de la misma. Por tanto, pretender que se realicen relaciones filiales en el período en el que las víctimas están albergadas constituye un riesgo para las víctimas, sus hijos(as) y el personal de los albergues, así como una prolongación de los métodos de poder y control por parte del agresor sobre la víctima. Se entiende que no es justo para los hijos(as) el mantener estas relaciones filiales cuando no se garantiza su seguridad física y emocional. El Departamento de la Familia propone que, antes de que los hijos(as) vayan a sus relaciones filiales con sus padres, se debe orientar a estos últimos a los fines de conocer las repercusiones emocionales de las mismas. Se debe orientar a los padres para no utilizar a los hijos(as) y así fomentar que estos mantengan relaciones constructivas con ambos padres. Proponen la idea de crear Centros de Visitas Paternofiliales, que tenga personal adiestrado para esto y con las condiciones de seguridad, privacidad y supervisión pertinentes. Estos centros podrían tener, idealmente, horarios amplios, transportación para los menores, personal voluntario, profesional y pastoral para apoyar a los menores, los padres y otros familiares. Esto evitaría poner en riesgo a las víctimas y personal de los albergues. Se plantea que el daño producido por el postergar

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las relaciones filiales mientras la víctima y sus hijos(as) están albergados nunca es mayor al daño que representa el riesgo a la seguridad de ellos y ellas. Departamento de Justicia. (2004). 29 de enero de 2004 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4261). San Juan, PR: Autor. La ponencia del Departamento de Justicia establece que no se opone a la aprobación de el P. de la C. 4261, aunque sugiere la revisión del texto a los fines de que la suspensión de las visitas filiales mientras la víctima y sus hijos(as) se encuentran albergados no sea una absoluta sino condicionada a la consideración del mejor bienestar de los menores, sobre todo cuando el título de la medida dice "que las órdenes de protección puedan incluir la suspensión" (de las relaciones filiales) y la exposición de motivos incluye la referencia a jurisdicciones en Estados Unidos en las que condicionan las visitas (paterno-filiales) e incluso éstas son supervisadas. En cuanto al P. de la C. 4263, el Departamento de Justicia tampoco se opone a su aprobación. Expone que la razón para prohibir las órdenes de protección recíprocas es que las mismas violan el debido proceso de ley, no gozan de entera fe y crédito y ponen en riesgo los fondos federales disponibles para los estados. Las órdenes de protección recíprocas resultan más peligrosas para las víctimas porque brindan mayor poder al agresor, ya que éste puede utilizarla para intimidar a la víctima y amenazarla de acusarle de violar la orden de protección o de no cumplir con las estipulaciones de dicha orden forzando a la policía a arrestar o presentar cargos contra la víctima. Señala que la Ley Pública No. 103-322, conocida como "Violence Against Women Act (VAWA) expone que no se emitirán órdenes recíprocas excepto cuando ambos cónyuges actúen como agresores y ninguno de ellos actuó en defensa propia. Esta ley provee fondos a los estados para programas y servicios a las víctimas de violencia doméstica. Oficina de la Procuradora de las Mujeres. (2004). 23 de enero de 2004 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4261). San Juan, PR: Autor. La ponencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres establece que su dependencia entiende que la medida propuesta es necesaria y lo fundamente en un sondeo que esta oficina realizara con coordinadoras y trabajadoras sociales de 13 albergues. De ellos, 12 contestaron y diez de ellos coinciden en los siguientes puntos: 1) El Tribunal no entiende la peligrosidad a la que se expone a los menores en las relaciones paternofiliales con un padre agresor; 2) la protección y seguridad que le proporciona el albergue a la víctima de violencia doméstica y a sus hijos e hijas se trastoca, a la vez que se pierde la confidencialidad; 3) el padre agresor utiliza la violencia contra el personal de los albergues, lo insulta, lo persigue y manifiesta amenazas a la víctima, hijas e hijos y empleadas y empleados; 4) el padre agresor utiliza la relación paterno filial para manipular e intimidar a la madre, hijos e hijas; 5) el trabajo de terapia sicológica se arruina o se atrasa cuando surge el contacto con el padre agresor; 6) los arreglos relacionados a la transportación y al personal utilizado para cumplir con las órdenes de

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relación paterno filial dictadas por el Tribunal son, en muchas ocasiones, onerosas para el centro. El mismo tiene que incurrir en gastos adicionales que no están contemplados en su presupuesto y descuidar otros asuntos del centro; 7) el Tribunal hace responsable al centro de cumplir con la orden de relaciones paterno-filiales y de no cumplirla se exponen a un desacato contra la madre y el albergue; 8) el Tribunal ordena a la madre víctima de violencia doméstica a llevarle los menores al padre agresor, lo que viola a su vez la orden de protección; 9) la decisión del Tribunal de otorgar o no la relación paternofilial al padre agresor es discrecional del juez o la jueza y hay que depender de la buena fe y comprensión de ellos o ellas en los asuntos de violencia doméstica; 10) solamente uno de los albergues tiene una relación directa con el Departamento de la Familia para ayudarle con los trámites requeridos en el cumplimiento de las órdenes de relaciones paterno-filiales; 11) los jueces y juezas están ordenando que las menores y los menores de todas las edades pernocten con lo padres agresores y 12) hay padres agresores que no regresan a sus hijos al albergue luego de la visita paterno-filial. Otros hallazgos del sondeo incluyen el número de víctimas con hijos(as) en cada albergue, el porciento de casos en los que el Tribunal ordenó las relaciones filiales y el porciento de casos en los que el albergue ha tenido problemas con el padre agresor. Oficina de la Procuradora de las Mujeres. (2004). 24 de mayo de 2004 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4261). San Juan, PR: Autor. La ponencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres establece que las transformaciones en el texto de este proyecto han regresado el planteamiento al ordenamiento jurídico vigente y que no resuelve la crisis que acontece en los albergues. El texto aún provee para que el Tribunal ordene las relaciones filiales. En cambio, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres propone un texto para el proyecto de ley que vele tanto por el derecho de los padres como por el bienestar de los albergues. Se propone que el texto establezca que se puede suspender toda relación filial mientras la víctima se encuentre albergada y para esto el Tribunal deberá considerar lo siguiente: 1) la capacidad del albergue de proveer seguridad para las personas involucradas en el proceso de relaciones filiales; 2) que el albergue cuente con los recursos necesarios para la transportación de los y las menores a las relaciones filiales; 3) la distancia entre el albergue y el lugar en el que se darán las relaciones filiales; 4) la peligrosidad que representa, si alguna, la parte peticionada para las personas involucradas en el proceso de relaciones filiales: niños/niñas, personal del albergue y la madre; 5) la presencia de un recurso aprobado por la parte peticionaria como intermediario en las relaciones filiales; 6) que la parte peticionada no haya incurrido en conducta constitutiva de violencia doméstica en presencia de los menores; 7) que no haya una orden de protección a favor de los menores contra la parte peticionada; 8) la duración del patrón de violencia doméstica; 9) el tiempo transcurrido desde el último contacto con los menores y quien solicita las relaciones filiales; 10) la calidad de la relación de los menores con la parte peticionada; 11) si la parte peticionada ha incumplido con alguna orden de protección; 12) si la parte peticionada ha incurrido en conducta amenazante contra el personal del albergue; 13) si la parte peticionada ha agredido verbal, física o emocionalmente a los

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menores; y 14) si la parte peticionada ha afectado la salud emocional de los menores. Se adjunta a la ponencia estadísticas sobre los servicios que ofrecen diferentes albergues en el año 2003. Informe sobre el P. de la C. 4261: Comisión de Asuntos de la Mujer, Senado de Puerto Rico, 14ta Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2004). La Comisión de Asuntos de la Mujer recomienda la aprobación de la medida, aunque sugiere enmiendas. Este informe indica que los padres agresores están utilizando el sistema legal para tener acceso a las víctimas de violencia doméstica y sus hijos. Cuando el Tribunal de Primera Instancia otorga una orden de protección y el padre agresor solicita y se le concede relaciones filiales pone en una situación de vulnerabilidad a la víctima, los hijos(as) y el personal de albergue, añadiendo "trastornos sicológicos"a las víctimas de violencia doméstica y a sus hijos e hijas. Se hace referencia a un sondeo realizado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el que contactó 13 albergues, de los que contestaron 12. Diez de ellos, representados por sus coordinadoras y/o trabajadoras sociales, coincidieron en los siguientes puntos: 1) El Tribunal no entiende la peligrosidad a la que se expone a los menores en las relaciones paterno-filiales con un padre agresor; 2) la protección y seguridad que le proporciona el albergue a la víctima de violencia doméstica y a sus hijos e hijas se trastoca, a la vez que se pierde la confidencialidad; 3) el padre agresor utiliza la violencia contra el personal de los albergues, lo insulta, lo persigue y manifiesta amenazas a la víctima, hijas e hijos y empleadas y empleados; 4) el padre agresor utiliza la relación paterno filial para manipular e intimidar a la madre, hijos e hijas; 5) el trabajo de terapia sicológica se arruina o se atrasa cuando surge el contacto con el padre agresor; 6) los arreglos relacionados a la transportación y al personal utilizado para cumplir con las órdenes de relación paterno filial dictadas por el Tribunal son, en muchas ocasiones, onerosas para el centro. El mismo tiene que incurrir en gastos adicionales que no están contemplados en su presupuesto y descuidar otros asuntos del centro; 7) el Tribunal hace responsable al centro de cumplir con la orden de relaciones paterno-filiales y de no cumplirla se exponen a un desacato contra la madre y el albergue; 8) el Tribunal ordena a la madre víctima de violencia doméstica a llevarle los menores al padre agresor, lo que viola a su vez la orden de protección; 9) la decisión del Tribunal de otorgar o no la relación paternofilial al padre agresor es discrecional del juez o la jueza y hay que depender de la buena fe y comprensión de ellos o ellas en los asuntos de violencia doméstica; 10) solamente uno de los albergues tiene una relación directa con el Departamento de la Familia para ayudarle con los trámites requeridos en el cumplimiento de las órdenes de relaciones paterno-filiales; 11) los jueces y juezas están ordenando que las menores y los menores de todas las edades pernocten con lo padres agresores y 12) hay padres agresores que no regresan a sus hijos al albergue luego de la visita paterno-filial. Por lo antes expuesto, manifestado por los albergues, la Comisión considera necesaria la aprobación de la medida. El informe hace referencia a consultas que la Comisión realizó al Departamento de la Familia, al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres e indica que las tres agencias concuerdan en recomendar la aprobación de la medida, sujeto a que esta incluya las enmiendas por las cuales a pasado el presente proyecto.

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Informe de conferencia el P. de la C. 4261: Comité de Conferencia, 14ta Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2004). El Comité de Conferencia de la Asamblea Legislativa recomienda la aprobación de la medida, aunque sugiere enmiendas. estas enmiendas van dirigidas a que el Tribunal, a la hora de considerar órdenes de relaciones paterno filiales, tome en consideración los siguientes aspectos: 1) la capacidad del albergue de proveer seguridad para las personas involucradas en el proceso de relaciones filiales; 2) que el albergue cuente con los recursos necesarios para la transportación de los y las menores a las relaciones filiales; 3) la distancia entre el albergue y el lugar en el que se darán las relaciones filiales; 4) la peligrosidad que representa, si alguna, la parte peticionada para las personas involucradas en el proceso de relaciones filiales: niños/niñas, personal del albergue y la madre; 5) la presencia de un recurso aprobado por la parte peticionaria como intermediario en las relaciones filiales; 6) que la parte peticionada no haya incurrido en conducta constitutiva de violencia doméstica en presencia de los menores; 7) que no haya una orden de protección a favor de los menores contra la parte peticionada; 8) la duración del patrón de violencia doméstica; 9) el tiempo transcurrido desde el último contacto con los menores y quien solicita las relaciones filiales; 10) la calidad de la relación de los menores con la parte peticionada; 11) si la parte peticionada ha incumplido con alguna orden de protección; 12) si la parte peticionada ha incurrido en conducta amenazante contra el personal del albergue; 13) si la parte peticionada ha agredido verbal, física o emocionalmente a los menores; y 14) si la parte peticionada ha afectado la salud emocional de los menores. Informe sobre el P. de la C. 4261: Comisión de lo Jurídico, Cámara de Representantes, 14ta Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2004). La Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación de la medida, aunque sugiere enmiendas. Se indica que esta Comisión condujo vista pública respecto a este proyecto a la cual asistió el Departamento de Justicia, representado por la Lcda. Nayda Rivera, y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, representada por la Procuradora Auxiliar, Lcda. Olga López Báez. El Departamento de Justicia propuso que se revisara el lenguaje de la medida de forma que se proveyera espacio para excepciones y no se convirtiera en una prohibición absoluta de relaciones filiales. Propone que las relaciones filiales podrían ser condicionadas, supervisadas por el Departamento de la Familia o, en último lugar, suspendidas de acuerdo a la totalidad de las circunstancias. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres aprueba la medida y presenta el resultado de un sondeo realizado con coordinadoras y trabajadoras sociales de 13 albergues. De ellos, 12 contestaron y diez de ellos coinciden en los siguientes puntos: 1) El Tribunal no entiende la peligrosidad a la que se expone a los menores en las relaciones paterno-filiales con un padre agresor; 2) la protección y seguridad que le proporciona el albergue a la víctima de violencia doméstica y a sus hijos e hijas se trastoca, a la vez que se pierde la confidencialidad; 3) el padre agresor utiliza la violencia contra el personal de los albergues, lo insulta, lo persigue y manifiesta amenazas a la víctima, hijas e hijos y empleadas y empleados; 4) el padre agresor utiliza la relación paterno filial para

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manipular e intimidar a la madre, hijos e hijas; 5) el trabajo de terapia sicológica se arruina o se atrasa cuando surge el contacto con el padre agresor; 6) los arreglos relacionados a la transportación y al personal utilizado para cumplir con las órdenes de relación paterno filial dictadas por el Tribunal son, en muchas ocasiones, onerosas para el centro. El mismo tiene que incurrir en gastos adicionales que no están contemplados en su presupuesto y descuidar otros asuntos del centro; 7) el Tribunal hace responsable al centro de cumplir con la orden de relaciones paterno-filiales y de no cumplirla se exponen a un desacato contra la madre y el albergue; 8) el Tribunal ordena a la madre víctima de violencia doméstica a llevarle los menores al padre agresor, lo que viola a su vez la orden de protección; 9) la decisión del Tribunal de otorgar o no la relación paternofilial al padre agresor es discrecional del juez o la jueza y hay que depender de la buena fe y comprensión de ellos o ellas en los asuntos de violencia doméstica; 10) solamente uno de los albergues tiene una relación directa con el Departamento de la Familia para ayudarle con los trámites requeridos en el cumplimiento de las órdenes de relaciones paterno-filiales; 11) los jueces y juezas están ordenando que las menores y los menores de todas las edades pernocten con lo padres agresores y 12) hay padres agresores que no regresan a sus hijos al albergue luego de la visita paterno-filial. Por lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación de la medida y establece las ocasiones en que se recomienda la suspensión de la patria potestad. Esto es, cuando la parte peticionada haya cometido alguno de los delitos que se presentan en el Artículo 166-A del Código Civil. P. de la C. 4263 (Texto de aprobación final, 23 de febrero de 2004). 14ta Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2004). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, a los fines de prohibir las órdenes de protección recíprocas a menos que cada parte haya radicado una petición independiente, cada parte haya sido notificada de la solicitud de la otra parte y que en una vista se demuestre que la otra parte incurrió en violencia doméstica y que ésta no fue en defensa propia. La medida, en su exposición de motivos, indica que existe la práctica de otorgar órdenes de protección recíprocas (a ambos miembros de la pareja), tomando la conducta de defensa propia de la víctima como una agresión contra la otra parte. En muchas ocasiones se realiza en violación del derecho de cada parte a ser notificado(a) de lo que se le acusa y tener la oportunidad de defenderse. En muchas ocasiones el que existan órdenes de protección recíprocas se convierte en un mecanismo más de manipulación y control a la víctima por parte del agresor, ya que puede amenazar a la víctima con acusarla de haber violado la orden de protección. Esta acción ataca la autoestima de la víctima, devalúan la seriedad del problema de violencia doméstica y promueve que la sociedad trivialice la violencia doméstica. Este documento menciona varias leyes federales que ya han prohibido las órdenes de protección recíprocas, entre ellas la ley "Violence Against Women Act (VAWA)". Este proyecto de ley propone que se prohíban las órdenes de protección recíprocas, a menos que cada una de las partes haya radicado una petición independiente, que se haya notificado a la otra parte sobre la petición radicada, que se demuestre en una vista evidenciaria que la otra parte incurrió en

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conducta constitutiva de violencia doméstica y que se demuestre que la otra parte no actuó en defensa propia. Departamento de la Familia. (2004). 2 de marzo de 2004 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4263). San Juan, PR: Autor. La ponencia del Departamento de la Familia propone la probación de la presente medida y establece que las órdenes de protección son un remedio civil bastante rápido que pretende proteger a la víctima/sobreviviente de la violencia y ayudarla a mantenerse aislada del peligro. Si bien la orden de protección no constituye la solución al problema de violencia doméstica, y aún reconociendo las limitaciones que tiene este remedio, no es menos cierto que su pertinencia ha sido evidenciada por la cantidad de personas que se han beneficiado directa o indirectamente de estas órdenes. Entre otras cosas, las órdenes de protección aumentan la autoestima de las víctimas/sobrevivientes al sentir que el poder del Tribunal les respalda. Con ellas se activa una red de servicios de apoyo para las víctimas. Las órdenes de protección recíprocas se han hecho cada vez más frecuentes. Se entiende que no es apropiado emitir un remedio que no ha sido solicitado (como es el caso cuando un Tribunal hace recíproca una orden de protección). El apoyo del Tribunal suele ser el primero, y en muchas ocasiones el único, recurso de ayuda para las víctimas, por lo que la acción del Tribunal debe constituir un disuasivo para el agresor. Emitir una orden de protección recíproca puede tener el efecto contrario a la intención de la ley. Por un lado, no se le puede otorgar un remedio a alguien que no lo ha solicitado; y por otro lado, se envía un mensaje de trivialización de la violencia doméstica, incomprensión, desamparo y desprotección por parte de la justicia. De este modo, las víctimas que fueron buscando protección pueden salir debilitadas y vulneradas por el sistema de justicia criminal. Cuando se emite una orden de protección recíproca se coloca a la víctima en la posición de victimaria. Se establece que no se debe olvidar que una adecuada orden de protección protege también a los hijos(a) de la víctima y que el Departamento de la Familia reconoce el vínculo existente entre la violencia doméstica y el maltrato a menores. Oficina de la Procuradora de las Mujeres. (2004). 29 de enero de 2004 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4263). San Juan, PR: Autor. La ponencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres establece que la legislación ya existente es clara en cuanto a que se puede expedir una orden de protección cuando se solicita la misma y el Tribunal determine que existen motivos suficientes para creer que la parte peticionaria ha sido víctima de violencia doméstica. Por tanto se entiende que no debería expedirse una orden de protección que no ha sido solicitada y sin previa determinación por parte del Tribunal de si la parte peticionaria ha sido víctima de violencia doméstica. Esto es precisamente lo que ocurre en contra de la parte que originalmente solicitó una orden de protección en las ocasiones en que el Tribunal emite órdenes de protección recíprocas. Se argumenta que esto responde a mitos, conceptos

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erróneos, prejuicios por género y teorías equivocadas sobre la violencia doméstica y se mencionan algunos ejemplos de premisas erróneas desde las cuales se suele partir, tales como "Ella tuvo que haber provocado el abuso" y "No pudo haber sido tan malo o ella se hubiese ido hace tiempo". Se entiende que debe garantizarse le el debido proceso de ley a cada persona, según se establece en nuestro ordenamiento de ley y esto no se cumple con las órdenes de protección recíprocas. [A este documento le faltan páginas]. Informe sobre el P. de la C. 4263: Comisión de Asuntos de la Mujer, Senado de Puerto Rico, 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2004). La Comisión de Asuntos de la Mujer recomienda la aprobación de la medida. Esta medida pretende prohibir las órdenes de protección recíprocas a menos que cada parte haya radicado una petición independiente, cada parte haya sido notificada de la solicitud de la otra parte y que en una vista se demuestre que la otra parte incurrió en violencia doméstica y que ésta no fue en defensa propia. La razón para prohibirlas es que este procedimiento incumple con el debido proceso de ley al que tiene derecho cada persona. El informe establece que es común en Puerto Rico el que los tribunales emitan órdenes de protección recíprocas aún cuando una de las partes no la solicitó. Se argumenta que esto responde a mitos, conceptos erróneos, prejuicios por género y teorías equivocadas sobre la violencia doméstica y se mencionan algunos ejemplos de premisas erróneas desde las cuales se suele partir, tales como "Ella tuvo que haber provocado el abuso" y "No pudo haber sido tan malo o ella se hubiese ido hace tiempo". Esta práctica de los tribunales envía a todos el mensaje equivocado, confunden a las hijas e hijos de las víctimas, confunden y le dan poder a los agresores, estigmatizan y le quitan poder a las víctimas, no son terapéuticas, confunden a la comunidad y mantienen la violencia en la esfera privada. La Ley federal "Violence Against Women Act (VAWA)" ya atendió este particular disponiendo que no se podrá emitir órdenes de protección recíprocas excepto cuando ambos cónyuges presenten solicitudes de órdenes de protección, ambos sean notificados de la petición del otro y el Tribunal, basado en la evidencia, determine que ambos son merecedores de dicha protección. Ya los diferentes estados de los Estados Unidos han ido ajustando sus leyes estatales para coincidir con la Ley VAWA. La Comisión plantea que las órdenes de protección recíprocas son peores que la ausencia de ellas porque le dan poder al agresor. Se indica que, bajo estas circunstancias, cuando se quebranta una orden de protección no se sabe cuál es el agresor y cuál es la víctima y se arresta a los dos o a ninguno. Informe sobre el P. de la C. 4263: Comisión de lo Jurídico, Cámara de Representantes, 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2004). La Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación de la medida, aunque sugiere enmiendas. Se indica que esta Comisión condujo vista pública respecto a este proyecto a la cual asistió el Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Ambas agencia coinciden en recomendar la aprobación de la medida con enmiendas. El informe expone que la Ley Pública 103-322, según enmendada, conocida

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como "Violence Against Women Act (VAWA)" dispone que las órdenes de protección recíprocas no cumplen con el debido proceso de ley al no reconocer el derecho de cada persona a ser notificado de lo que se le acusa y a ser oído. Esta misma ley ofrece a los estados fondos para programas y servicios a las víctimas de violencia doméstica sujeto a la prohibición de las órdenes de protección recíprocas. Estas órdenes sólo pueden ser recíprocas si ambas partes presentan reclamaciones al Tribunal y éste, en la determinación de hechos, indica que ambos cónyuges actúan como agresores y que ninguno de ellos actuó en defensa propia. Se establece que en Puerto Rico es usual la expedición de órdenes de protección recíprocas, aún sin haberla solicitado la parte contra la cual originalmente se solicita. Esta situación parece resultar de la interpretación del artículo 2.1 de la Ley 54. Se reconoce en el informe que las órdenes recíprocas le dan más poder al agresor ya que éste puede intimidar y amenazar a la víctima de acusarla de haber violado la orden de protección y obligar así a la policía a arrestar a la víctima. P. de la C. 4536 (Texto de aprobación final). 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2004). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, a los fines de permitir que un patrono pueda solicitar una orden de protección a favor de sus empleados(as). La medida pretende enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, a los fines de permitir que un patrono pueda solicitar una orden de protección a favor de sus empleados(as). En PR, en el año 2003, se reportaron 4,941 incidentes de violencia doméstica entre los meses de enero y marzo. Para septiembre de 2003, la cifra de asesinatos a causa de la violencia doméstica era de 22 personas. En el 2002 se reportaron 10,055 casos de violencia doméstica y 17 asesinatos al finalizar el año. Sólo en enero de 2004 fueron asesinadas 4 mujeres a manos de sus agresores. La violencia doméstica, además de afectar el hogar, afecta el ambiente laboral. Las estadísticas dicen que el tercer lugar en donde ocurre el mayor número de casos reportados de violencia doméstica es el área de trabajo de la víctima. Entre enero y marzo de 2003 se reportaron 49 incidentes en el área laboral, y en los primeros seis meses del 2002 se reportaron 125 incidentes. Hoy día la violencia doméstica se ha convertido en un asunto de seguridad en el empleo para los patronos y supervisores. Es muy común que el agresor aceche e intimide a la víctima en los alrededores de su lugar de empleo ya que conoce sus horarios, rutas de acceso, etc. Además interviene con la víctima en su lugar de trabajo a través de llamadas telefónicas, a través del facsímil, del correo electrónico y acecha o visita a la víctima para cometer actos de violencia física o verbal, aún contra los compañeros(as) de trabajo de la víctima. Las víctimas sienten miedo de que el agresor se presente a su lugar de trabajo, de contestar llamadas telefónicas o de perder el empleo o perjudicarse en él si menciona la situación de violencia doméstica por la que está pasando. Aún cuando la Ley 54 prohíbe al agresor a que se acerque o llame a la víctima a su lugar de trabajo, los agresores aún lo siguen haciendo. Más aún, ocurren incidentes violentos contra compañeros(as) de trabajo y estos no están protegidos por la orden de protección. Nuestra Constitución establece que los patronos deben velar por la seguridad de sus empleados. De aprobarse esta medida, los patronos estarían en la

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capacidad de proveer seguridad en el empleo, cumpliendo con su obligación constitucional. Este tipo de medidas ya han sido aprobadas en los Estados Unidos, tales como las leyes conocidas como OSHA, Violent Crime Control Law Enforcement Act y VAWA. Un patrono podrá solicitar una orden de protección a favor de las empleadas, empleados, visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en su lugar de trabajo si: 1) una de sus empleadas o empleados es o ha sido víctima de violencia doméstica o de conducta constitutiva de delito según tipificado en esta Ley (54); y 2) si los actos de conducta constitutiva de violencia doméstica han ocurrido en el lugar de trabajo, o existe la creencia de que razonablemente puedan ocurrir en el lugar de trabajo. [Este documento tiene como anejo el formulario de solicitud de orden de protección por parte del patrono. Departamento de Justicia. (2004). 28 de abril de 2004 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4536). San Juan, PR: Autor. La ponencia del Departamento de Justicia establece que no se opone a la aprobación del P. de la C. 4536. El Departamento consultó los estatutos legales pertinentes en Puerto Rico (ley de acecho, entre otros) y algunos de los Estados Unidos y entiende que la presente medida es cónsona con los esfuerzos de prevención de la violencia doméstica en el ambiente laboral que se han dado ya en algunas jurisdicciones estatales. Reconoce el deber de los patronos de procurar un ambiente seguro y sano para sus empleados, deber incluido en la constitución y en leyes laborales tales como OSHA. Se entiende que la presente medida es necesaria a pesar de que ya la Ley 54 establece la restricción al agresor de presentarse o llamar al lugar de trabajo de la víctima, debido a que a través de la Ley 54 los compañeros de trabajo de la víctima no están cobijados por los remedios establecidos. Departamento del Trabajo. (2004). P. de la C. 4536 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4536). San Juan, PR: Autor. El Departamento del Trabajo respondió a la convocatoria de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes. No obstante, se le había pedido estadísticas de mujeres trabajadoras víctimas de violencia doméstica en el trabajo, a lo que el Departamento responde que dicha dependencia no lleva esas estadísticas debido a que son incluidas en la clasificación de agresiones. Departamento del Trabajo. (2004). Ponencia del Departamento del Trabajo Proyecto de la Cámara Número 4536 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4536). San Juan, PR: Autor. El Departamento del Trabajo apoya la presente medida, aunque sugiere enmiendas en el texto de la misma a los fines de especificar que la violencia puede ocurrir contra el personal del lugar de trabajo. Se incluye la posibilidad de procurar una

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orden de protección cuando razonablemente se entienda que pudiera ocurrir un acto de violencia en un lugar de trabajo. Corporación del Fondo del Seguro del Estado. (2004). Memorial explicativo P. de la C. 4536 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4536). San Juan, PR: Autor. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado apoya la intención de la presente medida, aunque indica que la Ley 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo" establece que un incidente se considera accidente laboral cuando la persona estaba realizando una labor inherente a su trabajo y como consecuencia del mismo. La violencia doméstica no se considera un accidente laboral ya que no es inherente al trabajo. No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Ortiz Pérez v. FSE establece que en casos de violencia doméstica se clasificará en una de tres categorías: 1) las que tienen relación causal con el empleo, 2) las que son motivadas por asuntos inherentemente privados y 3) las que son neutrales, aquellas que no pueden ser clara y contundentemente clasificadas como consecuencia del empleo o de naturaleza privada. Esta clasificación incluiría las agresiones sin motivo aparente, cuando la identidad del agresor(a) o sus circunstancias son desconocidas, ambiguas o no existe seria relación o animosidad personal entre el trabajador lesionado y su agresor(a). Cuando se trata de la agresión de un compañero(a) de trabajo, es de vital importancia considerar la relación entre las partes y el lugar donde ocurrió la agresión. Respecto a la responsabilidad del patrono, el Tribunal expresó que, cuando éste conoce la ocurrencia de pasados incidentes violentos protagonizados por un empleado(a) y no toma acción para prevenir futuros problemas de agresión, una agresión producto del carácter violento del empleado(a) puede considerarse neutral y por lo tanto es compensable. Se indica que el Área de Planificación de la CFSE no recopila estadísticas que identifiquen casos radicados por violencia doméstica en el área de empleo. No obstante, el Área de Investigaciones examina los casos radicados por agresión. Se recomienda que se incluya en la medida penalidades por la inacción del patrono en proteger a sus empleados. Este documento tiene adosado uno con fecha del 4 de mayo del 2004, el cual reitera que el área de Planificación no recopila estadísticas de casos sometidos por violencia doméstica en el empleo, pero sí de agresiones. Presenta estadísticas de agresiones por región de Puerto Rico e indica que para conocer si estos casos responden a violencia doméstica en el trabajo habría que ir a cada informe de investigación. Oficina de la Procuradora de las Mujeres. (2004). Re: Proyecto de la Cámara 4536 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4536). San Juan, PR: Autor. La ponencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres establece que su dependencia endosa la misma ya que la misma fue preparada por su dependencia. Establece que debe ser política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la

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concertación de esfuerzos encaminados a prevenir la violencia en todas sus manifestaciones. Los efectos de la violencia doméstica se extienden más allá del entorno familiar, por lo que puede ocurrir en el lugar de trabajo. La violencia doméstica, en cualquiera de sus manifestaciones, afecta la calidad del medioambiente laboral y el desempeño de la víctima dentro de este en maneras tales como problemas en las relaciones entre compañeros(as), pobre calidad del trabajo, baja autoestima, miedo a contestar llamadas telefónicas, problemas con los horarios de entrada y salida, tensión emocional constante, miedo a que el agresor la amenace e intimide ya que conoce sus horarios, teléfono, correo electrónico y demás, entre otras. Se señala que el tercer lugar en el que ocurre el mayor número de casos reportados de violencia doméstica es en el trabajo. En Estados Unidos, las víctimas pierden un promedio de tres días de trabajo al mes debido a la violencia doméstica y el maltrato físico es la causa mayor de lesiones entre las mujeres, más que los accidentes automovilísticos. Las personas pasan gran parte del día en su lugar de trabajo. Más de la mitad de las mujeres reportan que el agresor las acosaba en su escenario laboral. Este problema se ha convertido en uno de gran importancia entre los supervisores y encargados de la seguridad en el empleo. La Ley 54 provee para prohibirles a los agresores acercarse a los lugares de trabajo de las víctimas o llamar por teléfono, pero esto no ha sido suficiente para protegerlas. Muchas víctimas se cohíben de solicitar órdenes de protección por miedo a ser discriminadas por ello en el trabajo. Por tanto se necesitan medidas adicionales para proteger a las víctimas de violencia doméstica. El gobierno federal y gobiernos estatales de los Estados Unidos ya han aprobado leyes para prevenir la violencia en el lugar de trabajo, como por ejemplo el "Violent Crime and Law Enforcement Act of 1994" y otras leyes estatales que facultan al patrono para solicitar órdenes de protección cuando tiene una empleada o empleado que sufre de violencia doméstica. Se entiende que una medida que faculte al patrono para solicitar órdenes de protección a favor de sus empleados estará cumpliendo con la responsabilidad de procurar ambientes seguros para sus trabajadores, responsabilidad incluida en la constitución. Policía de Puerto Rico. (2004). Re: Proyecto de la cámara 4536 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4536). San Juan, PR: Autor. La ponencia de la Policía de Puerto Rico establece su endoso a la presente medida argumentando que, a pesar de que la ley ya contempla la prohibición al agresor de acercarse al lugar de trabajo o llamar al mismo, los agresores continúan haciéndolo, de manera que instrumentos adicionales que le permitan a la Policía proteger a las víctimas se hacen necesarios. Además, una medida como esta cobijaría también a los compañeros(as) de trabajo de la víctima, que hasta ahora no están protegidos por la ley.

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Unión General de Trabajadores. (2004). Ponencia ante la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 4536 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4536). San Juan, PR: Autor. La ponencia de la Unión General de Trabajadores establece su endoso a la presente medida argumentando que mejora los remedios planteados por la Ley 54 a los efectos de que las víctimas de violencia doméstica se sientan más seguras en sus trabajos, al igual que su sus compañeros(as) y familiares. Sugieren, además, que se enmiende la ley a los efectos de que los patronos le concedan al empleado(a) un traslado en un tiempo razonable para proteger la víctima del acecho de su victimario. Unión General de Trabajadores. (2004). Ponencia ante la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 4536 (Archivo de Comisiones de la Cámara y el Senado, P. de la C. 4536). San Juan, PR: Autor. La ponencia de la Unión General de Trabajadores establece su endoso a la presente medida argumentando que parte de los incidentes de violencia doméstica que son reportados en las estadísticas ocurren en los centros de trabajo de las víctimas. Esto pone en peligro a la víctima y sus compañeros(as) de trabajo. Esto incide en las relaciones entre compañeros de trabajo, la pobre calidad de trabajo de la víctima, baja autoestima, problemas con los horarios de entrada y salida de los centros de empleo, afecta el estado emocional de la víctima aumentando sus temores e inseguridades al ser intimidada por el victimario a través de amenazas. Agradecen las gestiones de la Legislatura a los fines de proteger a los trabajadores y establecen que ellos también harán lo propio impulsando en los convenios colectivos el promover la protección de las víctimas de violencia doméstica y el que se le garantice a ellas alternativas que garanticen su protección. Reconocen que los esfuerzos que garanticen el bienestar de los trabajadores(as) deben de ser establecidos con fuerza de ley. Informe Final sobre el P. de la C. 4536: Comisiones de Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico, 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2004). Las Comisiones de Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico recomiendan la aprobación de la medida, aunque sugiere enmiendas. Se hace referencia a la exposición de motivos de la medida, en la cual se establece que las estadísticas del período entre enero y septiembre de 2003 reflejan que el quinto lugar donde ocurre el mayor número de casos reportados de violencia doméstica es en el lugar de trabajo. Es común que la persona agresora, al conocer los horarios de entrada y salida, las rutas que toma la víctima para llegar y salir del trabajo, aceche o intimide a su víctima en los alrededores de su lugar de trabajo. Otras manifestaciones lo son llamadas telefónicas incesantes, acecho y visitas al lugar de trabajo para agresión física, verbal y emocional frente a sus compañeras(os) de trabajo, acecho e intimidación vía facsímil, correo electrónico, entre

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otras. Las víctimas sienten miedo de que el agresor se presente en su lugar de trabajo. A pesar de las órdenes de protección, que limitan el acceso del agresor al lugar de trabajo de la víctima, los agresores tienden a provocar situaciones de peligrosidad para con el personal del lugar de trabajo de la víctima, los cuales no están cobijados por la orden de protección otorgada. Esto hace necesario establecer medidas adicionales de protección para la víctima y los compañeros de trabajo. En estados Unidos se han reportado cuatro millones de crímenes contra mujeres en su lugar de trabajo. Se encuentran estadísticas norteamericanas de 150 a 180 mujeres asesinadas en su área de trabajo. Varios estados ya han diseñado estatutos que facultan al patrono para solicitar órdenes de protección a favor de sus empleados. Las Comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de la Mujer desarrollaron vistas públicas. Los costos sociales de la violencia doméstica incluyen los costos directos por bienes y servicios utilizados para tratar o prevenir la violencia doméstica y los costos indirectos tales como la pérdida de empleos, la baja productividad laboral, el aumento en el ausentismo del trabajo, entre otros. La Corporación del Fondo de Seguro del Estado expone que una medida como esta permitiría expandir la seguridad en los centros de trabajo para cobijar situaciones como las típicamente generadas cuando uno de los empleados es víctima de violencia doméstica. Se señala que la Ley 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, establece la compensación por accidentes en el trabajo. No obstante, la violencia doméstica no se considera un accidente laboral. Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (caso de Ortiz Pérez v. FSE) estableció que en casos de violencia doméstica se clasificará en una de tres categorías: 1) las que tienen relación causal con el empleo, 2) las que son motivadas por asuntos inherentemente privados y 3) las que son neutrales, aquellas que no pueden ser clara y contundentemente clasificadas como consecuencia del empleo o de naturaleza privada. Esta clasificación incluiría las agresiones sin motivo aparente, cuando la identidad del agresor(a) o sus circunstancias son desconocidas, ambiguas o no existe seria relación o animosidad personal entre el trabajador lesionado y su agresor(a). Cuando se trata de la agresión de un compañero(a) de trabajo, es de vital importancia considerar la relación entre las partes y el lugar donde ocurrió la agresión. Respecto a la responsabilidad del patrono, el Tribunal expresó que, cuando éste conoce la ocurrencia de pasados incidentes violentos protagonizados por un empleado(a) y no toma acción para prevenir futuros problemas de agresión, una agresión producto del carácter violento del empleado(a) puede considerarse neutral y por lo tanto es compensable. La Unión General de Trabajadores endosa la medida y expone que realizó una encuesta entre sus 1.6 millones de integrantes, en la que la violencia doméstica resultó ser la segunda mayor preocupación, haciendo de este tema una preocupación real de los trabajadores. El Departamento del Trabajo también endosó la medida. Así también el Departamento de Justicia indica que no existe objeción legal a esta medida, más bien contribuye a la erradicación del delito de la violencia doméstica. Informe Comité de Conferencia sobre el P. de la C. 4536: Comité de Conferencia, 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2004). El Comité de Conferencia de la Asamblea Legislativa recomienda la aprobación de la medida, aunque sugiere enmiendas. Se propone enmienda que establezca que un patrono puede solicitar una orden de protección a favor de las empleadas o empleados,

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visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en su lugar de trabajo si una de las empleadas o empleados es o ha sido víctima de violencia doméstica o de conducta constitutiva de delito según esta ley y los actos de violencia doméstica han ocurrido en el lugar de trabajo. El patrono deberá notificar al empleado o empleado que es o ha sido víctima de violencia doméstica sobre su intención de solicitar una orden de protección antes de solicitar la misma. P. de la C. 4675 (Texto de aprobación final, 23 de junio de 2004). 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2004). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, a los fines de que el Tribunal, una vez emitida una orden de protección, le requiera a la parte peticionada (agresor) que entregue cualquier arma de fuego que posea y que quede suspendida inmediatamente su licencia para la utilización de armas de fuego. La medida persigue que el Tribunal, una vez emitida una orden de protección por el delito de violencia doméstica o acecho, le requiera a la parte peticionada (agresor) que entregue cualquier arma de fuego que posea y que quede suspendida inmediatamente su licencia para la poseer o portar armas de fuego o para tiro al blanco o la caza. La entrega de las armas y la suspensión de las licencias sería de forma compulsoria, aún cuando el arma sea parte del desempeño profesional de la parte peticionada. Al presente, los jueces tienen la discreción de pedirle a la parte peticionada el entregar sus armas a la Policía. La enmienda propuesta no ofrecería la oportunidad de discreción a los jueces, por lo que obligaría a la parte peticionaria a entregar sus armas. P. del S. 692 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 1 de octubre de 2001). 14ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (2001). Para declarar el mes de noviembre de cada año "Mes Contra la Violencia Doméstica". La medida declara el mes de noviembre de cada año como el "Mes Contra la Violencia Doméstica" y se decreta que durante todo el año se harán actos en pro de la erradicación de este mal, pero con énfasis en el mes proclamado. Se le hará llegar copia de la proclama a los medios noticiosos del país para su divulgación. En la exposición de motivos se señalan estadísticas de violencia doméstica para los años 1995-1998, en los cuales se reportaron 72,397 casos cuya víctima fue una mujer y 8, 447 cuya víctima fue un hombre. Se señalan efectos de la violencia doméstica, tales como el impacto en la economía por los gastos en salud, policía, justicia, merma en productividad debido al ausentismo laboral y pérdida de ingresos en el hogar. No obstante, identifican el efecto sobre los niños y la transmisión de generación en generación del fenómeno de la violencia.

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Informe sobre el Proyecto del Senado 692: Comisión de Gobierno, 14ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (2001). La Comisión de Gobierno del Senado recomienda la aprobación de la medida. Se señala que a pesar de la aprobación de la Ley 54, las estadísticas de casos reportados de violencia doméstica y de solicitudes de órdenes de protección han ido en aumento. Se plantea que la prevención se perfila como la opción primordial para reducir los casos de violencia doméstica. La educación a los niños, jóvenes y adultos y el fomento de patrones de conducta de respeto, diálogo y responsabilidad constituyen algunos elementos indispensables a desarrollarse. Se debe concienciar a la comunidad de que la violencia doméstica afecta al núcleo familiar y a su vez erosiona a nuestra sociedad. Se entiende que proclamar el mes de noviembre como "Mes Contra la Violencia Doméstica" aportaría a los esfuerzos dedicados a esta área y a la conmemoración del 25 de noviembre como "Día de No Más Violencia Contra la Mujer". Informe sobre el P. del S. 692: Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, 14ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (2001). La Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado recomiendan la aprobación de la medida. Se señala que la violencia doméstica ha cobrado ribetes de epidemia y que la misma contribuye significativamente al deterioro de la vida y al desarrollo de muchos otros problemas graves, entre ellos la delincuencia juvenil y la conducta antisocial. Se convocó a la Casa Protegida Julia De Burgos, el Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a que presentaran memoriales explicativos respecto a esta medida. La Casa Protegida Julia De Burgos endosa la medida ya que completa la anterior designación del 25 de noviembre como el "Día Internacional de No Más Violencia Contra la Mujer". Le recomienda al Senado que se utilice el mes de noviembre para educar al pueblo sobre el impacto de la violencia doméstica. El Departamento de la Familia endosa también la medida sin que se menoscabe la fecha del 25 de noviembre dado que señala un esfuerzo internacional y un evento histórico. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres endosa la medida en tanto que representa un esfuerzo para crear conciencia sobre la violencia doméstica. Recomiendan que se declare a este mes "Mes de No Más Violencia Doméstica". La Policía de Puerto Rico apoya también la medida en tanto que coincide con los esfuerzos del 25 de noviembre. Se presentan estadísticas de casos de violencia doméstica reportados (años 1990 a 1999) y de solicitudes de órdenes de protección (años 1991 a 1998). Se presenta el debate en el que muchos plantean el fracaso de la Ley 54 en disminuir la violencia doméstica en Puerto Rico versus aquellos que indican que la misma ha sido exitosa. Expresan sobre los detractores de la Ley 54 que su análisis: "plantea una conclusión simplista y enajenada de la convergencia de factores que de una manera u otra han contribuido al aumento en las estadísticas sobre este asunto." Establecen que su argumento no toma en cuenta el gran esfuerzo que los grupos cívicos han realizado para promover el empoderamiento de la mujer y que se atrevan a denunciar lo que antes no se atrevían. Concluyen que el aumento en las estadísticas no refleja un aumento en el hecho sino en la denuncia de la violencia doméstica. Este aumento en el

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valor de denunciar la violencia se debe en parte a la existencia de la Ley 54. Se indica que la Policía de Puerto Rico recibe unos adiestramientos en los que se discuten los factores psicosociales que intervienen en el manejo de estos casos y los capacita para la correcta intervención en estos casos. Además, se han establecido unidades especializadas en violencia doméstica en diferentes comandancias. Establecen que la presente medida uniría esfuerzos sociales al esfuerzo de la Policía para combatir este mal. P. del S. 810 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 7 de noviembre de 2001). 14ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (2001). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989 a los fines de establecer que se le enviará una copia del informe anual estadístico que prepara la Policía de Puerto Rico sobre los incidentes de violencia doméstica en Puerto Rico a la Asamblea Legislativa del ELA de PR y que la Administración de Tribunales proveerá información sobre las órdenes de protección solicitadas y expedidas en dicha institución. La medida persigue enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989 a los fines de establecer que se le enviará una copia del informe anual estadístico que prepara la Policía de Puerto Rico sobre los incidentes de violencia doméstica en Puerto Rico a la Asamblea Legislativa del ELA de PR y otra a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Además, se establece que la Administración de Tribunales proveerá información sobre las órdenes de protección solicitadas y expedidas en dicha institución. Esta información incluirá 1) el grupo poblacional que mayormente se ve afectado por la violencia doméstica, 2) edades de dichos grupos, divididos por cantidad de incidencias, 3) cantidad de personas que solicitaron órdenes de protección, 4) cantidad de personas que retiraron dichas órdenes de protección, 5) cantidad de personas que obtuvieron órdenes de protección, 6) cantidad de personas que no obtuvieron órdenes de protección, 7) cantidad de situaciones en las que se emitieron órdenes de protección duales o recíprocas y 8) cantidad de situaciones en las que existen menores y se emitieron órdenes de alimentos. Informe Final sobre el P. del S. 810: Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, 14ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (2001). La Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado recomiendan la aprobación de la medida. Se señala que se obtuvo la opinión sobre este proyecto de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de la Familia, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres apoya la medida reconociendo que el intercambio de información entre las tres ramas de gobierno puede ayudar a crear un plan de acción uniforme para la prevención de la conducta delictiva. Sugieren que además de las estadísticas que provea la Policía de Puerto Rico sobre los casos reportados de violencia doméstica, se instruya a la Administración de Tribunales para que suministren información sobre las solicitudes y otorgaciones de órdenes de protección. La Policía de Puerto Rico apoya la medida y establece que el problema de violencia doméstica, como cualquier otro problema social, no debe estar únicamente en manos de la Policía sino que

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debe ser atendido por todos los sectores sociales. Este proyecto apoyaría esto. El Departamento de la Familia apoya el proyecto y sugiere que los datos que debe tener este el informe estadístico sea, entre otros, 1) el grupo poblacional que mayormente se ve afectado por la violencia doméstica, 2) edades de dichos grupos, divididos por cantidad de incidencias, 3) cantidad de personas que solicitaron órdenes de protección, 4) cantidad de personas que retiraron dichas órdenes de protección, 5) cantidad de personas que obtuvieron órdenes de protección, 6) cantidad de personas que no obtuvieron órdenes de protección, 7) cantidad de situaciones en las que se emitieron órdenes de protección duales o recíprocas y 8) cantidad de situaciones en las que existen menores y se emitieron órdenes de alimentos. El Departamento de Justicia indica que no existe impedimento de naturaleza legal para la aprobación de la medida. Señala que inclusive en algunas jurisprudencias se ha reconocido que la Legislatura no puede legislar sabiamente sin el acceso a la información que haría de sus leyes unas que se ajusten a la realidad existente. P. del S. 941 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 8 de noviembre de 2001). 14ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (2001). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989 a los fines de establecer que cuando se emita una orden de protección en la que esté involucrado un menor de edad y se imponga una pensión alimentaria para los menores cuando la custodia de éstos haya sido adjudicada a la parte peticionaria, o para los menores y la parte peticionaria cuando exista una obligación legal de así hacerlo, la misma sea notificada a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) para que tome conocimiento de la imposición de dicha pensión. La medida persigue enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989 a los fines de establecer que cuando se emita una orden de protección en la que esté involucrado un menor de edad y se imponga una pensión alimentaria para los menores cuando la custodia de éstos haya sido adjudicada a la parte peticionaria, o para los menores y la parte peticionaria cuando exista una obligación legal de así hacerlo, la misma sea notificada a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) para que tome conocimiento de la imposición de dicha pensión. La pensión alimentaria es el mecanismo por el cual se asegura el derecho a alimentos que tiene cada menor y que está sumamente vinculado al derecho a la vida. Ambos derechos están revestidos de un alto interés público. La efectividad en el manejo de las pensiones alimentarias es fundamental para poder enfrentar rápida y adecuadamente todas las necesidades del menor. La presente medida es una proactiva, reconociendo que la violencia doméstica es uno de los motivos por los cuales las parejas se separan y los menores van a vivir con uno sólo de los padres. ASUME es la entidad que se encarga de viabilizar el cumplimiento de la responsabilidad frente a las pensiones alimentarias. Bajo la propuesta medida, ASUME quedaría informada de la imposición de pensión alimentaria.

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Informe P. del S. 941: Comisión de Bienestar Social, 14ta Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria (2003). La Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida. Señalan que tomaron en consideración la opinión del Departamento de la Familia y de la Administración de Tribunales. Ambas agencias aprueban la medida. El Departamento de la Familia establece que esta medida hace que la parte peticionada no tenga que ver a la parte peticionaria para entregarle la pensión alimentaria y esto protege al padre o madre custodio. El Departamento de la Familia sugiere, además, que la vigencia de la pensión alimentaria no esté limitada a la vigencia de la orden de protección sino que continúe efectiva aún cuando ya no sea necesaria la orden, la misma haya cesado o se haya solicitado dejarla sin efecto. Informe sobre el P. del S. 941: Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, 14ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria (2001). La Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado recomiendan la aprobación de la medida. Señalan que tomaron en consideración la opinión del Departamento de la Familia y de la Administración de Tribunales. Ambas agencias aprueban la medida. P. del S. 1460. 14ta Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (2002). Para enmendar la Ley 176 del 21 de diciembre de 2001, la cual declara el mes de noviembre como "Mes Contra la Violencia Doméstica", a fin de designar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, al Departamento de la Familia, al Departamento de Salud, al Departamento de Educación, al Departamento de Justicia, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y a la Policía de Puerto Rico como los organismos primarios con la responsabilidad de realizar actividades con motivo de la celebración del "Mes Contra la Violencia Doméstica". La medida pretende enmendar la Ley 176 del 21 de diciembre de 2001, la cual declara el mes de noviembre como "Mes Contra la Violencia Doméstica", a fin de designar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en colaboración con el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, la Policía de Puerto Rico y otros organismos y entidades públicas, cuasi públicas y los municipios, como los organismos primarios con la responsabilidad de realizar actividades con motivo de la celebración del "Mes Contra la Violencia Doméstica". El propósito de la Ley 176 es educar, orientar, concienciar y prevenir en nuestra ciudadanía los casos de violencia doméstica.

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Informe conjunto sobre el P. del S. 1460: Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales y Comisión de Asuntos de la Mujer, Senado de Puerto Rico, 14ta Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (2002). Las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales y de Asuntos de la Mujer recomiendan la aprobación de la medida. Esta medida pretende enmendar la Ley 176 del 21 de diciembre de 2001, la cual declara el mes de noviembre como "Mes Contra la Violencia Doméstica", a fin de designar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, con la colaboración del Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y a la Policía de Puerto Rico, como los organismos primarios con la responsabilidad de realizar actividades con motivo de la celebración del "Mes Contra la Violencia Doméstica". Se celebraron vistas públicas sobre este proyecto, alas que asistieron o enviaron memoriales las agencias antes mencionadas junto al Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y a la Oficina del Procurador del Ciudadano. Todas las agencias o entidades mencionadas apoyaron la medida. P. del S. 1591 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 3 de septiembre de 2002). 14ta Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (2001). Para enmendar la Ley 28 del 1 de julio de 1997, la cual crea el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores, a fin de cumplir con los requisitos recientemente añadidos a la legislación federal. La medida persigue enmendar la Ley 28 del 1 de julio de 1997, la cual crea el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores, a fin de cumplir con los requisitos recientemente añadidos a la legislación federal, conocida como "Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act". Según las esta ley toda persona que haya sido convicta por delitos sexuales violentos o contra menores tiene la obligación de notificar a la Policía, por lo menos con 10 días de anticipación, cualquier cambio de residencia, incursión o cambio en un empleo parcial o tiempo completo, con o sin paga, o matrícula o cambio de matrícula en una institución de educación post-secundaria. Este es requisito para gozar de beneficios como programas de desvío, libertad bajo palabra y otros. Ninguna institución podrá solicitar esta información al Sistema (Corrección o la Policía), pero la Policía tiene el deber de avisar a la Comandancia del lugar a donde se muda, matricula o emplea el convicto. La información registrada debe ser actualizada por el convicto anualmente aún si no ha habido cambio de residencia, matrícula o empleo. Esta información sobre el convicto será conservada por 10 años a partir de su excarcelación, beneficio de libertad bajo palabra o programa de desvío o hasta que el convicto reciba un indulto o su convicción sea revocada. En aquellos casos de delitos sexuales violentos donde haya habido penetración por la fuerza o bajo intimidación a una persona de cualquier edad, o aún cuando no medie la fuerza o intimidación si se trata de un delito en contra de un menor de 12 años, la información del registro permanecerá hasta la muerte del ofensor.

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Informe sobre el P. del S. 1591: Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, 14ta Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria (2002). La Comisión de Gobierno y Seguridad Pública recomienda la aprobación de la medida. La medida persigue enmendar la Ley 28 del 1 de julio de 1997, la cual crea el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores, a fin de cumplir con los requisitos recientemente añadidos a la legislación federal, conocida como "Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act". Las nuevas enmiendas obligarían a un convicto por delito sexual violento o contra un menor a notificar con al menos tres días de antelación cuando se matricule en una institución post-secundaria o comience a trabajar en ella, ya sea a tiempo completo o parcial, con paga o sin ella, así como cualquier cambio que ocurra en estos renglones. La Comisión recibió del Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Administración de Corrección, quienes apoyan el proyecto. La aprobación de esta ley es necesaria como medida de precaución ante la reincidencia en la comisión de estos delitos y como requisito para seguir recibiendo los fondos federales dirigidos a prevenir este mal. Informe sobre el P. del S. 1591: Comisión de lo Jurídico, 14ta Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria (2003). La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación de la medida. La medida persigue enmendar la Ley 28 del 1 de julio de 1997, la cual crea el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores, a fin de cumplir con los requisitos recientemente añadidos a la legislación federal, conocida como "Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act". La Comisión de lo Jurídico solicitó la ponencia del Departamento de Justicia, quienes apoyan el proyecto. La aprobación de esta ley es necesaria en tanto que no aprobarla conllevaría una reducción de un 10% de los fondos federales asignados para los programas de prevención de drogas. La intención de la ley es proveer las herramientas para prevenir la reincidencia de ofensores sexuales. Con esta ley se obliga a los ofensores sexuales a registrarse por 10 años, excepto aquellos cuya víctima fue un menor de 12 años o el ofensor utilizó la fuerza o la intimidación, quienes tendrán que registrarse de por vida. Así la Policía estará notificada y conocerá a los ofensores residentes en su jurisdicción. P. del S. 2481 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 23 de junio de 2004). 14ta Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2004). Para establecer un Plan Nacional de Prevención Primaria de la Violencia; crear un Comité integrado por funcionarios públicos y representantes del sector privado con la responsabilidad de preparar el Plan; disponer el procedimiento para su aprobación, vigencia, revisión e implantación; y asignar fondos.

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La medida persigue establecer un Plan Nacional de Prevención Primaria de la Violencia; crear un Comité integrado por funcionarios públicos y representantes del sector privado con la responsabilidad de preparar el Plan; disponer el procedimiento para su aprobación, vigencia, revisión e implantación; y asignar fondos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un estudio a nivel mundial, con la participación de más de 160 expertos de distintos países, en el cual analizó los factores que conducen a la violencia, su repercusión en la sociedad y las posibles respuestas para atenderlo. La OMS definió violencia como "el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones." Revelan que sobre 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida en forma violenta y que debe tenerse en cuenta que por cada persona que muere a consecuencia de actos violentos, muchas otras resultan heridas o sufren problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. Señalan a la violencia como una causa mayor de muerte entre personas de 15 a 44 años, causante de la muerte de un 14% de los hombres y de un 7% de las mujeres. La violencia además tiene un gran impacto en la economía por concepto de servicios de salud, judiciales, correccionales, de orden y seguridad, pérdidas por bajas laborales y disminución de la producción, entre otras. Se indica que la mayoría de las personas piensan que la prevención de la violencia debe estar en manos de los organismos del orden público y no en manos de sistemas de salud, pero esto ha estado cambiando gracias al éxito de estos últimos en la prevención de otros problemas sanitarios (incluyendo aquellos del comportamiento). Se concluye que la salud pública puede contribuir a atajar las causas de afecciones complejas. La tendencia ha sido a enfrentar el problema de violencia con penas más severas, más agentes y otras estrategias que confieren poca o ninguna importancia a la salud pública. Se establece que la salud pública debe tomar más responsabilidad sobre la solución de este tema. Esta ley va dirigida a desarrollar un plan preventivo desde esa perspectiva. El Gobierno del ELA de PR adaptará un Plan para la Prevención de la Violencia siguiendo el modelo utilizado y recomendado por la OMS de estrategias multisectoriales y de colaboración en el campo de salud pública con diferentes fines, a saber: 1) Fomentar actitudes y comportamientos saludables en los niños y jóvenes y modificar actitudes y comportamientos agresivos en personas que ya se han vuelto violentos. 2) Sanar las consecuencias menos evidentes de la violencia (trastornos psicológicos o de personalidad y conducta, privaciones o deficiencias en el desarrollo). 3) Crear entornos familiares saludables. 4) Mejorar los sistemas de tratamiento, rehabilitación, etc. que las víctimas necesitan. 5) Hacer frente a los problemas que pudieran conducir a la violencia, conciencias a la población y fomentar las actuaciones comunitarias y buenas relaciones entre vecinos. 6) Aplicar el método científico a la solución de los problemas sociales. 7) Proveer que el sistema de salud pública tenga más inherencia y alcance en las estrategias de prevención de la violencia. El Plan a desarrollarse vendrá acompañado de un informe en el que se analizará las distintas formas de violencia, los factores que influyen en la misma; un análisis de las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales relacionadas al problema, incluyendo modificaciones que deben hacerse para prevenir la violencia; los resultados de investigaciones, programas, actividades o estrategias que el Comité u organismo externo haya realizado; las estrategias, medidas y modos de afrontar y prevenir la violencia, los servicios y programas para ello y la clientela o problema a que

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está dirigido cada uno; el calendario de implantación del Plan, los equipos multidisciplinarios especializados y recursos necesarios para su desarrollo, las agencias públicas responsables de ejecutar cualquier parte del mismo y las responsabilidades que corresponden a cada una, los instrumentos necesarios para recolectar datos y resultados de las estrategias, los mecanismos para velar porque cada agencia cumpla con su parte de forma diligente y la forma de estimular la participación de agencias no-gubernamentales en el desarrollo del Plan. El Comité estará formado por los secretarios de los departamentos de Salud (Presidente del Comité), Educación, Familia, Corrección y Rehabilitación, el Superintendente de la Policía, la Procuradora de las Mujeres y dos representantes de organizaciones no-gubernamentales que prestan servicios para la prevención de la violencia, designados por el/la Gobernador(a) de PR. El Plan se revisará cada cuatro años. Se asigna al Departamento de Salud la cantidad de $200,000 para los estudios necesarios para elaborar el Plan. P. del S. 2515. 14ta Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2003). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, a los fines de definir los términos "albergue" y "albergado" y establecer la suspensión a la parte peticionada (alegado/a agresor/a) de sus relaciones filiales mientras la parte peticionaria (alegada víctima) se encuentre albergada. Esto tiene el propósito de velar por la seguridad y protección de la personada albergada, sus hijos(as) y el personal de los albergues. La medida, en su exposición de motivos, hace referencia a estudios donde se indica que entre el 50% al 70% de los hombres que maltratan a su pareja también maltratan a sus hijos, y que según va empeorando el maltrato a la pareja también va empeorando el maltrato a los menores (incluye 2 referencias bibliográficas y una referencia electrónica). Se hace referencia, además, a los efectos comunes que tiene la violencia doméstica en los hijos(as), tales como: problemas de salud, dificultades para dormir, ansiedad, mal comportamiento, sentimientos de culpa, temor e impotencia, riego de uso de alcohol y sustancias controladas, así como riesgo de suicidio y de convertirse, a su vez, en agresores en sus relaciones de pareja adultas. Se establece que es injusto para el personal de los albergues el tener que lidiar con las visitas paterno/materno-filiales a la vez que lidian con personas agresoras que representan peligro para las víctimas, sus hijos(as) y el personal del albergue. La medida propone establecer la suspensión a la parte peticionada (alegado/a agresor/a) de sus relaciones filiales mientras la parte peticionaria (alegada víctima) se encuentre albergada, esto como medida de protección a las partes antes mencionadas. Durante el tiempo que se suspendan las relaciones filiales, se estará proveyendo a los sobrevivientes de recursos para aumentar su autoestima y se estará tomando las medidas para que cese de manera inmediata la violencia intrafamiliar. Se dispone en la ley que el Tribunal tiene también la prerrogativa de ordenar en estos casos las relaciones filiales supervisadas por el Departamento de la Familia.

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P. del S. 2517. 14ta Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (2004). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, a los fines de prohibir las órdenes de protección recíprocas a menos que cada parte haya radicado una petición independiente, cada parte haya sido notificada de la solicitud de la otra parte y que en una vista se demuestre que la otra parte incurrió en violencia doméstica y que ésta no fue en defensa propia. La medida, en su exposición de motivos, indica que existe la práctica de otorgar órdenes de protección recíprocas (a ambos miembros de la pareja), tomando la conducta de defensa propia de la víctima como una agresión contra la otra parte. En muchas ocasiones se realiza en violación del derecho de cada parte a ser notificado(a) de lo que se le acusa y tener la oportunidad de defenderse. En muchas ocasiones el que existan órdenes de protección recíprocas se convierte en un mecanismo más de manipulación y control a la víctima por parte del agresor, ya que puede amenazar a la víctima con acusarla de haber violado la orden de protección. Esta acción ataca la autoestima de la víctima, devalúan la seriedad del problema de violencia doméstica y promueve que la sociedad trivialice la violencia doméstica. Este documento menciona varias leyes federales que ya han prohibido las órdenes de protección recíprocas, entre ellas la ley "Violence Against Women Act (VAWA)". Este proyecto de ley propone que se prohíban las órdenes de protección recíprocas, a menos que cada una de las partes haya radicado una petición independiente, que se haya notificado a la otra parte sobre la petición radicada, que se demuestre en una vista evidenciaria que la otra parte incurrió en conducta constitutiva de violencia doméstica y que se demuestre que la otra parte no actuó en defensa propia. P. del S. 2695. 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2004). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, a los fines de permitir que un patrono pueda solicitar una orden de protección a favor de sus empleados(as). La medida pretende enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, a los fines de permitir que un patrono pueda solicitar una orden de protección a favor de sus empleados(as). En PR, en el año 2003, se reportaron 4,941 incidentes de violencia doméstica entre los meses de enero y marzo. Para septiembre de 2003, la cifra de asesinatos a causa de la violencia doméstica era de 22 personas. En el 2002 se reportaron 10,055 casos de violencia doméstica y 17 asesinatos al finalizar el año. Sólo en enero de 2004 fueron asesinadas 4 mujeres a manos de sus agresores. La violencia doméstica, además de afectar el hogar, afecta el ambiente laboral. Las estadísticas dicen que el tercer lugar en donde ocurre el mayor número de casos reportados de violencia doméstica es el área de trabajo de la víctima. Entre enero y marzo de 2003 se reportaron 49 incidentes en el área laboral, y en los primeros seis meses del 2002 se reportaron 125 incidentes. Hoy día la violencia doméstica se ha convertido en un asunto de seguridad en el empleo para los patronos y supervisores. Es muy común que el agresor aceche e intimide a la víctima en los alrededores de su lugar de empleo ya que conoce sus horarios, rutas de acceso, etc. Además interviene con la víctima en su

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lugar de trabajo a través de llamadas telefónicas, a través del facsímile, del correo electrónico y acecha o visita a la víctima para cometer actos de violencia física o verbal, aún contra los compañeros(as) de trabajo de la víctima. Las víctimas sienten miedo de que el agresor se presente a su lugar de trabajo, de contestar llamadas telefónicas o de perder el empleo o perjudicarse en él si menciona la situación de violencia doméstica por la que está pasando. Aún cuando la Ley 54 prohíbe al agresor a que se acerque o llame a la víctima a su lugar de trabajo, los agresores aún lo siguen haciendo. Más aún, ocurren incidentes violentos contra compañeros(as) de trabajo y estos no están protegidos por la orden de protección. Nuestra Constitución establece que los patronos deben velar por la seguridad de sus empleados. De aprobarse esta medida, los patronos estarían en la capacidad de proveer seguridad en el empleo, cumpliendo con su obligación constitucional. Este tipo de medidas ya han sido aprobadas en los Estados Unidos, tales como las leyes conocidas como OSHA, Violent Crime Control Law Enforcement Act y VAWA. Un patrono podrá solicitar una orden de protección a favor de las empleadas, empleados, visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en su lugar de trabajo si: 1) una de sus empleadas o empleados es o ha sido víctima de violencia doméstica o de conducta constitutiva de delito según tipificado en esta Ley (54); y 2) si los actos de conducta constitutiva de violencia doméstica han ocurrido en el lugar de trabajo, o existe la creencia de que razonablemente puedan ocurrir en el lugar de trabajo. [Este documento tiene como anejo el formulario de solicitud de orden de protección por parte del patrono. Informe sobre el P. del S. 2695: Comisión de Asuntos de la Mujer, Senado de Puerto Rico, 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2004). La Comisión de Asuntos de la Mujer recomienda la aprobación de la medida. Esta medida pretende enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, a los fines de permitir que un patrono pueda solicitar una orden de protección a favor de sus empleados(as). Se señala que los efectos de la violencia doméstica se extienden más allá del entorno de los hogares, afectando todas las áreas entorno a la víctima, por lo que también puede afectar el ámbito del trabajo. La violencia doméstica afecta el entorno laboral directa o indirectamente, al a afectar a la víctima en las relaciones entre compañeras(os) de trabajo, pobre calidad de trabajo, baja autoestima, miedo a contestar las llamadas y problemas con los horarios de entrada y salida, entre otras. La víctima se mantiene constantemente en un estado emocional tenso y con miedo de que el agresor, conociendo sus horarios y lugar de trabajo, correo electrónico, teléfonos, etc., trate de intimidarla o amenazarla. Se señala que el trabajo es el tercer lugar en el que se reportan incidentes de violencia doméstica. Entre enero y marzo de 2003 se reportaron 49 incidentes en el área laboral, y en los primeros seis meses del 2002 se reportaron 125 incidentes. Estadísticas indican que las víctimas pierden un promedio de tres días de trabajo por la violencia doméstica. Se señala que más de la mitad de las mujeres maltratadas señalan que el agresor les acosaba en su lugar de trabajo. La Ley 54 prohíbe a los agresores acercarse o llamar al lugar de trabajo de la víctima, no obstante esta medida no es suficiente. Muchas mujeres tienen miedo de solicitar una orden de protección por miedo a que esto les afecte en su trabajo, que es su único medio de

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sustento y su posibilidad de salir de la relación. La Constitución del ELA establece que los patronos deben proveerle a sus empleados un ambiente de trabajo seguro. Legislaciones federales y de otras jurisdicciones estatales en los Estados Unidos similares a esta medida ya han sido aprobadas. LA Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado convocó a vistas públicas, ante la cual depusieron el Departamento de Justicia, Departamento del Trabajo y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Las tres agencias recomiendan la aprobación de la medida. El Departamento del Trabajo recomendó que se incluyera una enmienda que establezca una penalidad si al patrono si éste abusara o mal utilizara el recurso que dispone esta medida. No obstante dicha enmienda no fue acogida por la Comisión dado que los Tribunales se encargan de evaluar las solicitudes antes de expresar una resolución final. P. del S. 2917 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 21 de junio de 2004). 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2004). Para crear un Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores y enmienda las leyes 259 del 3 de abril de 1946 (sobre libertad a prueba), la Ley 118 del 22 de julio de 1974 (que creó la Junta de Libertad Bajo Palabra) a fin de imponer como requisito para disfrutar de libertad a prueba o bajo palabra en casos de delitos sexuales y abuso contra menores el haberse registrado según se dispone en la presente medida. También deroga la Ley 28 del 1 de julio de 1997. El Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y a las víctimas de delito. Ante las consecuencias que tienen los actos delictivos en las personas y sus familiares, la Asamblea Legislativa le ha reconocido ciertos derechos a las víctimas de este tipo de delito mediante la Ley 22 del 22 de abril de 1988, que contiene la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delitos. La víctima o testigo de delito tiene derecho a ser notificada, no sólo del progreso del proceso, sino de los procesos posteriores a la sentencia, cuando así lo solicite. Existe legislación especial para garantizar la participación de las víctimas de ciertos delitos violentos en los procedimientos relacionados con la libertad bajo palabra y que sean notificados cuando el convicto está próximo a salir a la libre comunidad. Existe la necesidad de que la comunidad y las agencias de orden público conozcan el paradero de los convictos de delitos sexuales o que impliquen abuso de menores debido a la posibilidad de reincidencia. Por tal razón esta ley crea un Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores. Ello permitirá a las agencias de orden público conocer e identificar a estos convictos y alertar a la ciudadanía cuando ello sea necesario para la seguridad pública. El Registro contiene los nombres de los convictos, pero se le ha añadido su dirección física y postal, además de otros datos. Se establece que el Registro no tiene propósito punitivo sino de velar por la seguridad, protección y bienestar general. Legislación federal como la Ley Pública 103-322 del 13 de septiembre de 1994 ("Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Program") obliga a los estados y a PR a crear legislación que cree este Registro, el cual tendrá información acerca del ofensor por al menos 10 años. Otra ley federal, la "Pam Lychner Sexual Offender Tracking and Identification" del 3 de enero de 1996, faculta al Gobierno a mantener un

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Centro de Datos adscrito al FBI para dar seguimiento a la ubicación y reubicación a nivel de todos los Estados Unidos de los ofensores. Esta medida declara política pública del ELA de PR proteger a la comunidad contra actos constitutivos de abuso sexual y abuso contra menores. Se crea el Registro y se establece que se mantendrán informadas a todas las personas o entidades que así lo soliciten sobre el paradero de aquellas personas que hayan sido convictas por delitos sexuales o de abuso contra menores (de 18 años de edad). Los delitos por los cuales se registrarán a las personas (incluyendo la tentativa de cometer dicho delito) son violación, seducción, sodomía, actos lascivos o impúdicos, proxenetismo, rufianismo o comercio de personas menores de 18 años, delito contra la protección de menores, incesto, restricción de la libertad cuando la víctima sea menor de 16 años y no fuere su hijo(a), robo de menores, perversión de menores cuando se admitiere o retuviere a un menor de 18 años en una casa de prostitución o sodomía, maltrato agravado de un menor y agresión sexual conyugal. Cualquier persona convicta por estos delitos que se ubicara en PR, aunque sea temporalmente, por razones de estudio, trabajo o cualquier otra naturaleza, aunque su intención no sea la de establecer residencia en PR, deberá registrarse. También deberán registrarse aquellas personas que actualmente estén recluidas, se encuentren participando de un programa de desvío o se les haya retirado su libertad por el incumplimiento de alguna condición. Deberán informar su nombre, seudónimos, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir, huellas dactilares, entre otros. Aquellos que salen a la libre comunidad o se reubican, deberán informarlo a la Comandancia de la Policía más cercana al lugar en el cual residirán con al menos 10 días de anticipación. El convicto tiene la obligación de actualizar el Registro anualmente aún cuando no haya habido ningún cambio en los datos. Cumplir con las estipulaciones de esta medida es requisito para disfrutar de los beneficios de libertad a prueba o libertad bajo palabra, programa de desvío y programa de rehabilitación o tratamiento establecido por la Administración de Corrección. El incumplimiento de cualquier requisito será causa para retirar los beneficios antes descritos. La información permanecerá en el Registro por 10 años, excepto si la sentencia es revocada por un Tribunal o el convicto recibe un indulto o perdón ejecutivo (se retira del Registro). Aquellos ofensores sexuales que reincidan o que así les indique el Tribunal debido a la naturaleza del delito cometido (declarado delincuente sexual peligroso), deberá notificar su ubicación a la Comandancia más cercana a su residencia cada 90 días. Toda agencia o persona de la comunidad tendrá acceso a la información contenida en el Registro (previa solicitud por escrito), aunque el nombre de la(s) víctima(s) de delito no puede ser revelado. Inclusive se faculta al Sistema (que administra el Registro) a publicar el Registro por el internet. Cualquier persona que incumpla con las disposiciones de esta medida habrá incurrido en delito menos grave y tendrá una multa que no excederá los $5,000 o pena de reclusión que no excederá los 6 meses. P. del S. 2925 (Texto aprobado en votación final por el Senado, 15 de junio de 2004). 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria (2004). Para enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989 a los fines de aumentar de 5 a 10 días el período de vigencia de las órdenes de protección "Ex-parte".

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La medida persigue enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989 a los fines de aumentar de 5 a 10 días el período de vigencia de las órdenes de protección "Ex-parte" (en ausencia de la parte peticionada). Este tipo de orden de protección se otorga cuando el Tribunal certifica que se han hecho intentos razonables para notificar a la parte peticionada (agresora/a) sin éxito, cuando se piensa que notificar a la parte peticionada de antemano podría provocar el daño irreparable que se espera prevenir con la orden o cuando se piensa que existe un riesgo grande de daño inmediato. La ley obliga a celebrar una vista sobre el caso en menos de 5 días de vigencia de una orden "ex-parte", no obstante muchos jueces coinciden en que este límite de tiempo debe ser mayor. Este término mayor le permitiría a los y las alguaciles o agentes localizar a la parte peticionada, especialmente cuando la orden "ex-parte" se emitió en horario o día no laborable. El Tribunal Supremo determinó que este procedimiento no quebranta el debido proceso de ley al que tiene derecho la parte peticionada ya que se celebrará una vista antes de una determinación final, a pesar de que bajo la orden "ex-parte" se le prive a la parte peticionada de su propiedad. Se hace necesario aumentar el período de vigencia de la orden de protección "ex-parte" ya que el período vigente no responde a la realidad de cuánto tiempo toma notificarle a la parte peticionada, caducando así la vigencia de la orden y dejando sin protección a la víctima. Algunas jurisdicciones en Estados Unidos tienen ese período de 10 días y algunas inclusive dejan indefinido ese término, por lo que la víctima queda protegida hasta tanto se dé la vista en el Tribunal. En adelante el período de vigencia de este tipo de orden de protección es de 10 días, término al que se debe citar a vista en el Tribunal, con la excepción de que la parte peticionada solicite una prórroga. El Tribunal tiene la facultad de aumentar el período de vigencia de esta orden cuanto tiempo estime necesario o, por el contrario, dejarla sin efecto.

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APÉNDICE III

Recursos Identificados y Hasta el Momento Inaccesibles

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Bonet Barbosa, Richard. (2003). Validación de las propiedades psicométricas del "Systematic Training for Effective Parenting" (STEP) versión en español utilizado en las intervenciones educativas que se le dan a padres/madres clientes del Centro Terapéutico para niños/as víctimas de violencia familiar adscrito al Programa Biosicosocial del Recinto de Ciencias Médicas en el Hospital Pediátrico Universitario. [Tesis]. San Juan, P.R.: U.P.R., R.C.M., Escuela Graduada de Salud Pública, Programa de Educación en Salud. Campos R. & Burgos, S. L. (2000). Madres que torturan, padres que asesinan: intervención psicosocial con familias puertorriqueñas maltratantes. Hato Rey, P.R.: Publicaciones Puertorriqueñas. Cintrón, A. (2001). El manejo de la violencia en Puerto Rico: ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de enfrentar adecuadamente el problema? Boletín Enlace Comunitario, 1. García Ramis, Magali. (????). ¡Auxilio, socorro, sálvame! Río Piedras, P.R.: Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Rosario Kuilan, Victoria. (1998). Nivel de conocimiento sobre violencia doméstica y sus efectos en el niño que posee un grupo de mujeres en una comunidad del Area Metropolitana de Puerto Rico. [Tesis]. San Juan, P.R.: U.P.R., R.C.M., Escuela Graduada de Salud Pública. Suazo, V., Pérez, K., & Lugo, J. (2001). ¿Cómo crear proyectos sobre prevención de violencia? Boletín Enlace Comunitario, 1. Vega Gerena, Mayra L. (1989). Estudio exploratorio de la relación existente entre el rezago académico y la exposición a experiencias asociadas al maltrato en una población de estudiantes del nivel intermedio en el Distrito Escolar de Camuy. [Tesis]. San Juan, P.R.: U.P.R., R.C.M., Escuela Graduada de Salud Pública.

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TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Oficina de la Procuradora de las Mujeres Línea de orientación a victimas de violencia doméstica (24 horas, los 7 días) (787) 722-2977 1-877-722-2977 (787) 697-2977 (libre de costo) 1-800-981-9676 Casa Protegida Julia De Burgos Área Metro: (787) 723-3500 (787) 723-2814 (787) 723-2570 (787) 842-1873 (787) 997-0638 Policía de Puerto Rico Unidades de Violencia Doméstica Aguadilla (787) 891-3800 Ext. 4131, 4135 Arecibo (787) 878-4000 Ext. 4901, 4903,4912 Bayamón (787) 269-2030 Ext. 4901, 4802,4903 Caguas (787) 744-7252 Ext. 4901, 4902, 4903 y 4905 Carolina (787) 724-6060 Ext. 2195 Fajardo (787) 885-2205 (787) 863-0529 (787) 885-2020 Guayama (787) 866-2020 Ext. 4901 Humacao (787) 852-1224 Ext. 4224 Mayagüez (787) 832-9696 Ext. 4871 Ponce (787) 284-4040 Ext. 4901, 4902 y 4903 Utuado (787) 894-4040 Ext. 4945 San Juan (787) 977-8310 (787) 977-8320 Ext. 2017 y 4908

Ponce: Aguadilla: ESCAPE

(787) 287-6161 Oficina Para los Asuntos de la Vejez (787) 721-6121 Ayuda a Víctimas de Violación (787) 765-2285 (787) 765-2412 (787) 756-0910 (787) 756-0920 (787) 756-0930 Maltrato de Menores (787) 749-1333

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Information

Microsoft Word - 43A95863-5C17-08854D.doc

132 pages

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